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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Corrupción en el sistema

Cada nuevo escándalo daña la confianza en los partidos democráticos y aviva el peligroso fuego de la ultraderecha

Ilustración de Enrique Flores para el editorial del 20 de julio de 2025.
El País

En apenas semanas, España ha conocido dos escándalos de corrupción que, más allá de sus protagonistas, reverdecen una realidad tristemente conocida e inquietante: la explotación del Estado y de lo público por intereses particulares ha operado con impunidad en ambos extremos del espectro político. Los indicios del caso Montoro revelan una forma de corrupción especialmente grave. Que hubiera empresas que presuntamente intervenían en la redacción de algunas leyes para garantizarse el beneficio supone la privatización del proceso legislativo mismo, con el daño estructural y duradero que eso supone. El caso Cerdán-Ábalos, también reprobable, opera en otro nivel: el lucro mediante decisiones ejecutivas.

Aunque los dos episodios socavan niveles diferentes de la democracia, ambos tienen un denominador común: la ausencia de blindajes institucionales, algo que los dos principales partidos pudieron y debieron establecer cuando gobernaron. Cuando altos cargos de las dos formaciones que han ostentado el Gobierno en las últimas décadas muestran patrones similares, el problema trasciende colores políticos y ataca directamente al corazón del sistema.

La corrupción legislativa es estructuralmente muy peligrosa. Una ley torticeramente diseñada para favorecer intereses particulares puede distorsionar toda una economía durante décadas. La corrupción en adjudicaciones manipula interesadamente las reglas del juego, encarece la obra pública y distorsiona la competencia. Reconocer las diferencias entre una y otra no debe, sin embargo, ocultar una realidad incómoda: ambos partidos debieron reformar el sistema que posibilita estas prácticas.

Como viene reclamando desde hace años la Comisión Europea, España necesita, entre otras cosas, una ley de transparencia que regule los grupos de presión y obligue a publicar las reuniones de altos cargos, claridad respecto a las incompatibilidades, una autoridad independiente de ética pública con capacidad sancionadora, auditorías externas obligatorias de los partidos políticos y límites estrictos a las donaciones privadas.

Por otro lado, la trama urdida en torno a Cristóbal Montoro no nos coloca solo ante el supuesto uso del Ministerio de Hacienda para traficar con leyes, sino ante algo más siniestro si cabe: la utilización de la maquinaria del Estado para obtener información reservada sobre inspecciones a figuras públicas y para amenazar y perseguir a la prensa crítica o simplemente incómoda para el exministro. Intentar silenciar a los periodistas es una práctica mafiosa. Algo que, más allá de lo que determinen los tribunales, refleja una forma de entender el poder: la propia de figuras autoritarias.

El caso Montoro trasciende la corrupción tradicional para convertirse en un ataque a los pilares de la democracia, lo que hace más urgente las reformas y más dañino aún el relativismo partidista —el habitual “y tú más”—, que contribuye a que estos comportamientos se normalicen por la vía de ser más tolerantes con las propias filas.

España se encuentra en una encrucijada peligrosa. Las encuestas reflejan que la crisis que sacude al PSOE por el caso Cerdán ha beneficiado directamente a Vox. Y falta por conocer el efecto del caso Montoro. Aunque se trate de episodios gravísimos pero, hasta ahora, aislados de sus formaciones políticas —y aunque la labor de los jueces demuestre que el Estado de derecho funciona—, la percepción de corrupción sistémica impulsa a las fuerzas antisistema. Cuando los ciudadanos perciben que “todos son iguales”, la tentación del voto de protesta, desencantado, se vuelve irresistible. Cada escándalo es combustible para quienes prometen soluciones simples a problemas complejos.

Los dos grandes partidos tienen una responsabilidad compartida: demostrar que la democracia puede protegerse desde dentro. Si no son capaces de acordar las reformas institucionales que el país necesita estarán alimentando a quienes buscan dinamitar el Estado de derecho que ambos dicen defender. Cada día que pasan enzarzados en batallas partidistas mientras Vox crece es un día perdido para la democracia española. La alternativa a la regeneración no es el statu quo: es la involución.

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