El juez espera cuatro informes clave de la UCO para completar el cerco a Ábalos y Cerdán

Los avances en la investigación abierta en el Tribunal Supremo que implica a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, mantienen en vilo al partido y al Gobierno, ante la incertidumbre sobre la información que pueda estar por llegar. El magistrado Leopoldo Puente espera cuatro informes de la Guardia Civil que serán clave para el futuro de las pesquisas y, previsiblemente, de la legislatura. Los agentes examinan ya la información patrimonial de Ábalos y prevén adentrarse en breve en la de Cerdán, a lo que se suma el análisis de las obras sospechosas de amaño y el rastreo de las comunicaciones de los miembros de la trama con dirigentes socialistas.

A la información ya reclamada por el juez, se suma la intervenida por la UCO en los 11 registros realizados la semana pasada en los domicilios de Ábalos y de empresarios supuestamente implicados en la trama. Los agentes tienen ahora que iniciar nuevos análisis sobre miles de documentos en papel y 59 dispositivos electrónicos intervenidos, cuyo contenido es una incógnita.

Estos son los informes que ya prepara la UCO para los que espera obtener el aval del juez:

Cruce de comunicaciones entre los investigados y “cualquier aforado”. La petición más antigua que tiene la UCO por parte del magistrado Puente es también una de las que más información puede aportar. El pasado 4 de febrero, el juez reclamó a la Guardia Civil un informe a partir de las comunicaciones telefónicas entre Aldama, Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García. El juez solicitó también a los agentes que rastrearan todos los dispositivos “con especial referencia” a los mensajes que pudieran haber intercambiado con el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres ―uno de los señalados por Aldama― “o subordinados de este”, así como con Cerdán o “con cualquier otra persona aforada ante este Tribunal Supremo”, lo que incluye al presidente del Gobierno, los ministros, los diputados y senadores. Esta petición responde a la declaración que hizo el comisionista en la Audiencia Nacional en el que aseguraba haber entregado mordidas a distintos políticos.

Información patrimonial de Ábalos. El instructor reclamó a la Guardia Civil el 20 de marzo que se recabara toda la información de las seis cuentas de La Caixa en las que el exministro figura como titular o autorizado, así como de los productos bancarios y financieros contratados con esta entidad, los movimientos de las cuentas, el cobro de cheques o transferencias entre 2014 y 2024, y los posibles avisos del banco, si los ha habido, por sospecha de blanqueo que se hubieran comunicado al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

El mismo día, Puente acordó pedir a Hacienda toda la información fiscal de Ábalos de los últimos 10 años, con detalle de sus cuentas, bienes en España y en el extranjero, y donaciones realizadas, entre otros datos. También pidió, en este caso a la Generalitat valenciana, la información que conste sobre la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), vinculada al exministro de Transportes y su familia. Este informe, que completa a uno anterior entregado en marzo y que fue elaborado con información accesible en fuentes abiertas, es el que se encuentra más avanzado, según apuntan fuentes cercanas al caso.

Obras señaladas por Aldama. Puente encargó a la UCO el 23 de abril un informe sobre el proceso de adjudicación de las obras que aparecían destacadas en fluorescente en la documentación aportada en el Supremo por Aldama. Esa documentación contenía pantallazos de conversaciones de WhatsApp y listados de obras que, según el comisionista, fueron adjudicadas a determinadas empresas a cambio de algún tipo de contraprestación. En esos listados había anotaciones manuscritas de Koldo García, según ha certificado una prueba pericial encargada por el juez. El instructor pidió a los agentes que identificaran a la empresa que finalmente resultó adjudicataria de cada una de esas obras y fiscalizara el procedimiento de adjudicación en busca de supuestas irregularidades.

Cuentas y datos fiscales de Cerdán. La UCO solicitó el miércoles al magistrado autorización para recabar de BBVA, Caixabank y la Caja Rural de Navarra información sobre cinco cuentas bancarias ―algunas ya cerradas― que aparecen a nombre de Cerdán junto a su esposa y otros familiares. El objetivo es elaborar un informe patrimonial similar al que se está haciendo de Ábalos. La petición excluye expresamente los depósitos a nombre del PSOE o de la Fundación Pablo Iglesias en las que el exsecretario de Organización pudiera aparecer como autorizado.

La Guardia Civil ―que hizo la petición dos días después de que el exdirigente socialista hubiera renunciado a su escaño y, por tanto, perdido el aforamiento― pretende acceder a los datos, entre 2014 y 2024, de estas cinco cuentas, desde el cobro de cheques a las transferencias emitidas y recibidas superiores a 300 euros, o la posible existencia de cajas de seguridad. También plantea pedir a los bancos cualquier “información sospechosa de blanqueo de capitales” que hubieran remitido al Sepblac. Además, la UCO ha planteado al juez pedir a la Agencia Tributaria la información fiscal de Cerdán referida al mismo periodo.

Los 38 dispositivos de Ábalos. El registro, el pasado 10 de junio, de una vivienda y un local en Valencia propiedad del exministro permitió a la UCO intervenir 38 dispositivos electrónicos (10 discos duros, tres teléfonos móviles, una tarjeta SIM de telefonía, dos tarjetas de memoria y 22 memorias USB). Según detallaba en el auto en el que autorizaba la entrada en la vivienda, el magistrado espera con ello, y “pese al tiempo transcurrido” desde el inicio de la investigación, encontrar “elementos, efectos o instrumentos procedentes del delito o reveladores de la comisión del mismo” sobre la presunta participación de Ábalos, cuando era el titular de Transportes, “en la adjudicación de determinadas obras en favor de concretas empresas a cambio de un precio o compensación económica”.

Esta ingente documentación digital deber ser ahora analizada por los agentes para elaborar un informe específico o completar otros ya en marcha sobre el exdirigente socialista, sin descartar que permita abrir nuevas líneas de investigación.

Empresarios y mercantiles. El mismo día de la entrada en la vivienda de Ábalos, la UCO acudía a los domicilios de cinco empresarios y las sedes de tres empresas a hacer registros. También se personaba en la sede de Acciona con un requerimiento de documentación sobre cinco adjudicaciones bajo sospecha de obras públicas licitadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y la Dirección General de Carreteras, ambos dependientes de Transportes.

En total, la Guardia Civil intervino 21 dispositivos electrónicos entre teléfonos móviles, ordenadores portátiles, discos duros y pendrives, y miles y miles de folios. En el caso del registro en la vivienda en Elorrio (Bizkaia) de Joseba Antxon Alonso, dueño de Servinabar 2000, la empresa considerada clave en el inicio de la trama, el volumen de papel intervenido fue tan grande que los agentes optaron por introducirla directamente en cajas de cartón al considerar que no era “factible el foliado y sellado” de cada página.

Entre esos documentos estaba la “escritura privada” de compraventa de participaciones con la que el empresario vasco supuestamente transfirió en 2016 a Cerdán el 45% de la misma. El análisis de todo ello está ya en la lista de tareas pendientes de los agentes.