El juez del Supremo envía a Cerdán a prisión por cohecho, organización criminal y tráfico de influencias
El instructor estima que el “botín” obtenido por el amaño de contratos puede superar los cinco millones de euros y que pudieron lucrarse “más personas”
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha enviado este lunes a Santos Cerdán a prisión preventiva por delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. El juez ha tomado esta decisión, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares, después de que el exsecretario de Organización del PSOE solo haya querido contestar a las preguntas de su abogado durante su primera declaración como investigado, en la que ha rechazado haber participado en el supuesto amaño de obras públicas a cambio de comisiones. Según el juez, tras la comparecencia de este lunes persisten “notabilísimos indicios” de la participación de Cerdán en la supuesta trama corrupta que tuvo su epicentro en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. El instructor estima que el “botín” obtenido por Cerdán podría ser superior a los cinco millones de euros, en el supuesto de que “el premio económico por la indebida adjudicación de las obras hubiera constituido, por hipótesis, un uno por ciento del valor de las adjudicaciones”. Esto “refuerza” la idea, señala el instructor, de que “más personas, físicas o jurídicas”, además de Cerdán, Ábalos y Koldo García, pudieron haberse lucrado con las adjudicaciones.
Cerdán es el primero de los investigados por el supuesto amaño de obras a cambio de mordidas para el que el Supremo decreta prisión preventiva. El magistrado Leopoldo Puente rechazó la semana pasada encarcelar a Ábalos y García al considerar que no se daban los requisitos para acordar esta medida (riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva). Sin embargo, en el caso de Cerdán, el instructor entiende que, aunque no hay peligro de que se fugue ni de que vuelva a delinquir, sí existe “un riesgo cierto” de que, si siguiera en libertad, el exdirigente socialista oculte, destruya o altere pruebas relevantes.
El instructor rechazó hace 10 días registrar la vivienda o el despacho en la sede del PSOE que había ocupado Cerdán como secretario de Organización, al considerar que esa medida, “limitativa de derechos”, no era “útil” en ese momento. El registro lo había reclamado el PP, que ejerce como acusación popular, al considerar que existía riesgo de destrucción de pruebas, pero Puente sostuvo que ese peligro “no se conjuraría” con un registro, ya que esta medida podía ser en ese momento muy “previsible” para Cerdán. En el auto de prisión, el magistrado argumenta que el riesgo de destrucción de pruebas “debe ser conjurado” con la prisión preventiva porque no existe otra medida “menos gravosa para su libertad personal, que pudiera resultar igualmente eficaz”.




















La decisión de encarcelar a Cerdán tiene también que ver con el papel de “cierta preeminencia” dentro de la trama que le otorga el juez. Los investigadores no han reunido todavía datos que acrediten que Cerdán ha cobrado mordidas de constructoras, pero el instructor advierte de que “parece razonable considerar” que si, a partir de los audios hallados en casa de Koldo García se constata que este y Ábalos han cobrado 550.000 euros y se les adeudan otros 450.000, Cerdán también habrá obtenido algún tipo de beneficio económico “para sí y/o para un tercero”. Así “invita a pensarlo”, según el magistrado, tanto la “relación vertical” que el último secretario de Organización mantenía con el exministro y su antiguo asesor como que “parece descartable” que Cerdán actuara solo en beneficio de Ábalos y García de forma “completamente desinteresada”.
Para estimar en más de cinco millones el “premio” que pudo llevarse Cerdán solo o con “otras personas”, el juez recuerda que el total de las obras adjudicadas a Acciona Construcción a través de organismos dependientes de Transportes suman una cantidad “muy próxima” a los 550 millones de euros (concretamente, salvo error u omisión, 537.271.005 de euros, señala el instructor). Esto “refuerza” la tesis, apunta el magistrado, de que “más personas, físicas o jurídicas” hayan cobrado mordidas. Y solo Cerdán, que según los indicios era quien “se encargaba de realizar las gestiones oportunas con los pagadores”, es quien “estaría en la mejor disposición para conocer” quién más cobró “en el caso de que así hubiera tenido lugar, y correlativamente de ocultar, alterar o hacer desaparecer las pruebas que pudieran existir al respecto, así como acerca del modo en que se articulaban los ilícitos pagos”.
El juez alude en su auto a las “explícitas conversaciones” entre Cerdán, Ábalos y García que se escuchan en los audios hallados por la UCO en el domicilio del que fuera asesor del ministro. De ellas, señala Puente, derivan “elementos bastantes” no solo para considerar que hay indicios de la participación de Cerdán en los hechos que se investigan, “sino su particular posición en ellos”. El instructor recalca que, en esas grabaciones, se escucha que García reclama a Cerdán las cantidades que este supuestamente le adeuda a él y a Ábalos como consecuencia de las supuestas adjudicaciones ilícitas de obras públicas. Estas obras, además, presentan “un elocuente denominador común: todas ellas fueron adjudicadas a la empresa Acciona Construcción actuando en UTE con otras de menor envergadura, sin que en ninguno de los casos la adjudicataria presentara la mejor oferta económica, invariablemente favorecida en la licitación por criterios de valoración subjetiva”, advierte el instructor.
El exdirigente socialista ha negado durante su declaración haber cobrado cualquier tipo de contraprestación a cambio de favorecer el amaño de obras públicas y ha vinculado las acusaciones contra él a una persecución política por haber negociado con PNV y Bildu la investidura de Pedro Sánchez. Esa versión, según las fuentes consultadas, ha sido determinante para que el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, haya reclamado el ingreso de Cerdán en prisión preventiva sin fianza, una petición que ha sido suscrita por las acusaciones populares, unificadas bajo la dirección del PP.
El juez llama la atención sobre el hecho de que Cerdán ni siquiera haya cuestionado de forma directa en el Supremo “el inequívoco contenido” de las grabaciones, sino que haya alegado que no recuerda haber mantenido esa clase de conversaciones o que estaban incompletas o descontextualizadas. Sin embargo, afirma el juez, más allá del contenido de los audios, es también importante las circunstancias en las que se hallaron: en dispositivos encontrados por la UCO durante el registro en casa del antiguo asesor de Ábalos, por lo que “parece difícilmente concebible” que no se hubieran producido en realidad y fueran “consecuencia de una artificiosa manipulación” de García.

