Alvise admite en el Supremo que cobró 100.000 euros en efectivo, pero niega que los usara para financiar a su partido

El eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, ha admitido este viernes en el Tribunal Supremo que recibió 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, pero ha negado que utilizara ese dinero para financiar la campaña de las elecciones europeas de 2024 de su agrupación electoral, Se Acabó la Fiesta (SALF). Fuentes presentes en la declaración señalan que Alvise ha asegurado que usó la mitad de ese dinero para gastos personales y para algunos viajes profesionales, y que la otra mitad la tiene guardada. El empresario que le dio el dinero, y que ha declarado después de hacerlo el eurodiputado, ha desmentido esa versión y, según las fuentes, ha asegurado que siempre quedó claro que los 100.000 euros eran para gastos del partido.

Alvise ha comparecido este viernes ante el magistrado Julián Sánchez Melgar, instructor de la causa abierta en el Supremo por posible financiación ilegal de Se Acabó La Fiesta. Como está aforado, el juez le ha citado a declarar de forma voluntaria antes de decidir si hay indicios para pedirle al Parlamento Europeo que le levante la inmunidad. Es la tercera vez que el agitador ultra acude bajo la misma fórmula a declarar al alto tribunal. Ya lo hizo recientemente en las otras dos causas que tiene abiertas: una por difundir una falsa prueba de covid del actual presidente de la Generalitat Salvador Illa, y otra, por un supuesto acoso en redes sociales a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.

El caso por el que ha declarado este viernes es el que atribuye a Alvise indicios de delitos más graves. El origen está en la denuncia presentada en diciembre de 2023 por el empresario Luis Romillo, conocido en las redes como Luis Cryptospain, que se autoinculpaba de haber entregado 100.000 euros a Alvise en mayo de ese año, durante la campaña electoral de los últimos comicios europeos, en los que SALF obtuvo más de 800.000 votos y tres escaños.

El eurodiputado ultra ha respondido solo a las preguntas de su abogado y del juez, y se ha acogido a su derecho a no contestar a las preguntas del fiscal y de las acusaciones populares (el PSOE y un grupo de víctimas de Cryptospain, representadas por el despacho de abogados Aránguez). Alvise, según fuentes presentes en la declaración, ha negado la financiación electoral irregular que le atribuyen los investigadores. Sí reconoce que recibió 100.000 euros en efectivo, pero ha sostenido que fue por una “charla sobre libertad financiera”, de unos 30 minutos, que se celebró en el Hipódromo de la Zarzuela.

Según ha asegurado, se lo dieron dos trabajadores del CrytoSpain en sus instalaciones, en el centro de Madrid. Recibió el dinero en efectivo, en un maletín negro, en billetes de 50 y 100 euros, en 10 fajos de 10.000 euros cada uno. El eurodiputado ha afirmado que llevó el dinero a su casa, y ha invertido aproximadamente la mitad en gastos personales y algún viaje de trabajo. La otra mitad, ha dicho, la tiene guardada. Según ha afirmado, no ha gastado nada de ese dinero en su campaña electoral que le costó poco más de 30.000 euros. Por eso los 100.00 nunca constaron en las cuentas de SALF (antes agrupación, ahora ya inscrito como partido político).

Su versión ha sido desmentida por Romillo, que se ha ratificado en lo que denunció ante la Fiscalía. El empresario de criptomonedas asegura que en todas las conversaciones que mantuvieron quedó claro que el dinero era para gastos del partido. Su abogado ha intentado entregar una pericial del teléfono móvil de Romillo, pero el juez ha acordado, a petición del PSOE, que se haga una copia oficial, por lo que el empresario entregará en las próximas horas su teléfono móvil en el Supremo.

La investigación por la supuesta financiación ilegal del Se Acabó la Fiesta (SALF) recayó primero en la Audiencia Nacional, donde ya se investigaba a Romillo por una presunta estafa piramidal cometida a través de una de sus empresas, Madeira Invest Club (MIC), una oficina de inversión a la que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) calificó de “chiringuito financiero”. Pero la causa acabó en el Supremo tras la confesión de Romillo sobre la entrega de 100.000 euros en efectivo a Alvise.

