La inmigración ahonda la grieta entre bloques en la política española

España ya no es la excepción europea. La inmigración ha llegado también como elemento central del debate político a uno de los países de la UE con más historia reciente de emigración. Las algaradas ultraderechistas a “la caza” de inmigrantes en Torre Pacheco han reactivado el choque entre los dos grandes bloques de la política española y todos los partidos se están posicionando de forma clara: el PP endurece su discurso crítico con la inmigración —Feijóo exigió a los inmigrantes “respeto e integración” y dijo que en caso contrario “no son bienvenidos”, planteando así una división entre extranjeros buenos y malos—, pero también critica a los grupos ultra que agreden a las personas de origen extranjero, mientras Vox hasta llega a decir que la “inacción” del Ejecutivo está llevando a que los ciudadanos “tomen la justicia por su mano”.

Y el Gobierno y sus socios de izquierdas aportan datos sobre las bondades de la inmigración en un país como España, envejecido y en pleno crecimiento económico, y por tanto necesitado de mano de obra, y trata de desmontar con cifras oficiales los bulos de la ultraderecha que vinculan inmigración y delincuencia.

Un dato es muy elocuente: mientras la inmigración crece, la delincuencia baja, y España sigue siendo uno de los países más seguros de Europa. El debate está servido y todo indica que irá in crescendo hasta las próximas elecciones, donde todo indica que será una cuestión central, como lo ha sido en la campaña de EE UU o de otros países europeos.

La tensión crece a diario en Torre Pacheco, tomada como laboratorio social por ultras ajenos al pueblo que tratan de forzar el descontrol de la situación mientras la Guardia Civil lo blinda para evitar reyertas, y la fiscalía de Murcia investiga si existen indicios de delito en las manifestaciones públicas del presidente regional de Vox, José Ángel Antelo, que ha vinculado la inmigración y la violencia a raíz de los altercados. Ya son 13 los detenidos por estos disturbios, mientras el presunto autor de la agresión a un vecino está ya en prisión sin fianza. Además la Guardia Civil detuvo en Mataró (Barcelona) a C. L. F., acusado de ser una de las personas que “ejerce labores de dirección dentro del movimiento de carácter supremacista xenófobo Deport Them Now UE” (Deportadlos ahora), la plataforma que ha alentado en los últimos días a través de internet la “cacería” contra el colectivo magrebí en Torre Pacheco (Murcia), según el Ministerio del Interior. El Gobierno parece así decidido a atajar de raíz el incipiente movimiento de corte fascista de caza al inmigrante.

La memoria histórica de un país en el que varias generaciones tienen la emigración muy presente en las narraciones de las peripecias familiares —ya sea a Francia, a Alemania, a Suiza, a Argentina o a México—, ya no basta como antídoto. El racismo crece y las redes lo amplifican, especialmente entre los más jóvenes. La ultraderecha de Vox ha convertido el rechazo a la supuesta “invasión migratoria”, que los datos no avalan de ninguna manera, en el eje central de su discurso y el PP, en competencia electoral con el partido de Santiago Abascal, que de alguna manera es una escisión suya, también ha endurecido su posición en este asunto a la búsqueda de votos con una cuestión muy sensible. Y mientras, la coalición progresista del Gobierno sale a la ofensiva en defensa de la inmigración con todo tipo de datos para combatir los bulos y los mensajes de odio que dominan las redes en estos días y también para intentar reactivar a la izquierda frente a la amenaza de estos pogromos del siglo XXI, cuyo esquema mental y escenografía no es muy diferente a los del siglo XX, aunque de momento se ha logrado evitar que llegaran, como entonces, a dejar muertos en el camino.

El Gobierno ha decidido no esconderse y jugar fuerte en el tema de la inmigración, convencido de que las durísimas imágenes de Torre Pacheco pueden generar una reacción de rechazo fuerte entre sectores progresistas e incluso conservadores moderados que desconfían de los mensajes más ultras de Vox, aliado con el PP en Murcia, donde acaban de cerrar un pacto de Presupuestos que también incluía, por ejemplo, negarse a recibir a ningún menor no acompañado pese a la petición de ayuda de Canarias, gobernada también por el PP junto a Coalición Canaria.

Mientras otros gobiernos progresistas de Europa, como el británico de Keir Starmer, o antes el alemán de Olaf Scholz, han girado su discurso migratorio hacia la derecha, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz apuestan a una defensa clara de una visión progresista y positiva de la inmigración, eso sí legal y con garantías laborales, para evitar la explotación. Esta posición, que es minoritaria en los ejecutivos europeos pero que Sánchez y Díaz llevan hasta el final, quedó clara el 9 de octubre de 2024 en un pleno monográfico pedido por la derecha en el que el presidente, que como parte de los españoles tuvo un padre y un abuelo que emigraron a Alemania antes de que él naciera, desplegó decenas de datos contundentes. “En los próximos años, Europa perderá más de 30 millones de personas en edad de trabajar. Más de la mitad de las empresas españolas tienen problemas para cubrir la necesidad de mano de obra. Además, los inmigrantes tiene una tasa de actividad cuatro puntos superior a los nacionales. Usan los servicios públicos un 40% menos que los nacidos en España. Y sin ellos, sectores como la agricultura, la construcción, la hostelería, se hundirían”, clamó.

