El ‘informe Cerdán’ revela un intento de “modificar el sistema” de licitaciones para tener “más control”

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Ábalos, que ha provocado la dimisión de Santos Cerdán como diputado y secretario de Organización del PSOE, apunta la posibilidad de que la supuesta trama corrupta intentase “modificar el sistema de evaluación de licitaciones” de obra pública para “tener más control” sobre ellas. Los agentes introducen esta hipótesis al destacar un mensaje de WhatsApp enviado en abril de 2019 por Javier Herrero, entonces director general de Carreteras, a Koldo García, quien fuera asesor de José Luis Ábalos cuando encabezaba el Ministerio de Transportes. “Estamos enredando para intentar modificar el sistema de evaluación de futuras licitaciones. Para poder tener más control. Pero necesitamos trabajarnos a los interventores y abogados del Estado”, reza el mensaje de teléfono interceptado por el instituto armado.

Con el respaldo del Tribunal Supremo y la Fiscalía Anticorrupción, la UCO ha puesto la diana en la supuesta trama urdida para el cobro de mordidas a cambio de influir en adjudicaciones de obra pública —lo que extiende la investigación más allá de los contratos de compraventa de mascarillas en la pandemia—. La Guardia Civil señala ya sin paliativos a Ábalos, Cerdán y García; pero añade que estos “habrían manipulado los procesos de contratación”, “valiéndose” de las relaciones tejidas con Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, y con Javier Herrero, director general de Carreteras. Tras conocerse la pasada semana el informe policial, el Ministerio de Transportes ha comenzado a analizar siete contratos de Carreteras puestos bajo sospecha por el instituto armado, con el foco en la actuación de Herrero, cesado en octubre de 2022. Fuentes conocedoras del contenido de este análisis afirman que, de momento, no han encontrado incorrecciones en la tramitación de los expedientes y han comprobado que se otorgaron a las ofertas con mejor valoración “en la fase técnica” (donde se contemplan criterios subjetivos).

Precisamente, la UCO centra parte de sus pesquisas en cómo pudieron amañar las concesiones. En su informe, los agentes destacan lo siguiente: la importancia que daban los implicados a que las ofertas económicas de las supuestas constructoras corruptoras no fueran tan bajas que se tuviesen que descartar por considerarse “temerarias”; para que, “de este modo, una arbitraria sobrevaloración de la nota subjetiva permitiese otorgar una puntuación global suficiente para ganar la adjudicación”. La tesis que sostienen los investigadores es que, así, no habrían “requerido la participación ilícita de la mesa de contratación”, sino que habría sido suficiente con la “participación de las personas que realizaban los informes técnicos”. “De esta forma, únicamente requerirían que las notas de la valoración subjetiva fueran lo suficientemente altas con respecto al resto de licitadores, para compensar cualquier diferencia surgida de la puntuación obtenida de las ofertas económicas”, apostilla el documento policial.

La información recabada por la UCO, que acumula pruebas sobre la trama de corrupción asentada en la etapa de Ábalos al frente de Transportes (de junio de 2018 a julio de 2021), reitera los intentos de influir en la licitación de obras de la Dirección General de Carreteras por parte del exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y de Koldo García, mano derecha del propio Cerdán y también de Ábalos. El mensaje enviado por Javier Herrero a Koldo García el 11 de abril de 2019 (“Estamos enredando para intentar modificar el sistema de evaluación de futuras licitaciones. Para poder tener más control. Pero necesitamos trabajarnos a los interventores y abogados del Estado”) incrementa los recelos de los agentes al apuntar a supuestas injerencias en funcionarios.

La Guardia Civil subraya que Herrero remitió ese wasap al asesor de Ábalos después de que una de las empresas bajo sospecha —Obras Publicas Regadios (OPR)— perdiese un concurso público. Además, el director general de Carreteras añadió: “Estoy apretando en Asturias”. La UCO vincula entonces esa afirmación con que, posteriormente, OPR ganó el proyecto de adaptación parcial de la segunda calzada de la autovía A-63 en el tramo Salas-La Espina (Asturias): “Habiendo obtenido la puntuación técnica más alta y siendo la décima oferta más económica”.

Las obras de Carreteras

El último informe de la UCO centró sus pesquisas en varios expedientes sospechosos tramitados por Adif (que presidía Pardo de Vera) y por la Dirección General de Carreteras (que encabezaba Herrero). El informe policial dispara contra Acciona, OPR y LIC (Levantina, Ingeniería y Construcción) como las supuestas corruptoras. En el móvil de Koldo García se encontró una nota que decía: “Si consigo obras, cuánto se me paga por conseguir y cómo se me paga”.

La Guardia Civil traza los vínculos entre los señalados. Por ejemplo, la UCO otorga gran importancia a a que Santos Cerdán y Koldo García llegaron a temer que el entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, cesara a Pardo de Vera y Herrero. “Koldo indicó que había que intentar evitar dichos ceses”, escriben los agentes, que añaden que Cerdán se mostró preocupado por el posible cese del director General de Carreteras porque podía “contar lo que hay”, según consta en una grabación intervenida al asesor de Ábalos.

