Lecciones de verano

El verano no es una época de sopor, sino de iluminación. Así, por ejemplo, descubrimos que la corrupción es una doble fuente de felicidad. No solo alegra o alivia a quien comete las corrupciones, sino también a quien las denuncia más tarde. Un ejemplo es el caso de Cristóbal Montoro, que permite a algunos mostrar su firme compromiso contra la corrupción. La conducta del exministro hace que vuelva a exigirse una reflexión sobre el papel de los lobbies. Es previsible que un lobby ayude a esbozar la legislación al respecto.

Hace algunos años hubo un intenso debate sobre la meritocracia, donde tuvimos ocasión de conocer a nuestros antimeritócratas más brillantes. La versión actual es el ataque gubernamental al sistema de oposiciones, primero en los jueces y ahora en los altos funcionarios. La solución son regularizaciones o másteres. La idea subyacente es que las oposiciones son injustas y benefician a quienes tienen recursos familiares para dedicarse a estudiar: como poseen recursos son conservadores. No importa que eso se ajuste o no a la realidad, porque la realidad es opinable: ya dice la ministra Redondo que los recortes por la crisis de 2008 fueron cosa del PP.

La nueva mentalidad defiende otros procedimientos: la aspiración del que tiene menos recursos ya no es ascender gracias al esfuerzo y la excelencia; como el terreno de juego está inclinado sin remedio, la solución son políticas clientelares, que llamaremos democratizadoras. El planteamiento parece desalentador e incluso contradictorio, pero ya sabemos que el combate a la redistribución es ahora progresista, y si lo dicen es que será así. Hay que marcar el paso al mundo u homologarnos con Europa, lo que mejor venga.

Entretanto, una diputada del PP ha dimitido después de que se descubriese que había declarado tener títulos académicos que no tenía; si su trampa prolongaba la tradición de currículos truchos de los políticos españoles, la dimisión resulta francamente exótica.

Mientras, el informe de los letrados del Congreso apuntaba que el nuevo reglamento suponía “una limitación del derecho a la libertad de información” y la nueva Ley de Secretos Oficiales incluye multas de hasta 2,5 millones de euros. De ella decía el editorial de EL PAÍS: “Resultaría paradójico sustituir una ley franquista por otra que coarta la labor de investigadores y periodistas”. Pero la paradoja, también lo sabemos, es el auténtico espíritu de los tiempos.