La Fiscalía pide al Supremo que investigue a Alvise por financiación ilegal de su partido político

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, por la supuesta financiación ilegal de su agrupación electoral Se Acabó La Fiesta (SALF). En un escrito presentado este lunes ante la Sala Penal, la Fiscalía del alto tribunal informa a favor de que se abra una causa contra Alvise y se le cite a declarar como investigado al apreciar indicios de un delito electoral y otro de financiación ilegal de partidos políticos. Al tratarse de un eurodiputado, el Supremo podría pedir la declaración voluntaria de Alvise, pero, si este se niega, tendría que pedir al Parlamento Europeo que le levante la inmunidad para poder actuar contra él.

La Fiscalía del Supremo ya examinó las sospechas de financiación ilegal de SALF hace un año, después de que el empresario Luis Romillo, conocido en las redes como Luis Cryptospain, presentara en diciembre de 2023 una denuncia en la que se autoinculpaba de haber entregado 100.000 euros a Alvise durante la campaña de los últimos comicios al Parlamento Europeo, tras los que se convirtió en eurodiputado después de que su agrupación electoral consiguiera más de 800.000 votos y tres escaños.

Romillo interpuso su denuncia directamente en la Fiscalía General del Estado, que la remitió a la del Supremo dada la condición de aforado del eurodiputado. Pero esta derivó el caso a la Audiencia Nacional porque el magistrado José Luis Calama tenía ya en marcha una investigación abierta contra Romillo por una presunta estafa piramidal cometida a través de una de sus empresas, Madeira Invest Club (MIC), una oficina de inversión a la que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) calificó de “chiringuito financiero”. Ese caso no salpicaba inicialmente a Alvise, pero, tras conocerse la denuncia de Romillo ante la Fiscalía, dos acusaciones presentaron ampliaciones de denuncias para pedir que se investigara la participación del eurodiputado, y el juez decidió incorporarlas a su causa, pero en ese momento consideró “prematuro” enviarlas al Supremo.

Pero Calama sí optó por dar ese paso meses después, en diciembre pasado, al considerar que existían ya “indicios sólidos” de delito contra Alvise, lo que le obligaba a derivar el caso al alto tribunal para que la Sala Penal decida si abre una causa contra el eurodiputado. El juez de la Audiencia incluyó en su escrito los indicios contra el empresario Romillo para que también le investigue el alto tribunal de forma conjunta con el dirigente de SALF, al apreciar una “íntima conexión” entre las actuaciones de ambos. Son “la cara y cruz de una misma moneda”, señaló Calama.

En el escrito presentado ahora ante el Supremo, la Fiscalía asume esa tesis y pide a la Sala Penal que también encause a Romillo “por conexión” con los hechos que implican a Alvise. El ministerio público reclama, además, que el alto tribunal dicte órdenes para indagar el tráfico de las supuestas wallets (monederos virtuales) creados por ambos para recibir donaciones anónimas que quedaran fuera de todo control público; que se recaben del eurodiputado los justificantes de los pagos realizados “para sostener la campaña electoral”, así como la entrega de documentación e información económica de SALF, incluidos los libros de tesorería, inventarios y balances, cuenta de ingresos y gastos, así como las operaciones de capital y el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. La Fiscalía solicita también un examen de las cuentas corrientes bancarias de Alvise y su agrupación electoral durante 2024.

Ahora es la Sala Penal la que tiene que decidir si encausa a Alvise. En el supuesto de que dé el paso, nombrará un instructor que será quien examine la petición de diligencias por parte de la Fiscalía. Si como es previsible, el eurodiputado se niega a colaborar, el Supremo tendrá que pedir permiso al Parlamento Europeo (a través del llamado suplicatorio) para poder actuar contra él.

En la exposición razonada enviada al Supremo, el juez Calama señalaba que la investigación que él puso en marcha había evidenciado que Alvise solicitó la colaboración de Romillo para crear una wallet con objeto de recibir donaciones anónimas destinadas a sostener los gastos de la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 de Se acabó la Fiesta. Romillo, según el juez, abrió el monedero virtual y entregó los 100.000 euros a Alvise con la intención de que él, posteriormente, pudiera actuar en distintos foros publicitando tanto su plataforma bancaria Sentinel como la mercantil Madeira Invest Club. El primer acto de colaboración entre ambos tuvo lugar el 6 de abril en el hipódromo de la Zarzuela. Ese día, ante 3.000 inversores de Madeira, Alvise hizo defensa de ese chiringuito financiero que, según dijo, escapaba a los controles y permitía obtener una alta rentabilidad sin tributar por ella. Alvise aprovechó el acto para dar a conocer su candidatura europea, “basada en la libertad financiera”, recordó Calama.

Multa del Parlamento europeo

Por otra porte, el Parlamento Europeo ha sancionado este lunes a Alvise Pérez por no declarar sus ingresos previos a asumir su escaño en Bruselas, tal como estipulan las normas de conducta que obligan a todo eurodiputado al comienzo de su mandato. La sanción, anunciada por la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, al inicio del pleno celebrado esta semana en Estrasburgo (Francia), es mínima desde el punto de vista económico: la pérdida del derecho a las dietas por gastos de estancia (350 euros diarios para cubrir “el alojamiento, las comidas y los gastos conexos de cada día que un eurodiputado se encuentra en el Parlamento Europeo por asuntos oficiales”) durante un periodo de dos días, es decir, un total de 700 euros. Según ha explicado la maltesa, la sanción es definitiva dado que el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) no la ha recurrido.

En aras de la “transparencia”, todo eurodiputado está obligado a declarar públicamente los ingresos que generó por su actividad profesional en los tres años previos a su elección, así como por su pertenencia a otros parlamentos, por actividades que siga ejerciendo en paralelo a su trabajo en la Eurocámara y/o por su pertenencia a comités o consejos de administración de empresas, entre otros. La declaración publicada por Alvise Pérez en la web del Parlamento Europeo, presentada el 16 de julio pasado, indica como única actividad previa la de “analista y consultor por cuenta propia” para la que, afirma, no recibe remuneración alguna, sino “solo donaciones”, que no cuantifica.

El incumplimiento de esta norma conlleva, según el código de conducta del legislativo europeo, la imposibilidad de ser elegido “para ejercer cargos en el Parlamento o en los órganos del mismo, ni ser nombrados ponentes, ni formar parte de delegaciones oficiales”, tareas habituales de un representante de los ciudadanos en Europa.