Transportes ha comenzado a analizar siete obras otorgadas por la Dirección General de Carreteras recogidas por el informe de la UCO. La de mayor cuantía corresponde al tramo Arrúbal-Navarrete de la autovía A-68, en La Rioja. Esta se licitó apenas medio año después de la llegada de Ábalos al Ministerio y fue adjudicada a Acciona, que se presentó en unión temporal de empresas (UTE) con Aquaterra Servicios. Según la Guardia Civil, este es uno de los tres contratos por los que Acciona adeudaría 450.000 euros a José Luis Ábalos. Hubo una alta concurrencia (con 11 ofertas), y la UTE de Acciona fue la mejora valorada en la propuesta técnica.

Pero detrás, aprecia la UCO, hubo un exceso de interés por Koldo García, Santos Cerdán y Javier Herrero. La apertura de ofertas económicas estuvo suspendida, levantándose el bloqueo el 11 de abril de 2019. Un hecho que motivó un intercambio de mensajes previo entre Santos Cerdán y Koldo García: “¿Sabes algo de Logroño?”, preguntó el primero por WhatsApp el 4 de abril. “Que ya la desbloqueo y sale la semana que viene”, respondió el asesor de Ábalos. Días más tarde, el 22 de abril, se abrieron los sobres con las ofertas económicas. Fue entre las 10.00 y las 11.15 horas. Solo 12 minutos más tarde (11.27), el director general de Carreteras, Javier Herrero, envió otro wasap sospechoso a Koldo García cuando se supo el resultado de adjudicación del tramo Arrúbal-Navarrete: “Bingo!!!! [sic] En Logroño”. Un minuto más tarde, Koldo García escribía a Cerdán: “Ya está en La Rioja hecho”. Acciona se había llevado la obra en la A-68 por 92,4 millones.

A la UCO le llama la atención que ya el 15 de diciembre de 2018, Koldo García enviara al jefe de Acciona Construcción en La Rioja y Navarra, Fernando Merino, una nota de prensa del Ministerio de Transportes que daba cuenta de la autorización para licitar las obras de la Ronda Sur de Logroño, en el tramo Arrúbal-Navarrete. Los investigadores señalan que existen indicios de que Merino, al que vinculan con Cerdán y García desde su etapa en la comunidad foral, venía señalándoles “obras que resultarían de interés para Acciona”, a cambio de las cuales pagaría “contraprestaciones”. Además, Merino está casado con la hermana de Antonio y Daniel Fernández Menéndez, respectivos apoderado y administrador mancomunado de la constructora OPR: “Habría sido Merino, por tanto, quien habría introducido a sus cuñados en el Ministerio, aprovechando su relación con Koldo desde que coincidieron en Navarra”. Todo estos detalles no consta en el informe preliminar que analiza el Ministerio, según fuentes internas.

Más proyectos

El otro gran proyecto de Carreteras que se apuntó Acciona, este en UTE con Tecade y Freyssinet, corresponde a la construcción de los tirantes del sevillano Puente del Centenario. La licitación salió el 28 de septiembre de 2020 y las obras se formalizaron el 7 de julio de 2021, con José Luis Ábalos prácticamente dejando Transportes. La investigación acumula indicios de intentos de manipulación. Esta es otra de las obras por las que supuestamente Acciona adeudaba 450.000 euros en mordidas a Ábalos.

La UCO data en noviembre de 2018 los primeros mensajes entre Koldo García y Santos Cerdán sobre la obra del Puente del Centenario. El 2 de abril de 2019, Cerdán ya “instó” al asesor de Ábalos a cerrar “Sevilla”, a lo que Koldo respondió que trabajaba en ello. El 28 de septiembre de 2020, el proyecto terminó licitándose con tramitación urgente debido al deteriorado estado de los tirantes del puente. El proyecto acabó en manos de Acciona por 71,4 millones el 17 de mayo de 2021, y dos años después, en junio de 2023, se produjo un modificado por el que el importe ascendió a 102,8 millones.

En nómina de OPR y LIC

OPR y LIC son otras dos constructoras sobre las que la UCO reporta una anormal cercanía a Koldo García y Javier Herrero. Una vez fuera del Ministerio de Transportes, según la UCO, el ya exasesor de Ábalos cobró de LIC unos 2.600 euros netos mensuales entre diciembre de 2022 y junio de 2023. Su pareja, Patricia Uriz, acabó en nómina de Áridos Anfersa, “sociedad que estaría directamente vinculada a OPR”, con una remuneración de 1.300 euros netos al mes.

OPR había ganado la mejora del tramo Salas-La Espina, en Asturias, que Transportes presupuestó en 9,9 millones. Esta actuación tiene alto valor para la investigación. El 30 de abril de 2019, el director general de Carreteras notificó a Koldo García que habían hecho “bingo” en las obras de Asturias. Ese día fueron abiertas las ofertas, con OPR alzándose con la mejor calificación técnica. La segunda concesión de Carreteras ganada por OPR fue las obras de la A-32 entre Úbeda y Torreperogil, en Jaén.

Sobre la presunta intercesión de Koldo García en interés de la constructora LIC, propiedad del empresario José Ruz, la UCO se refiere en su informe a varias obras: la duplicación de la carretera N-4 entre Dos Hermanas y Los Palacios, en Sevilla; la conservación de una carretera en Teruel; y la ejecución del tramo Santo Domingo de la Calzada-Villamayor del Río en la A-12, entre La Rioja y Burgos.