Los tribunales cierran una etapa de corrupción con los juicios al clan Pujol y el último de Gürtel

La Audiencia Nacional se prepara para cerrar una etapa de la corrupción que asoló España en décadas pasadas. Este noviembre, según ha programado, el tribunal celebrará los juicios contra la familia de Jordi Pujol, que sienta en el banquillo al expresidente catalán y a sus siete hijos; y el último sobre la trama Gürtel, la red liderada por Francisco Correa que anidó en el PP en la era de José María Aznar. Estas vistas orales se producen cuando la preocupación por la corrupción ha vuelto a dispararse entre los españoles, según los sondeos de opinión, debido a la proliferación de nuevas causas y, sobre todo, a la escalada del caso Koldo, que ha llegado hasta dos ex secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán (este último, en prisión provisional).

La corrupción ha vuelto a avanzar hasta colarse en el pódium de las principales preocupaciones de los españoles. Según el barómetro de julio del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), un 25,3% de los ciudadanos la señala ya como uno de los tres grandes problemas del país —solo por detrás de la vivienda (30%)—. Ese porcentaje se disparó respecto a junio, cuando se situaba en el 11,7%, coincidiendo con la publicación del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, que provocó que el Tribunal Supremo lo imputara por su presunta participación en una trama de adjudicación irregular de obra pública a cambio de mordidas, que también salpica al exministro Ábalos.

Todo se mezcla en un cóctel explosivo. La política está absolutamente judicializada. El PP centra gran parte de su labor de oposición en desgastar al Gobierno por las causas abiertas contra el entorno de Pedro Sánchez (muchas de ellas, de cuestionado fundamento e impulsadas por grupos ultras como Manos Limpias o Hazte Oír), mientras el Ejecutivo trata de encapsular los daños del caso Cerdán y anuncia nuevas medidas para combatir la corrupción. Pero, prácticamente, no hay día en que las decisiones de los tribunales no copen las noticias de los medios de comunicación. Y la agenda prevista apunta a que poco cambiará en el nuevo curso judicial, cuyo acto de inauguración está fechado para el 5 de septiembre. Estas son algunas causas marcadas en rojo en el calendario:

El ‘caso Pujol’. Cuando acabó la investigación sobre el clan Pujol hace más de cinco años, el juez instructor José de la Mata concluyó: “La familia Pujol Ferrusola ha aprovechado su posición privilegiada de ascendencia en la vida política/social/económica catalana durante decenios para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”. Esa es la tesis principal de la acusación contra Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat de Cataluña (1980-2003), y sus siete hijos, que se deben sentar en el banquillo de la Audiencia Nacional a partir de este noviembre —la esposa del exdirigente de CiU, Marta Ferrusola, fue excluida de la causa en 2021 por demencia severa y falleció en 2024—.

El juicio al político catalán más influyente de la segunda mitad del siglo XX, que cumplió 95 años el pasado junio, llega tras años de retrasos (provocados, en gran medida, por los recursos y maniobras de la familia para prolongar el tiempo dedicado a retirar la documentación sensible que constaba en el sumario). La expectación es máxima. La vista marcará la agenda durante meses —se prevé que no acabe hasta abril de 2026 y se han programado declaraciones de más de 250 testigos—. Todo ello, con Junts y parte del independentismo inmersos en una campaña de recuperación de la imagen del expresident, que en 2014 confesó que poseía una fortuna en Andorra sin declarar. Según Pujol, ese dinero era una herencia de su padre, pero el juez y la Fiscalía no le creen. El ministerio público pide nueve años de cárcel para el patriarca del clan; 29 años para el primogénito (Jordi Pujol Ferrusola); 14 años para otro de los hijos (Josep); y ocho años para el resto (Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta).

