Trump continúa su cruzada contra Los Ángeles: demanda a la ciudad y a su alcaldesa por sus políticas de ciudad santuario

Fue hace siete meses, a finales de noviembre de 2024, cuando Los Ángeles fue declarada como ciudad santuario. Eso significaba que quedaba prohibido el uso de los recursos locales para ayudar a las fuerzas federales a perseguir a los inmigrantes. A Donald Trump, recién elegido, nunca le gustó esa política, y en cuanto llegó al poder denunció a Chicago y a su Estado, Illinois, por aplicarla. Ahora, le ha llegado el turno a Los Ángeles, capital oficiosa de la Costa Oeste y segunda ciudad de Estados Unidos. Este lunes, el Departamento de Justicia ha decidido demandar tanto a la propia ciudad de California como a su consejo municipal, al presidente del consejo y a la alcaldesa, Karen Bass, por “interferir en la aplicación de las leyes de inmigración del gobierno federal”.

La demanda hecha pública por el Departamento de Justicia a través de la oficina de la fiscal general afirma que esas políticas asociadas a las llamadas ciudades santuario en Los Ángeles “no solo son ilegales en virtud de la legislación federal”, sino que "la negativa de Los Ángeles a cooperar con las autoridades federales de inmigración contribuyó a la reciente anarquía, los disturbios, los saqueos y el vandalismo, que fueron tan graves que obligaron al Gobierno federal a desplegar la Guardia Nacional de California y los Marines de Estados Unidos para sofocar el caos”. Con ello, hace referencia a los disturbios que tuvieron lugar la segunda semana de junio, cuando cientos de personas salieron por toda la ciudad, y en especial por el centro, su downtown, en protesta contra las más de 1.600 detenciones que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha estado realizando de manera aleatoria en centros de trabajo, lugares de reunión, aparcamientos y establecimientos comerciales por todo el condado, de unos 10 millones de habitantes.

La demanda contra la ciudad y contra Bass es muy clara. En ella se afirma que el país está “enfrentando una crisis de inmigración ilegal”. De hecho, hace referencia a uno de los primeros decretos de Trump, que firmó el mismo día de su toma de posesión, donde proclamó una emergencia nacional en la frontera con México para acabar con la inmigración irregular. Pero acusa a Los Ángeles de que el hecho de convertirse en ciudad santuario la hace “rechazar tanto la cooperación como compartir información, incluso cuando se requiere, con las autoridades federales”. “Las leyes de Los Ángeles como ciudad santuario son ilegales”, argumenta la demanda, de 21 páginas y fechada este lunes. “Dichas leyes y políticas están diseñadas para interferir, y de hecho lo hacen, contra las leyes de inmigración establecidas por el Gobierno federal”.

“El objetivo expreso de la ley de ciudad santuario de Los Ángeles es impedir que el [ICE] y el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) cumplan las obligaciones que les impone el Congreso”, reza la demanda. “Así lo han declarado públicamente los concejales que aprobaron el proyecto de ley. El concejal Hugo Soto-Martínez proclamó que ‘nos negamos a quedarnos de brazos cruzados y dejar que Donald Trump deporte [a los inmigrantes ilegales]”, se lee en la misma. Los Ángeles lleva meses plantándole cara a Trump y al ICE en las deportaciones, realizadas de manera aleatoria y casual, y que están sembrando el miedo entre cientos de personas, con estatus legal o no.

Según la denuncia, presentada en los juzgados de Los Ángeles, la ciudad está obstruyendo las políticas federales y por ello, desde el 6 de junio, se han llegado a situaciones de “anarquía, disturbios, saqueos y vandalismo”. La realidad es que todo ello duró apenas una semana y que la situación se complicó precisamente por el hecho de que desde Washington se enviara a 2.000 efectivos de la Guardia Nacional, que apenas hicieron nada, pero sembraron un precedente. Tanto el gobernador de California, Gavin Newsom, como la alcaldesa Bass afirmaron que las tropas no eran necesarias y que el Estado no las había pedido.

El enfrentamiento de Trump contra las ciudades santuario —la mayoría de ellas, demócratas— y contra Los Ángeles y California es frontal. De hecho, tras mandar a otros 2.000 miembros de la Guardia Nacional decidió enviar, también, a 700 marines, que nunca hicieron falta porque nunca tuvieron un papel activo, más que situándose ante edificios federales. Trump llegó a abogar por detener a Newson, en lo que este llamó “un paso inequívoco hacia el autoritarismo”. Además, la presencia de la Guardia Nacional llegó a los juzgados a mediados de junio: primero, un juez dio la razón a Newsom, asegurando que Trump violó la Constitución con el envío de dicho cuerpo de élite. Sin embargo, Washington recurrió enseguida y horas después los jueces del Noveno Circuito de Apelaciones suspendieron esa decisión, lo que hizo que Trump volviera a estar al mando de los militares.

Ahora, un par de semanas después, Estados Unidos acusa a la ciudad de Los Ángeles de haber ido más allá de lo permitido por el Congreso y por el presidente. La acusan de violar hasta tres cláusulas contra el Gobierno. En declaraciones a Fox News, la fiscal general, Pam Bondi, ha afirmado que esas políticas de las ciudades santuario “están conduciendo a la violencia, el caos y a los ataques a la ley que los estadounidenses han presenciado en Los Ángeles”. Los disturbios estuvieron limitados en el tiempo y en el espacio, y concluyeron con una gran manifestación, del todo pacífica, el pasado 14 de junio, que reunió a más de 30.000 personas solo en el centro de la ciudad y a cientos de miles más por todo el condado.

Por el momento, la alcaldesa Bass —cuyo mandato tendrá que enfrentarse a las urnas en noviembre de 2026— no ha respondido a la denuncia. El martes, el consejo municipal se reunirá para tratar de priorizar “una acción legal inmediata” para proteger a los residentes de Los Ángeles de ser detenidos de manera aleatoria o por cuestiones raciales.