Hacienda anuncia una revisión de las rebajas fiscales del ‘caso Montoro’ para decidir si las revertirá

El Gobierno se ha puesto manos a la obra para decidir si desmantelará las rebajas fiscales aprobadas durante la segunda etapa de Cristóbal Montoro (PP) al frente del Ministerio de Hacienda, medidas que beneficiaron supuestamente a sectores empresariales concretos a cambio de dinero y que han detonado al ya conocido como caso Montoro. Así lo ha anunciado este jueves la actual titular del departamento, María Jesús Montero, quien ha asegurado que Hacienda “está revisando todas aquellas normas que se pudieron impulsar durante la etapa del ministro Montoro que afecten a sectores, a grandes empresas”, con el objetivo de determinar si “han provocado un descalabro en los ingresos del Estado”. Y, en su caso, revertirlos. ”Estamos explorando todas las fórmulas", ha asegurado. El ministerio evita precisar los plazos y el alcance de la revisión y se remiten a las palabras de la vicepresidenta.

La también vicepresidenta primera del Gobierno ha matizado que la revisión no supondrá hacer tabula rasa de la legislación aprobada por su antecesor. “La voluntad del Gobierno es que, por supuesto, todo aquello que haya sido puesto a disposición de un interés general se preserve. Pero aquello que ha beneficiado a grandes privilegios, a grandes empresas, a sectores minoritarios, efectivamente se devuelva al Estado“, ha asegurado en una entrevista en TVE. El propósito, ha dicho, consiste en ”restablecer una normalidad que se alteró por un interés espurio, por unos pagos en que efectivamente se benefició un equipo económico, ni más ni menos, que del Ministerio de Hacienda”.

Montoro, ministro de Hacienda con José María Aznar (2000-2004) y Mariano Rajoy (2011-2018), está imputado junto a otras 27 personas por haber supuestamente impulsado cambios legislativos en beneficio de sectores empresariales concretos a cambio de dinero —principalmente, compañías gasísticas, pero no solo— cuando ocupaba el cargo de máximo responsable del ministerio. Según el juez, en el epicentro de la trama se encontraría Equipo Económico, un despacho de asesoría fundado en 2006, tras el mandato de Aznar como presidente, por el propio Montoro —que lo abandonó dos años después— y varios altos cargos del ministerio.

Cuando Montoro volvió a dirigir Hacienda, en 2011, su primer grupo de colaboradores en el ministerio trabajó presuntamente desde ese despacho privado para que la nueva cúpula ministerial aprobara rebajas fiscales en favor de las empresas que contrataban sus servicios. Entre los imputados hay altos cargos de Hacienda tanto de la primera como de la segunda etapa de Montoro al frente del ministerio, además de las empresas que supuestamente se han beneficiado de las modificaciones legislativas y sus administradores.

Montero ha sido cauta sobre la merma que los cambios normativos impulsados por la supuesta trama pueden haber causado en las arcas públicas, aunque la investigación apunta a importes millonarios. “Es prematuro hablar de cifras”, ha dicho la ministra. “Imagino que la UCO y los juzgados tendrán sus propias estimaciones. Lo que tenemos que ver efectivamente es que podamos revertir esta situación para que no se siga produciendo, pero saben ustedes que en materia de fiscalidad no se puede tener un comportamiento que pueda ser gravoso para el contribuyente a nivel retroactivo”, ha recordado. Es decir, que, aunque se reviertan las leyes de Montoro objeto de investigación, no se podrán exigir los eventuales ahorros fiscales de forma retroactiva de los cuales se han beneficiado las sociedades.

La vicepresidenta primera también ha criticado duramente que el Ministerio de Hacienda de Montoro accediera presuntamente a los datos fiscales de empresarios, políticos, periodistas y otros ciudadanos —entre ellos, el exministro de Economía Rodrigo Rato o la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre—, algo que la ley prohíbe. “El problema es qué uso se hace de los datos fiscales. ¿Para qué necesita un ministro conocer datos fiscales de determinadas personas?“, se ha preguntado Montero.

“Yo le puedo asegurar que en esta etapa del Gobierno del presidente Pedro Sánchez, desde que yo soy ministra de Hacienda, nunca jamás hemos tenido acceso ni nos ha interesado ningún dato fiscal porque no tiene ningún sentido”, ha asegurado la ministra. “Lo importante es que dé explicaciones en el sitio que corresponde, en este caso en los juzgados de por qué estaba manejando esta información y sobre todo qué uso hizo de ella. ¿Amenazó a esas personas con inspecciones fiscales o con cualquier otro tipo de cuestión? (...) Me parece inconcebible que un ministro de Hacienda se aproveche de esa información para pedir algo a cambio”.

La semana pasada, Hacienda cesó a dos cargos imputados en el caso que seguían trabajando en la Administración pública. Se trata de Óscar Del Amo Galán, ex subdirector general de Tributos Locales, y Rogelio Menéndez, hasta el viernes pasado director Económico Financiero de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Fue asesor del Gabinete del ministro de Hacienda entre 2013 y 2015 y es hermano de otro de los imputados, Santiago Menéndez, director general de la Agencia Tributaria entre 2013 y 2018.