Conspiración y descomposición

La renuncia de la canciller colombiana, Laura Sarabia, no hace más que acentuar la sensación de descomposición del Gobierno de Gustavo Petro. La mano derecha del presidente, figura central en su círculo de confianza durante todo su mandato, abandona el cargo en medio de la polémica por un contrato sobre la expedición de pasaportes. Que la renuncia se dé en pleno escándalo por las revelaciones de los planes de su excanciller Álvaro Leyva para conspirar contra Petro reflejan con crudeza el nivel de desorden interno que consume al Gobierno de Colombia.

Los audios secretos del extitular de Exteriores, revelados por EL PAÍS, constituyen uno de los episodios más graves de la política colombiana en la medida en que suponen un intento deliberado por desestabilizar al Ejecutivo. La dimensión del escándalo no reside únicamente en su contenido —una supuesta conjura internacional con la complicidad de la Administración de Trump—, sino también en el hecho de que su autor fue uno de los hombres más cercanos al presidente durante los primeros años de mandato. Aun desde la discrepancia, un funcionario que ostentó la Cancillería debería haberse guiado por la lealtad institucional y el respeto al sistema democrático.

La publicación de los audios revela que Leyva no solo rompió políticamente con Petro, sino que cruzó una línea roja al mantener contactos con sectores republicanos en EE UU con el objetivo de propiciar la caída anticipada del mandatario sudamericano. Semejante maniobra constituye una afrenta al Estado de derecho y una regresión al tipo de maquinaciones trasnochadas que han dejado profundas heridas en América Latina. El rechazo al complot ha sido prácticamente unánime y ha incluido a la persona por quien Leyva, enredado en sus maniobras oscuras, apostaba como sustituta de Petro: la vicepresidenta Francia Márquez, que se desmarcó rápida y tajantemente al afirmar que ella no se presta a conspiraciones. También la oposición, que en otras circunstancias habría capitalizado la fractura, ha optado por tomar distancia de la trama. El consenso es claro: las diferencias políticas deben dirimirse en las urnas, no en salones opacos o llamadas clandestinas.

Sería un error, no obstante, reducir este episodio a un intento aislado de traición personal. Lo que revelan los audios de Leyva es también el telón de fondo de un Gobierno errático, marcado por luchas intestinas, decisiones contradictorias y una constante erosión de la confianza pública, como constata la renuncia de Sarabia. Petro, cuya agenda de cambio ha encontrado obstáculos tanto externos como autoimpuestos, ha permitido que su Administración se convierta en un campo de batalla entre facciones. El caos político, la falta de ejecución de medidas clave y los enfrentamientos internos han debilitado extraordinariamente la credibilidad del Ejecutivo hasta el punto de hacerlo vulnerable a este tipo de ataques.

La investigación abierta por la Fiscalía deberá esclarecer el alcance del complot de Leyva y si el octogenario excanciller actuó solo o en coordinación con otros actores políticos y económicos. Urgen las respuestas. No solo por el valor probatorio de los hechos, sino porque está en juego la estabilidad institucional. Colombia no puede permitirse que el primer Gobierno de izquierda elegido democráticamente termine descarrilado. Tampoco que ese Gobierno se siga desmoronando desde dentro. La defensa de la democracia exige rechazar con firmeza toda conspiración, pero también reclamar gobernabilidad y responsabilidad a quien encabeza el Estado.