La justicia no cree a Santos Cerdán

El ingreso en prisión incondicional del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, dentro de la investigación de una presunta trama de mordidas en obras públicas en la cúpula del Ministerio de Transportes, sitúa el llamado caso Koldo en un nuevo nivel de gravedad política y confirma que los indicios de corrupción van más allá de las grabaciones conocidas. Cerdán prestó ayer declaración ante el instructor del Tribunal Supremo confiado en que sus supuestos cómplices, el exministro José Luis Ábalos y el asesor de ambos, Koldo García, habían quedado en libertad bajo imputaciones similares. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción pidió prisión preventiva para él y el juez decretó su ingreso en Soto del Real porque, en su caso, ve riesgo de destrucción de pruebas.

El magistrado Leopoldo Puente asegura en su escrito que aprecia “indicios muy consistentes” de la actividad delictiva del exmandatario socialista a pesar de que la investigación sobre él está en un momento “muy inicial”, porque aún no se ha analizado su patrimonio ni se ha registrado su domicilio. Pero las grabaciones que han escandalizado a la ciudadanía desde que se publicó el informe de la Guardia Civil, el 12 de junio, sumadas al análisis de contratos sospechosos, permiten al juez ratificar el relato conocido de indicios criminales. El magistrado cree que Cerdán cobraba personalmente a las constructoras. Y apunta que la cantidad presuntamente cobrada por la trama es tan grande que resulta verosímil que haya más beneficiarios.

Nada dijo Santos Cerdán en su declaración que pudiera introducir dudas sobre un contenido que por ahora deja poco margen a la interpretación. Aseguró que no se reconoce en las grabaciones y achacó su procesamiento a una especie de conjura política de “determinadas fuerzas” sin precisar que le persiguen por su papel, central e indiscutible, en la conformación de las mayorías parlamentarias de los gobiernos de Pedro Sánchez.

Un imputado que se enfrenta a muchos años de prisión tiene derecho a utilizar la estrategia de defensa que crea conveniente, incluso a riesgo de irritar al juez instructor con acusaciones no fundamentadas. Pero el relato de Cerdán ante el Supremo interpela también al Gobierno y al PSOE. Ambos deberían cortar de raíz cualquier especulación conspirativa sobre las motivaciones de una investigación cuyos indicios preliminares, en forma de grabaciones, puede entender cualquier ciudadano como una corrupción sistemática en el Ministerio de Transportes.

Marcar distancias con esa estrategia de defensa no significa marcarlas solo con quien la utiliza. Santos Cerdán ha sido la mano derecha de Pedro Sánchez durante la última década. El PSOE lo ratificó como secretario de Organización hace solo siete meses, con sus presuntos cómplices ya imputados. Ayer, sin embargo, la vicepresidenta María Jesús Montero empezó a hablar en pasado de “una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista” porque fue expulsado hace dos semanas. Pedro Sánchez dijo que el partido ya ha actuado y “ahora es momento de la justicia”.

El intento de dar por cerrado el capítulo de la responsabilidad política es una táctica de corto recorrido. La rendición de cuentas del PSOE y del Gobierno, con toda la información disponible sobre los contratos investigados, sigue pendiente. Preferiblemente ante el Parlamento. Sin esas explicaciones, la acción del Gobierno seguirá sometida a una presión que no puede hacer más que crecer con cada nuevo paso del Tribunal Supremo.