El dueño de la empresa navarra de la trama acude al Supremo para aclarar sus vínculos con Cerdán

Nueva jornada relevante en el Tribunal Supremo en la investigación que ha llevado a prisión al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y ha puesto judicialmente contra las cuerdas al exministro socialista José Luis Ábalos y al antiguo asesor de este, Koldo García. Este lunes estás previsto que declaren como imputados ante el magistrado Leopoldo Puente dos de los empresarios a los que los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil otorgan gran relevancia en la presunta trama de corrupción. Se trata de Joseba Antxón Alonso Egurrola, dueño de la empresa Servinabar 2000 SL, de la que presuntamente tenía una participación del 45% Cerdán; y Fernando Merino Vera, exdirectivo en Navarra de Acciona, la gran constructora señalada como principal beneficiada en el supuesto amaño de contratos de obra pública del Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos, y al que los investigadores consideran uno de los presuntos corruptores.

El primero se ha convertido, de hecho, en uno de los personajes clave en la investigación tanto en su vertiente económica como política. En la primera, constituyó en septiembre de 2015 la sociedad Servinabar, señalada por la UCO como el supuesto embrión de la trama que años más tarde anidaría en el departamento de Ábalos. En la segunda, y como admitió Cerdán cuando declaró la semana pasada en el Supremo horas antes de ingresar en prisión, ayudó al ahora exdirigente del PSOE a contactar con PNV y EH Bildu en las negociaciones que, en 2018, desembocaron en que ambas formaciones apoyaran la moción de censura contra Mariano Rajoy que llevó a Pedro Sánchez al Gobierno. Arnaldo Otegi reconoció el pasado jueves este papel de Alonso como enlace.

Tanto Alonso como su empresa Servinabar ya habían aparecido citados en dos informes de la UCO, de diciembre de 2022 y mayo de 2023, incorporados al sumario que se instruye en la Audiencia Nacional por la supuesta compra irregular de mascarillas y material sanitario en lo peor de la pandemia por varias administraciones públicas, aunque entonces no se conocía su presunta relevancia en la trama. Ha sido en los últimos meses, tras saltar la investigación al Supremo y desbordar aquellas pesquisas iniciales tras las declaraciones del empresario y comisionista Víctor de Aldama, cuando han ganado enorme protagonismo.

En el auto en el que autorizó el registro el pasado 10 de junio tanto del domicilio de Alonso como de la sede de la mercantil, el magistrado destacaba la “antigua relación” de este empresario vasco con Koldo García que les había llevado a constituir en junio de 2015 de manera conjunta una cooperativa llamada Noran Coop, tres meses antes de crear Servinabar. Sobre esta última, el juez destacaba que “pese a sus mínimas dimensiones y nula experiencia en el negocio de la construcción”, formó una unión temporal de empresas (UTE) con Acciona Construcciones, que obtuvo varios contratos de obra pública ahora bajo sospecha.

En aquel registro, la Guardia Civil localizó un contrato privado firmado el 1 de junio de 2016 por el propio Alonso y Cerdán por el que este último, tras comprometerse a pagar 6.000 euros, se hacía con casi la mitad de las participaciones de Servinabar 2000 SL. En la declaración ante el magistrado de la semana pasada que precedió a su ingreso en prisión, el exdirigente del PSOE admitió haber firmado ese documento, pero aseguró que nunca se materializó la compra.

Las explicaciones del político no convencieron al magistrado que en el auto por el que lo envió a la cárcel de Soto del Real (Madrid) afirmaba que “resulta inequívoca su vinculación” con la sociedad. La Guardia Civil ya había apuntado que el político tenía cierto poder de decisión en la mercantil “para aspectos tan relevantes como la ejecución de pagos, suministro de otros servicios y bienes a cargo de las sociedades, como vehículos y teléfonos, e incluso el alquiler de una vivienda en Madrid” para él en 2017. La sede de Servinabar en Pamplona también ha sido registrada.

El otro empresario citado a declarar este lunes es Fernando Merino, al que la Guardia Civil señala como el presunto corruptor desde su cargo de directivo de Acciona Construcciones en Navarra. Supuestamente empezó a operar en esta comunidad con Cerdán y García, para luego, tras la llegada de este último a Transportes como asesor de Ábalos, expandirse a este ministerio. La UCO incide en que fue el propio Merino quién supuestamente introdujo en este departamento a sus dos cuñados, los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, apoderado y administrador mancomunado respectivamente de la constructora OPR (Obras Públicas y Regadíos) para que consiguieran también adjudicaciones.

Tras conocerse la presunta implicación de Merino en la trama, Acciona emitió un comunicado para marcar distancias con él. La multinacional afirmó que lo había despedido el 12 de abril de 2021 —aunque, como publicó EL PAÍS, no inscribió en el Registro Mercantil su revocación como apoderado de la compañía hasta marzo de 2023 —. Para entonces, el directivo ya había constituido su propia sociedad, Mer Construcciones y Asesoramiento SL. Esta firma, creada en febrero de 2020, hizo la reforma del chalé que Koldo García compró en Polop de la Marina (Alicante).

La comparecencia de Alonso y Merino se produce después de que el juez Puente tomara declaración el pasado viernes como imputados, precisamente, a los hermanos Fernández Menéndez. También declaró ese día como investigado el empresario José Ruz, de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), otra de las empresas que presuntamente se benefició irregularmente de adjudicaciones. Los tres negaron ese día en el Supremo haber pagado comisiones a Cerdán, Ábalos o García, aunque Ruz admitió haberle pedido a este último una reunión con el exsecretario de Organización del PSOE para intentar conseguir contratos, aunque no concretó si se reunieron o no. Los tres salieron del alto tribunal con las medidas cautelares que solicitó para ellos la Fiscalía Anticorrupción al terminar las declaraciones: tendrán que comparecer cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio, y a Ruz, además, se le prohibió salir de España y se le retiró el pasaporte.