Último juicio de Gürtel. La Audiencia Nacional se prepara para cerrar otro de los grandes casos de corrupción de la historia reciente de España. El tribunal prevé celebrar también en noviembre el último juicio del caso Gürtel, la trama encabezada por Francisco Correa que anidó en el corazón del PP. Más de 16 años después de estallar el escándalo y con decenas de personas condenadas ya a cárcel por su implicación en sus diferentes derivadas, la justicia pone la guinda a un complejo sumario con la vista oral sobre la estructura societaria urdida por Gürtel para blanquear dinero y eludir los pagos a Hacienda. Hay 26 personas acusadas, entre los que se encuentran el propio Correa; su antiguo número dos y ex secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo; y los asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín.

Las derivadas de Púnica. El largo viacrucis judicial del PP tiene otra parada en el caso Púnica, la trama de corrupción que anidó principalmente en la Comunidad de Madrid y se extendió gracias a las conexiones del empresario David Marjaliza y del exconsejero popular Francisco Granados. Este septiembre prosigue el juicio sobre la línea de investigación centrada en el supuesto amaño de contratos públicos a favor de la compañía de eficiencia energética Cofely, que sienta en el banquillo a siete exalcaldes populares y a uno del PSOE. Pero además, según detallan fuentes jurídicas, la Audiencia Nacional ha programado para principios de 2026 el inicio de la vista oral sobre otra derivada de la trama (los amaños de contratos de fiestas en municipios gobernados por los conservadores), con Granados ya entre los acusados.

El trío Koldo-Ábalos-Cerdán. El caso Koldo hace mucho tiempo que dejó de ser solo el caso Koldo. La investigación judicial que arrancó con el foco puesto en la adjudicación irregular de contratos de compra de mascarillas en el Ministerio de Transportes en la época de José Luis Ábalos, quien fuera igualmente secretario de Organización socialista, ha escalado hasta el propio exministro y hasta su sucesor como número tres del PSOE, Santos Cerdán (en prisión provisional desde junio, medida recurrida al Tribunal Constitucional, que prevé resolver en septiembre si admite a trámite las alegaciones). Las pesquisas han dado un salto mayúsculo y se centran ahora en el presunto amaño de obra pública a cambio de mordidas. Para tratar de dilucidar la trama, dos sumarios avanzan de forma paralela en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, donde esperan nuevos informes de la UCO sobre los tentáculos de la trama. Entre otros encargos, la Guardia Civil trabaja en los análisis del patrimonio de los dos exdirigentes socialistas y rastrea en sus comunicaciones (y en las de Koldo García, el exayudante de Ábalos) referencias al expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. La repercusión de cada paso que se dé será enorme, con el PP lanzado contra el Gobierno por este caso de corrupción.

El fiscal general, al banquillo. Otra causa sin precedentes concentrará la atención durante los próximos meses. Álvaro García Ortiz, acusado de filtrar un email del abogado de Alberto González Amador (novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid), se convirtió este junio en el primer fiscal general del Estado procesado (una decisión del magistrado instructor Ángel Hurtado, confirmada después por una dividida Sala de Apelaciones del Supremo). Aún falta que se dicte la resolución para abrir el juicio oral, pero la evolución del caso aboca a García Ortiz a sentarse en el banquillo en una vista que, según los cálculos de fuentes del alto tribunal, previsiblemente se celebrará antes de que acabe el año.

El novio de Ayuso, acorralado. El PP de Madrid, encabezado por Ayuso, se volcó en la causa abierta contra el fiscal general para tratar de opacar el procedimiento que cerca al novio de la presidenta de la comunidad. Pero este sumario seguirá coleando en los próximos meses. Y mucho. La investigación se centró primero en el supuesto fraude de más 350.000 euros a Hacienda a través de una trama de facturas falsas perpetrado por González Amador (por lo que la magistrada Inmaculada Iglesias ya propuso juzgarlo y ahora se está a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid lo confirme). Pero, a raíz del avance de esas pesquisas, se descubrieron nuevos indicios que apuntan a que el novio de la política pagó presuntamente un soborno a un directivo de Quirón para multiplicar sus negocios. Esta derivada sigue en fase de investigación y la jueza ya ordenó a la UCO que analice las operaciones económicas sospechosas —y esas conclusiones policiales aún están por llegar—.