Entonces el debate pasó desapercibido por la última polémica de ese día sobre una ley que puede ayudar a la salida de la cárcel de algunos presos de ETA, pero el Gobierno lo tiene muy preparado y ha decidido dar esta batalla. Por eso este martes la portavoz, Pilar Alegría, difundió más datos y sobre todo desplegó un discurso político contra Vox, al que acusa de “chapotear diariamente” en el odio al inmigrante y también contra el “silencio cómplice del PP”, su aliado en varias autonomías y en más de 100 ayuntamientos, y su posible socio en una futura coalición de Gobierno en La Moncloa. “No hay ningún dato que avale la vinculación entre inmigración y delincuencia. España tiene una de las tasas de delitos más bajas del mundo, y ha bajado siete puntos desde 2011”, resaltó.

Datos de Interior facilitados a EL PAÍS indican que mientras entre 2011 y 2025 el porcentaje de extranjeros ha crecido dos puntos, de un 12,2% a un 14,2%, la tasa de criminalidad convencional, la que se suele vincular con la inseguridad, ha bajado siete puntos, de 47,6 infracciones por mil habitantes en 2011 a 40,6 en 2025. Además, la tasa de criminalidad convencional lleva dos trimestres bajando. En el caso de Torre Pacheco, sí ha habido entre 2024 y 2025 un aumento leve de la criminalidad convencional, del 3,6%, pero con una subida importante en delitos muy graves como el homicidio, que ha pasado de 1 a 4. Lo que sí es cierto, y forma parte del discurso de Vox, es que en toda España están aumentando de forma exponencial las denuncias de agresión sexual, algo que en cualquier caso no tiene nada que ver con el episodio de Torre Pacheco, donde hubo una agresión común a un vecino por parte presuntamente de un inmigrante legal, con NIE, que no es del municipio. Los expertos sostienen que este aumento de las denuncias de agresiones sexuales tiene que ver con varios factores y en especial con una mayor conciencia de las víctimas que están más dispuestas a acudir a la policía contra su agresor, un camino siempre complejo, como se vio en el reciente caso de Dani Alves.

Alegría mostró la gran inquietud del Gobierno ante la deriva que está tomando el racismo en España. “Cuando el odio es alimentado a través de las mentiras se convierte en el combustible más inflamable que tenemos. Las consecuencias pueden ser desconocidas. Y este combustible se vuelve más inflamable cuando señalas a un grupo de personas que crees que es diferente por su color de piel o sus creencias y cuando vinculas inmigración con violencia”, señaló. Y explicó que los extranjeros aportan el 10% de los ingresos de la seguridad social pero suponen el 1% del gasto, sobre todo porque en su gran mayoría son jóvenes y por tanto ni cobran pensiones ni usan tanto la sanidad pública como las personas de más edad, donde los españoles son muy mayoritarios. Además, el 25% del reciente crecimiento del PIB per cápita español se debe a los extranjeros, claves en el aumento del empleo en los últimos años.

Mientras, el PP y Vox viven su propia batalla interna dentro de la derecha con este asunto, en el que ambos compiten en dureza pero con matices muy diferentes. Vox abiertamente evita condenar la violencia de encapuchados con simbología ultra que destrozaron por ejemplo un kebab abierto hace años en Torre Pacheco. Su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, llegó a decir que es comprensible que la gente “se tome la justicia por su mano” ante la situación de inseguridad creada. “Vox está aprovechando irresponsablemente todo lo que está pasando en lugar de contribuir a que llegue la normalidad en Torre Pacheco”, le reprochó la portavoz del PP, Ester Muñoz.

Sin embargo, el PP quiere colocarse en una posición equidistante entre Vox y el Gobierno, al que también critica, y sobre todo no deja de lanzar un discurso de fondo contra la inmigración, o al menos una parte de ella. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, sostiene que el Ejecutivo de Sánchez “ha fracasado en su deber de proteger la convivencia” y deja caer que hay un problema de integración, que es algo que dice mucho Vox. Feijóo señala que los inmigrantes tienen que integrarse y mostrar respeto a las costumbres españolas o tendrán que irse, y divide entre los buenos, que sí lo hacen, y los malos, que no. En realidad ninguna normativa de expulsión contempla la falta de respeto a costumbres españolas, sino la comisión de delitos probados. Y aún así, en el caso de los extranjeros que residen legalmente, tampoco está previsto, y en los de segunda generación, de los que también habla Vox, que son españoles de pleno derecho nacidos en el país, como la generación de la estrella de fútbol Lamine Yamal, directamente son inexpulsables porque les ampara la Constitución: todo español tiene derecho a vivir en España, y no puede ser desprovisto de su nacionalidad.