Un juez imputa a la exmilitante socialista Leire Díez por sus supuestas maniobras contra la UCO

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha citado a declarar como imputada el próximo 11 de noviembre a Leire Díez, exmilitante y excargo del PSOE, que se vio envuelta en un escándalo tras difundirse un audio donde insinuaba supuestos favores de la Fiscalía para un empresario encausado en la Audiencia Nacional, a cambio de que este aportara datos comprometedores de determinadas autoridades, incluido miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El magistrado Arturo Zamarriego impulsa así una investigación por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias tras recibir una denuncia contra ella del grupo ultracatólico Hazte Oír.

A través de un resolución de seis páginas, fechada el 24 de julio y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez explica que el pasado 30 de junio abrió este procedimiento tras recibir el escrito de Hazte Oír. Entonces, pidió una opinión preliminar a la Fiscalía de Madrid, que se manifestó a favor de iniciar diligencias previas para indagar en los hechos recogidos por la denuncia, ya que describía supuestos indicios de delito. Tanto el ministerio público como el magistrado, que aún no han entrado a estudiar el fondo del asunto y la veracidad de las imputaciones, se han mostrado muy prudentes, pero consideran que se cumplen los requisitos legales para iniciar unas pesquisas. “Sin perjuicio, claro está, de lo que se pueda acordar en un momento ulterior sobre el sobreseimiento o archivo de la causa, o sobre la apertura del juicio oral, en función de lo que resultare”, recalca el dictamen de Zamarriego.

Además de interrogar a Leire Díez como imputada, el instructor también ha citado a declarar como testigos ese mismo día al empresario Javier Pérez Dolset y al abogado Jacobo Teijelo, que forma parte de la defensa en el Tribunal Supremo de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, investigado por el supuesto amaño de obra pública a cambio de mordidas. Pérez Dolset y Teijelo participaron, junto a la exmilitante socialista, en la reunión con el empresario Alejandro Hamlyn, que está encausado por la Audiencia Nacional por un presunto fraude en hidrocarburos (se encuentra desde junio en busca y captura por no presentarse a su juicio). Según se escucha en un audio de ese encuentro, Díez le pidió a Hamlyn trapos sucios de miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía, mientras le insinuaba que recibiría a cambio supuestos favores del ministerio público.

La denuncia de Hazte Oír afirma que Leire Díez —que llegó a ser responsable de Comunicación de la empresa pública Enusa (2018-2021) y directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos (2022-2024)— “recibió un encargo para neutralizar las investigaciones llevadas a cabo por la UCO sobre delitos supuestamente cometidos por dirigentes socialistas”. Esta unidad ha participado, entre otras, en las pesquisas sobre Santos Cerdán y el exministro José Luis Ábalos; en la causa contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez; y en las indagaciones sobre el hermano del presidente del Ejecutivo.

En su escrito, el grupo ultracatólico recogía que Díez también se reunió con Rubén Villalba, un comandante del instituto armado imputado en el caso Koldo, “para ofrecerle protección judicial y un puesto en la Dirección General de la Guardia Civil a cambio de información sensible para desmontar la Guardia Civil y echar por tierra las causas judiciales que afectan al partido socialista”. Por ello, Zamarriego cita igualmente a Villalba a declarar como testigo.

Tras estallar el escándalo, Leire Díez negó cualquier irregularidad, aseguró que es periodista y que desde hace años indaga “sobre los estragos del falso patriotismo y las tramas de los hidrocarburos” para redactar un libro. Pérez Dolset la respaldó: “Leire Díez lleva investigando conmigo, pero no para mí, desde hace seis años las cloacas del Estado”, dijo el empresario en una entrevista con EL PAÍS.

Este jueves, tras conocer su imputación “por la prensa”, la exmilitante socialista ha añadido que recurrirá la decisión del juez. “Ni he cobrado ni se ha traficado con influencias. Es absurdo. Es esperpéntico”, ha defendido en TVE.

La pasada semana, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad en el Gobierno de Mariano Rajoy e imputado por el caso Kitchen y la guerra sucia contra Podemos, afirmó en una entrevista en EL PAÍS que Leire Díez también pidió reunirse con él: “Se produjeron dos encuentros muy breves. A través de un abogado, se interesó en hablar conmigo porque quería información comprometedora a cambio de poder llegar a un acuerdo en las causas en las que yo estaba involucrado”. ¿En nombre de quién decía hablar? “De la cúpula del PSOE”. ¿Le ofrecía pactos con la Fiscalía? “Claro, pero de una forma muy abstracta”, respondió el exdiputado del PP a las preguntas de este periódico.

Existen, al menos, cuatro denuncias o querellas contra Leíre Díez por los mismos hechos presentadas por diferentes asociaciones, que han recabado en varios juzgados de Badajoz y Madrid, además de una del PP ante la Fiscalía Anticorrupción. Varias fuentes jurídicas apuntan a la posibilidad de que tendrán que acabar todas unificadas en un único juzgado.