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El exsecretario de Estado de Hacienda deja su trabajo en Kreab tras ser imputado en el caso Montoro

Miguel Ferre acuerda con la consultora suspender su actividad en la firma. Es el primer imputado de la trama Montoro que deja su trabajo en el sector privado

Acto de posesión de altos cargos del equipo del Ministerio de Hacienda en enero de 2012, donde aparecen el exministro Cristóbal Montoro y el entonces secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré.

El exsecretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha dejado su actual trabajo en la consultora de asuntos públicos Kreab, después de que el juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona le haya imputado en el caso Montoro, donde se investiga la potencial comisión diversos delitos como fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios o falsedad documental. Se investiga si Hacienda durante la etapa del Gobierno de Rajoy influía en la redacción de leyes a favor de empresas que pagaban al despacho que fundó el exministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

“A raíz del procedimiento judicial abierto por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, en el que se encuentran investigados el exministro de Hacienda y otras 27 personas, por hechos ocurridos hace más de una década sin vinculación alguna con Kreab, informamos que Kreab y Miguel Ferre han acordado suspender el ejercicio de sus funciones como Senior Partner de Asuntos Públicos en la Firma”, señala Kreab en un comunicado en el que explica que “esta decisión se adopta para preservar la normal operativa de la empresa, así como permitir que Miguel Ferre pueda atender adecuadamente su defensa”. Es el primer imputado de la trama Montoro que deja su trabajo en el sector privado.

La consultora de asuntos públicos y comunicación sostiene que “aplica de forma estricta sus normas internas de cumplimiento en todas sus relaciones con instituciones públicas y privadas, en defensa de los intereses de nuestros clientes y de la propia compañía”.

Miguel Ferre Navarrete fue secretario de Estado de Hacienda entre 2011 y 2016, nombrado a propuesta de Montoro. El juez afirma que está probada su relación con Equipo Económico y empresas vinculadas al despacho y subraya que ocupaba uno de los “cargos decisivos para que los textos de los Anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento a elevar recogieran las pretensiones concertadas con las gasistas”. El auto señala que así lo confirman los correos intervenidos en la investigación, en los que Ferre Navarrete aparece “reiteradamente” mencionado.

Destaca que, en un correo de octubre de 2013, comunicó al director general de Feique (Federación Empresarial de la Industria Química Española) las razones por las que no cabía atender sus pretensiones. “Estas razones desaparecen unos meses más tarde, coincidiendo con la intervención de EE”, continúa. Y añade que, poco antes de iniciarse la tramitación de una de las normas que cristalizaron la reforma fiscal de 2014 —Ley 28/2014, del 27 de noviembre—, Ferre “se reúne con las gasistas”.

Sea como fuere, desde Kreab reiteran “la importancia de respetar la presunción de inocencia y de evitar juicios precipitados que puedan causar daños irreparables a la dignidad y reputación de las personas investigadas”. Tras la salida de Ferre, Pablo Vera, un socio de la casa, asumirá la dirección de ese área.

Ferre no es el único imputado de la trama Montoro que trabajaba actualmente en el sector privado. Hay al menos otros tres que tienen distintas responsabilidades en firmas de prestigio como EY (José Alberto García Valera), Gómez-Acebo & Pombo (Diego Martín-Abril Calvo) o Logista (Pilar Platero). La salida de Ferre genera presión sobre el resto de compañías, algunas de las cuales ya admiten que han activado sus protocolos internos y están analizando los casos. Tras destaparse el caso, fuentes de las compañías veían muy difícil que se pudieran mantener en sus responsabilidades si empezaban a darse salidas en otras empresas.

Además, la pasada semana, ya la propia Hacienda cesó a dos altos cargos que aún seguían en sus puestos en la Administración Pública y que también han sido imputados en el caso Montoro. Los destituidos son Óscar del Amo, subdirector general de Tributos Locales, y Rogelio Menéndez, director Económico Financiero de Loterías.

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