Los avances del ‘caso Montoro’. Cuando el equipo de Alberto Núñez Feijóo se frotaba ya las manos con el estallido del caso Cerdán, que noqueó al Gobierno de Sánchez durante varias semanas, irrumpió en la escena otra causa de corrupción contra otro destacado exdirigente del PP. Un juez de Tarragona, Rubén Rus, imputó a Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda con José María Aznar y Mariano Rajoy, por traspasar la línea del lobby y, presuntamente, urdir una supuesta red de influencias con otros altos cargos para modificar leyes al gusto de los clientes del despacho Equipo Económico, que había fundado en el periodo entre sus dos etapas como miembro del Ejecutivo. Ahora, la batalla entre los implicados se prevé enorme. Los implicados van a tratar de anular la causa al considerarla “desproporcionada” por haber permanecido bajo secreto siete años (de hecho, una parte sigue sin conocerse, por lo que se esperan más revelaciones cuando se levante el secreto sobre ella); mientras que varios afectados por las maniobras del bufete (como el exvicepresidente Rodrigo Rato) intentarán ampliar el foco de la investigación al tráfico de datos fiscales de particulares para perjudicarles.

El entorno de Sánchez y Ferraz. El foco seguirá sobre David Sánchez y Begoña Gómez, el hermano y la esposa del presidente del Gobierno, respectivamente. El primero ya ha sido enviado a juicio por la magistrada que instruyó la causa sobre su supuesta contratación irregular por parte de la Diputación de Badajoz, aunque la Audiencia Provincial aún puede anular el procesamiento, ya que tiene pendiente por resolver los recursos contra esa decisión. Por su parte, las partes aguardan a que el controvertido Juan Carlos Peinado, que mantiene bajo sospecha a Begoña Gómez desde 2024, desvele sus próximos pasos después de que haya ampliado este verano la causa contra ella al atribuirle un nuevo delito (malversación) a raíz de que el Supremo tumbase su intento de escalar hasta al Gobierno con la propuesta de imputárselo al ministro Félix Bolaños.

El Ejecutivo y el PSOE han cuestionado ambos sumarios. Especialmente el de Peinado, al que acusan abiertamente de prevaricación. Pero, este otoño, se abrirá un nuevo frente en los tribunales de consecuencias impredecibles. Un juez de Madrid ha citado a declarar como imputada el próximo 11 de noviembre a Leire Díez, exmilitante y excargo socialista, que se ha visto envuelta en un escándalo tras difundirse un audio donde insinúa supuestos favores de la Fiscalía para un empresario encausado, a cambio de que aportara datos comprometedores de determinadas autoridades, incluido miembros de la UCO y el ministerio público. Las nuevas pesquisas se han abierto por tráfico de influencias y cohecho, y se ha programado una batería de interrogatorios de testigos (como el del empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo, letrado de Cerdán), que aprovechará la oposición para cargar contra el Gobierno y los socialistas.

El cerco a Alvise. El agitador ultraderechista y eurodiputado Luis Pérez, alias Alvise, tratará de esquivar las tres causas que le ha abierto el Tribunal Supremo. La primera, por la supuesta financiación ilegal de su agrupación electoral Se acabó la Fiesta (admitió que recibió un maletín con 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, pero negó que lo utilizara para financiar la campaña). La segunda, por la difusión de una prueba falsa de covid de Salvador Illa, actual president de la Generalitat. Y la tercera, por un presunto delito de acoso a una fiscal, a la que señaló en sus redes sociales y de la que difundió datos personales para que sus seguidores arremetieran contra ella con amenazas e insultos.

Cuando comenzaron a abrirse los procedimientos contra él, fuentes del entorno del ultra explicaron que parte de su estrategia pasaba por intentar dilatarlos. De hecho, así lo hizo en la Audiencia Nacional, donde se comenzó a investigar el caso de financiación ilegal: en este tribunal, amparándose en su condición de aforado, Alvise dio plantón al juez José Luis Calama, ante el que rechazó declarar de forma voluntaria tras decirle que iba a hacerlo. Después, en el Supremo, sí ha comparecido para ser interrogado.