Pero, además, advierte el juez, las grabaciones no son los únicos indicios contra Cerdán que tienen los investigadores, sino que “resulta inequívoca su vinculación” con Servinabar 2000 SL, “empresa que resultó adjudicataria de ciertas obras públicas, precisamente actuando en UTE, pese a sus mínimas dimensiones y nula experiencia en el negocio de la construcción, con Acciona”. Entre los indicios, el instructor recuerda que, según la UCO, Cerdán le preguntó a Koldo García en julio de 2018 con qué concepto debería abonar Servinabar 4.500 euros, a lo que el segundo le dijo que lo hiciera como “donación”. Unos días después, Cerdán le envió a García un correo electrónico con una imagen de una transferencia por ese importe hecha por la empresa constructora a Fiadelso, una fundación vinculada a Ábalos y su familia.
“Dichas gestiones evidenciarían [...] que don Santos Cerdán disponía, al menos hasta esa fecha, de una cierta capacidad de administración o muy fluida comunicación con la mencionada Servinabar”, afirma el juez, que considera también que estos ingresos de la empresa a la fundación “no parecen haber tenido un carácter puntual sino periódico”, en la medida en que Koldo García “se disculpó por el retraso en el pago con” Tatiana Ábalos, hija del entonces ministro, y le aseguró que esa demora no se volvería a producir.
El magistrado sitúa a Cerdán como la persona “que se encargaba de realizar los cobros indebidos a las empresas favorecidas por la adjudicación”. Una vez obtenidas estas cantidades de las empresas, él las distribuía, haciéndolas llegar, “al menos”, a Ábalos y Koldo García, “que, cuando lo precisaban, le reclamaban los pagos a aquel y no a estas”.
“Dicha posición funcional determina que estos dos últimos, los Sres. Ábalos y García, pudieran desconocer, acaso, quien o quienes eran las personas físicas en concreto que, en beneficio de la empresa favorecida por la adjudicación —Acciona Construcción actuando en UTE— realizaba/n los pagos, cuál era el importe total de los mismos, y cuál el mecanismo por cuya virtud se concretaban, limitándose a recibir lo comprometido cuándo el Sr. Cerdán distribuía con ellos los beneficios”, añade el instructor, que concluye: “No es tanto la referida relación vertical, ni lo embrionario de la investigación respecto a don Santos Cerdán, lo que determina la existencia de un riesgo mucho mayor en su caso de ocultar, alterar o destruir pruebas relevantes para el enjuiciamiento de los hechos que son objeto de la presente causa especial, cuanto su posición funcional en el marco de la organización”.
El exdirigente socialista no ha querido contestar a las preguntas del juez ni de ninguna de las acusaciones, y se ha limitado a responder al interrogatorio que había preparado con su abogado, Benet Salellas. Fuentes del caso señalan que el ex secretario de Organización del PSOE ha defendido su inocencia y ha asegurado que nunca ha cobrado comisiones para sí mismo ni para financiar al PSOE. El exdirigente socialista ha reivindicado su trabajo en el partido para conseguir mayorías suficientes para formar “gobiernos de coalición democráticos”, según detallan las fuentes; lo que, asegura, ha motivado las acusaciones contra él.

Cerdán ha negado las conclusiones a las que llegó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe que entregó al juez el pasado 5 de junio y que ha generado un seísmo político que ha hecho tambalearse al Gobierno de Pedro Sánchez. El exsecretario de Organización del PSOE ha rechazado el papel de supuesto “gestor” de las mordidas que le atribuyen los agentes, quienes consideran que repartió con Ábalos y el que fuera asesor de este, Koldo García, las comisiones que recibieron de empresas.
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