Feijóo plantea facilitar la expulsión de inmigrantes con papeles que delincan

Alberto Núñez Feijóo sigue endureciendo su discurso y sus propuestas sobre la inmigración, en plena pugna con la extrema derecha por abanderar la mano dura contra los extranjeros. El líder del PP ha avanzado este miércoles otro paso al plantear, por primera vez, que sea más fácil expulsar a los inmigrantes con residencia legal en España en el caso de que delincan. “Debemos de replantearnos si determinados delitos que hoy no dan lugar a la expulsión deben de dar lugar en el futuro”, ha reflexionado en una entrevista en Cuatro. “Esto para la inmigración regular. Para la irregular, un delito debe conllevar de forma inmediata la expulsión”, ha incidido.

Feijóo lleva semanas defendiendo la expulsión inmediata de los inmigrantes en situación irregular que delincan, pero este miércoles ha ido más lejos al poner encima de la mesa que se expulse también con mayor facilidad a los extranjeros con residencia legal en España si cometen algún delito. El líder del PP propone un catálogo más amplio de delitos que den lugar a la deportación de un inmigrante con papeles, pero no ha precisado con cuáles. A preguntas de EL PAÍS, fuentes de Génova no dan más detalles con el argumento de que Feijóo ha llamado a una “reflexión”.

El Código Penal español contempla en el artículo 89 la expulsión del territorio español de los ciudadanos extranjeros que sean condenados con una pena de prisión de más de un año. La expulsión en estos casos puede ejecutarse aunque el inmigrante tenga residencia legal o permiso de trabajo. Una gran cantidad de delitos conllevan penas de cárcel superior a un año, como por ejemplo los robos con violencia, el tráfico de drogas o la tenencia ilícita de armas, además de todos los graves como el homicidio o asesinato o las agresiones sexuales.

El juez puede decidir que no procede la expulsión de un inmigrante si valora que hacerlo resulte desproporcionado, por su arraigo en España, como por ejemplo en el caso de padres de menores españoles o residentes legales en España, o en los casados con un ciudadano español, o con residencia de larga duración, de más de diez años. También en el caso de que haya riesgo de persecución o tortura en su país de origen o esté protegido por el derecho de asilo, o en el caso de las mujeres embarazadas si hay riesgo para ella o el feto. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional establece que las expulsiones de los extranjeros deben ser proporcionales, justificadas y respetuosas con el derecho a la vida familiar.

En caso de ser expulsado, el extranjero no podrá regresar a España en un plazo de cinco a diez años.

Solo el hecho de encontrarse de forma irregular en España, sin autorización de residencia o con esta caducada, ya puede suponer para un extranjero la expulsión del país, según el artículo 57 de la Ley de Extranjería.

“La inmigración es un fenómeno europeo, no se puede tratar ni con populismo ni con buenismo”, ha defendido el líder popular. El jefe de la oposición pide “hacer una reflexión sobre el Código Penal y la inmigración ilegal. Y modificar las leyes” para agilizar las expulsiones, tanto en el caso de los sin papeles como en el de los regulares. “El inmigrante no ha nacido con el ADN de la violencia y la delincuencia, pero no se puede mirar para otro lado”, ha enfatizado Feijóo, que insiste en exigir a los extranjeros que lleguen a España que lo hagan para trabajar, cumplir las leyes y “aceptar los valores y la cultura” españoles.

La melodía suena en la misma frecuencia de onda que Vox, aunque la extrema derecha va mucho más lejos que el PP hablando de deportaciones masivas, de las que los populares sí se han desmarcado. A principios de julio, el partido de Santiago Abascal planteó por vez primera abiertamente de deportar a siete u ocho millones de personas de origen extranjero, incluidos inmigrantes de segunda generación: es decir, nacidos ya en España.

El líder del PP ya había dado una vuelta de tuerca a su discurso tras los incidentes en Torre Pacheco (Murcia), donde grupos racistas y xenófobos llamaron a “la caza del inmigrante” y dieron una paliza a un menor tras la agresión sufrida por un vecino de la localidad. Entonces, el presidente de los populares difundió una declaración grabada, sin posibilidad de preguntas, en la que condenó “toda forma de violencia con independencia de quién la ejerce”, pero añadió varias coletillas alineadas con el discurso de la extrema derecha, vinculando inmigración con inseguridad y delincuencia. “Mientras hablamos de los inmigrantes ilegales de Torre Pacheco siguen llegando más inmigrantes ilegales a nuestras costas (...) Sé que [el Gobierno] está usando los disturbios para tapar sus cesiones al separatismo y su corrupción, pero lo único que ha hecho evidente es que ni hay política de seguridad ni hay política migratoria”, dijo.

El PP endureció su postura sobre el fenómeno migratorio en su último congreso de principios de julio, en línea con otros partidos conservadores en Europa y a rebufo de la extrema derecha. En la ponencia aprobada en el cónclave, los populares desligan el empadronamiento del acceso de los inmigrantes en situación irregular a las prestaciones económicas no contributivas, “porque la irregularidad no puede generar derechos”, y condicionan la residencia de larga duración “a la contribución efectiva al sistema de Seguridad Social, al conocimiento del idioma y de la cultura española”. Los inmigrantes en situación irregular en España no pueden acceder al ingreso mínimo vital (IMV). Para acceder a esta prestación, es necesario acreditar la residencia legal en España durante al menos un año.

El PP apuesta además por poner más trabas a la llegada de inmigrantes, e insiste en la idea de que estos deben integrarse y hablar español y respetar la “cultura española”. “Devolveremos al arraigo y a la reagrupación familiar su carácter excepcional, porque se ha convertido en una vía opaca de regularización masiva sobre la que el Estado apenas ejerce control”, afirma el ideario del PP, que destaca también la “tolerancia cero con aquellos que cometen delitos, especialmente los reincidentes, y con los que no se quieren integrar”.