Para los magistrados, los hechos podrían incurrir en un delito de financiación ilegal de partidos, recogidos en el artículo 304 bis del Código Penal y el 49 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que prevé entre uno y cuatro años de cárcel para los responsables de partidos o candidaturas electorales que falsee las cuentas u omita “aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables”. Además, ven indicios de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Los investigadores creen que Alvise solicitó la colaboración de Romillo para crear una wallet (monedero virtual) con objeto de recibir donaciones anónimas destinadas a sostener los gastos de la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 de Se Acabó La Fiesta. Romillo, según los indicios que maneja el tribunal, abrió el monedero virtual y entregó los 100.000 euros a Alvise con la intención de que él, posteriormente, pudiera actuar en distintos foros publicitando tanto su plataforma bancaria Sentinel como la mercantil Madeira Invest Club.

El primer acto de colaboración entre ambos tuvo lugar el 6 de abril en el Hipódromo de La Zarzuela. Ese día, ante 3.000 inversores de Madeira, Alvise hizo defensa de ese chiringuito financiero que, según dijo, escapaba a los controles y permitía obtener una alta rentabilidad sin tributar por ella. Alvise aprovechó el acto para dar a conocer su candidatura europea.

La policía advierte de operaciones “espurias”

Un informe de la Policía Nacional de febrero pasado, al que ha tenido acceso EL PAÍS, advirtió de otra serie de movimientos que apuntan a una posible financiación ilegal de partido. Se trata de varias transferencias por un importe conjunto de 7.000 euros desde una cuenta corriente perteneciente a una empresa llamada Sport Gamala SL a la agrupación electoral SALF, utilizando lo que, según la policía, “a todas luces parece ser una empresa pantalla” denominada Somos Libres SL y “una cuenta puente” de esta.

“Prácticamente sin solución de continuidad”, el dinero recaudado en esta cuenta “sale mediante la ejecución de trasferencias inmediatas” a una cuenta de Se Acabó la Fiesta. En total, se hacen cinco transferencias entre mayo y junio de 2024 por importes de entre 100 y 3.000 euros, hasta sumar 7.000. La policía considera “trascendente” que estas operaciones se hacen en fechas muy próximas, e incluso una el mismo día, a la entrega de los 100.000 euros del empresario Romillo que centra la investigación del Supremo. Y todas tienen lugar en la precampaña y la campaña electoral de las elecciones europeas de 2024, en las que la agrupación electoral de Alvise consiguió más de 800.000 votos y tres escaños.

La Policía califica estas operaciones de “espurias” y “sospechosas” de blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos. Los agentes basan estos indicios en que los pagos se realizan por “importes redondos”, lo que no se corresponde habitualmente con pagos por una actividad comercial. Además, las transferencias carecen de un concepto asociado, lo que impide valorar su procedencia, advierte la policía.

Los agentes describen a las empresas que participaron en estas operaciones como “sociedades instrumentales”. Por una parte, Sport Gamala, advierte el informe, no lleva a cabo “actividad real económica que genere valor añadido alguno”. Fue constituida con el capital social mínimo legal, de 3.000 euros, y sus fondos provienen de otras sociedades consideradas instrumentales. Sus cuentas anuales de 2022 y 2023 muestran pérdidas y un patrimonio neto negativo, y no vendió o facturó en los últimos dos años. Su cuenta bancaria fue cancelada tras una investigación del Fichero de Titularidades Financieras.

Respecto a Somos libres, la policía cree que actúa “como puente financiero” entre Sport Gamala y Se Acabó la Fiesta. Su administrador único, Jorge Gracia Prieto, está vinculado a operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y prostitución, según el Sepblac (el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias). Los agentes advierten también de movimientos de dinero (7.000 euros) desde Sport Gamala hacia Somos Libres, y luego 6.950 euros desde esta empresa a Se Acabó la Fiesta.