El ‘caso Montoro’, explicado con tres simples esquemas
Las demandas de las empresas eran rechazadas por Hacienda. Según la investigación, al entrar en escena el despacho —previo pago de cientos de miles de euros— esas mismas pretensiones se atendían
Cristóbal Montoro ha sido imputado por crear “una red de influencias” para favorecer a empresas que contrataron a su despacho y lucrarse con ello entre 2011 y 2018, cuando era Ministro de Hacienda con Mariano Rajoy. ¿Cómo funcionaba esa red, según el auto del juez por el que se imputa a 28 personas?
La clave de la trama son las puertas giratorias entre el despacho de abogados Equipo Económico y el Ministerio de Hacienda. El siguiente esquema explica la génesis de la consultora y cómo se gestó la supuesta conexión con el ministerio.
En 2004, cuando el PP perdió el gobierno en favor del PSOE, Montoro dejó su puesto de ministro de Hacienda. Pasó a ser eurodiputado ese mismo año, y en 2006 fundó un despacho, bajo el nombre inicial de Montoro y asociados, luego Equipo Económico, con cuatro ex altos cargos de su ministerio. Ese despacho es el que ahora está en el centro de la trama.
Montoro retornó a la política nacional como diputado en 2008 y dejó la consultora.
En 2011, el PP ganó las elecciones y Montoro volvió a ser nombrado ministro de Hacienda, esta vez en el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Es entonces cuando ocurren las actividades de las que sospecha el juez: el ex despacho de Montoro y sus socios influyó supuestamente sobre los nuevos altos cargos ministeriales. Esa influencia habría modificado leyes para beneficiar, entre otras, a las empresas gasísticas que eran clientes del despacho, según el auto judicial al que ha tenido acceso EL PAÍS: “A cambio de importantes pagos, [...] intervienen de forma decisiva en reformas legislativas [...] conforme a los intereses de sus clientes”.
A modo de ejemplo, en esta pieza se explica cómo funcionaba la trama con las empresas gasísticas.
Cómo funcionaba la trama
La forma de trabajar de la red se describe en el auto del juez con dos ejemplos. En los dos casos, una asociación de empresas gasistas habría contratado a Equipo Económico para valerse de sus influencias sobre el Ministerio y lograr reformas legales que les beneficiaban.
La primera operación investigada se remonta a 2014, cuando supuestamente se consiguió en muy poco tiempo una reforma fiscal que la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) llevaba tiempo buscando sin éxito.
La modificación conllevaba una reducción del 85% en la base liquidable del Impuesto sobre la Electricidad, lo que implicó una pérdida recaudatoria de 59 millones de euros para Hacienda en 2015, el primer año en que se aplicó.
La segunda reforma referida en el auto tiene a los mismos protagonistas, Equipo Económico, la patronal y los altos cargos ministeriales. También el mismo modus operandi, según el magistrado: el pago a la consultora desbloquea en poco tiempo una pretensión de reforma fiscal que las empresas llevan más de una década buscando.
El juez de Tarragona imputa a Montoro y al resto de investigados por la supuesta comisión de delitos continuados de cohecho, fraude contra la Administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos.
Los investigados son 28 personas. Eso incluye al ex ministro Montoro y ocho altos cargos de su segunda etapa en Hacienda. También están imputados cuatro miembros del bufete Equipo Económico que antes habían sido cargos de Montoro en su primera etapa en el Ministerio. El resto son una trabajadora de la consultora y más de una decena de los representantes legales de empresas que contrataron los servicios del bufete.
La investigación, que aún tiene numerosas piezas separadas y en secreto, va mucho más allá. Equipo Económico también cobró “comisiones” de eléctricas y renovables para “influir en las decisiones” del Gobierno, según los informes de los Mossos d’Esquadra incorporados a las pesquisas, según fuentes consultadas por EL PAÍS.
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