EY, Gómez-Acebo & Pombo, Logista o Kreab: dónde trabajan ahora los imputados de la trama Montoro

Terremoto en la gran empresa española tras el auto del juez que imputa a 28 personas, muchos de ellos miembros de la cúpula directiva del Ministerio de Hacienda cuando estaba liderado por Cristóbal Montoro (PP), también investigado en la causa. El magistrado del juzgado de Tarragona que instruye este caso señala como presuntos responsables de forma indiciaria a altos cargos que hoy ostentan puestos de responsabilidad en firmas de servicios profesionales muy reconocidas y reconocibles. Algunos imputados trabajan en compañías como EY, Gómez-Acebo & Pombo, Logista o Kreab. Consultadas por esta situación, todas ellas han declinado hacer comentarios y por ahora ninguna ha ejecutado ningún cese.

El caso ya ha provocado que las empresas afectadas empiecen a analizar su situación y ver qué consecuencias se podrían derivar después de conocer la implicación de sus directivos, con el consiguiente daño reputacional o de negocio que ello puede generarles, señalan fuentes al tanto del caso. “Como uno de los imputados dimita o alguna empresa donde trabaja le cese, va a poner en una situación de presión al resto de compañías donde trabajan los demás investigados”, señala una de las compañías, que no descartan que pueda haber novedades en los próximos días.

Entre los investigados se encuentra José Alberto García Valera, responsable de política tributaria y actual socio director en Andalucía de EY, una de las cuatro big four. Este ex alto cargo de largo recorrido en la Administración tributaria fichó por la multinacional de la consultoría y la auditoría en septiembre de 2018, tres meses después del cambio de Gobierno. Según señala el auto, bajo su mandato y una vez que entró en escena EE (Equipo Económico), el subdirector general de Tributos Locales, “en contra de lo expresado en anteriores ocasiones, consideró viable introducir la modificación del IAE [Impuesto de Actividades Económicas] en la Ley de Presupuestos para el año 2018″, destaca el auto. Ese mismo año, pasó a ser socio de EY, consultora “que intervino en los hechos investigados y que se prestó a participar en los supuestos trabajos técnicos de aparente soporte para las citadas reformas legales de favor”.

Otra gran consultora que se ve afectada por este caso es Kreab. En la firma trabaja Miguel Ferre y es uno de sus socios destacados desde 2020 como responsable de Asuntos Públicos, Reputación & Intangibles. También figura como miembro de Headspring, un programa de formación a ejecutivos impulsado por la empresa de negocios IE y el diario Financial Times. Tras dejar su cargo de secretario de Estado de Hacienda en 2016, también trabajó en otras consultoras como Burson, fue vicepresidente del IE y consejero senior de EY.

El auto del juez señala que hay correos intervenidos en la investigación en los que Ferre aparece, y le sitúa como cargo decisivo para que los reglamentos a elevar tuvieran las correcciones que interesaban a las empresas contratadas por Equipo Económico.

Entre los imputados también está Pilar Platero, exsubsecretaria de Hacienda después de ser socia de Equipo Económico, la firma presuntamente vinculada a las cúpulas de Hacienda y que supuestamente cobraba a cambio de influir en la elaboración de leyes a favor de clientes que pagaban por estos servicios. Platero posteriormente fue presidenta de la SEPI, el holding inversor del Estado dueña de las grandes empresas públicas. Platero es desde 2019 consejera independiente en la compañía cotizada Logista y miembro de un consejo experto de la Fundación Cotec para la innovación, según figura en su perfil profesional de la red social LinkedIn.

En la causa también aparece como imputado Diego Martín-Abril Calvo, director general de Tributos entre 2012 y 2016 y desde 2017 asesor de temas fiscales en el despacho de abogados Gómez-Acebo & Pombo, una de las firmas de la abogacía del mundo de los negocios más destacadas. Al igual que con Ferre, el juez considera que “habría participado activamente” en los hechos investigados, “ostentando uno de los cargos decisivos para que los textos de los Anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento recogieran las pretensiones concertadas con las gasísticas como evidencian los mails intervenidos en la causa”.

El juez subraya que era director general de tributos cuando se aprobaron las normativas en cuestión, “siendo el interlocutor con EY en el periodo de tiempo en que la AFGIM [Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales] intentaba la modificación de los epígrafes del IAE [impuesto sobre actividades económicas]”, constando numerosos mensajes dirigidos a su persona.

Además de los anteriores, varios de los imputados son los que trabajan en la propia firma Equipo Económico. Otros han regresado a sus puestos de funcionarios de inspectores de Hacienda y algunos ya se han jubilado. Las empresas afectadas por la imputación de sus responsables están aún expectantes y a la espera de que el caso se vaya sustanciando para poder tomar decisiones con mayor claridad. Pero son conscientes de que la pena de telediario la van a sufrir.