La Guardia Civil rastrea el presunto desvío de fondos del despacho de Montoro a una docena de países

Equipo Económico, el despacho que fundó el exministro Cristóbal Montoro y que se encuentra en el epicentro de una supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de impulsar reformas legislativas a favor de determinadas empresas, funcionaba también como una suerte de paraguas del que colgaba una red de sociedades a través de la cual los socios canalizaban los fondos que recibían del despacho. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de abril de 2021, apunta “la posibilidad de que parte de los fondos que pasaron por EE [Equipo Económico] pudieran haber sido transferidos a cuentas de personas físicas o jurídicas radicadas en el extranjero”.

Según el sumario al que ha tenido acceso EL PAÍS, el punto de partida de las sospechas eran las operaciones intracomunitarias que el despacho había realizado con sociedades de otros países que supuestamente habían sido “proveedoras de bienes y servicios” de aquel, pero también los flujos de dinero con mercantiles en el extranjero de otras sociedades que la investigación vincula con EE.

En concreto, el documento policial hace referencias a operaciones con una docena de países de Europa y América. Así, destaca que Equipo Económico como tal o con el nombre que adoptó posteriormente, Global Afteli, mantuvo relaciones comerciales con mercantiles radicadas en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Dinamarca, Italia, Polonia y Reino Unido, todas ellas salvo una, sin aparente vinculación con los investigados.

Además, la Guardia Civil ha detectado que Limacar, una sociedad que ostentó parte del capital social de Equipo Económico, mantuvo flujos de dinero con Italia, por lo que los investigadores infieren que “cabe la posibilidad de que se haya utilizado a dicha sociedad como cauce para situar fondos en el extranjero”. Por ello, los agentes planteaban investigar “las relaciones contractuales o de prestación de servicios que motivaron las referidas transacciones intracomunitarias” para saber si, en realidad, se hizo de ella “un uso instrumental […] con fines de encubrir la finalidad de las transacciones económicas”.

Más adelante, el informe pone el foco en las entradas y salidas de divisas en Equipo Económico y Anvalia 7 SL, una empresa de Javier Aguirre Nogués, quien fuera consejero de EE hasta 2009. En este sentido, destaca que la primera ingresó en 2010 más de 400.000 euros procedentes de EE UU y al año siguiente, 120.000 de Reino Unido. “Se ignoran los motivos del cobro de las citadas cantidades”, añaden los agentes. Las cantidades recibidas por Anvalia fueron muy superiores: más de tres millones en el periodo 2008-2016 procedentes de Colombia, Panamá y Reino Unido. “Precisamente en ese periodo fue cuando EE mantuvo relaciones comerciales con Anvalia, por las que el despacho lleva a esta última alrededor de 1,5 millones de euros”. De nuevo, los autores del documento policial destacan que desconocen las razones de estos cobros.

Por último, el documento policial vuelve a centrarse en Limacar, en este caso para apuntar el envío que hizo en 2009 ―año en el que aún no formaba parte del capital social de EE― de 198.000 euros a Luxemburgo, y en Tutman Fiscalía, cuyo administrador es Manuel Vicente Tutor, otro de los socios destacados de Equipo Económico, que envió cerca de 300.000 euros a Irlanda y Luxemburgo entre 2011-2013, coincidiendo con un periodo en el que mantuvo relaciones comerciales con el despacho de Montoro. “También se desconocen los motivos de estos tráficos de divisas”, añaden los agentes.

En octubre de 2023, más de dos años después de que la UCO entregara el informe en el juzgado, la Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito en el que reclamaba al juez que autorizara de manera “urgente” a la Guardia Civil las diligencias solicitadas para determinar el motivo y destino final de este “flujo de dinero” con origen y destino en otros países. No consta finalmente si se ha avanzado en esta línea de investigación

Dificultar la identificación

Según se desprende del informe elaborado por la Unidad Central Anticorrupción de los Mossos d’Esquadra, la red de empresas tendría por finalidad ocultar los destinatarios finales de los “ingentes ingresos” facturados a las firmas que presuntamente se beneficiaban de la trama con normativas fiscales a su conveniencia. Concretamente, asegura en un documento incorporado a la causa que “los datos aportados por la Unidad de Apoyo ponían de manifiesto que desde Equipo Económico habían salido elevadas cantidades de dinero hacia sus socios. Salidas que se han canalizado principalmente a través de otras empresas administradas por aquellos y que parecen tener como único cliente a Equipo Económico”.

Una operativa que permitiría “inferir que los socios de la asesoría habrían creado un entramado de empresas con el objeto de percibir los ingentes ingresos personales derivados de su actividad. Este sistema de ingeniería fiscal les permitiría obtener beneficios fiscales (por su menor tributación), además de dificultar la identificación de los destinatarios finales de los fondos que salen de Equipo Económico”.

En concreto, desvela el nombre de siete sociedades que facturaron alrededor de 12 millones de euros durante el periodo investigado. Esta sociedades están en manos de ocho socios. La que más operó fue Econodos SL. Facturó a Equipo Económico más de 3,5 millones de euros desde 2009 a 2015. Como administrador único de la firma aparece Ricardo Martínez Rico, uno de los imputados por el juez. Es socio fundador de Equipo Económico y su presidente desde 2008. Su hermano, Felipe Martínez Rico, era uno de los hombres fuertes en el Ministerio de Hacienda que lideraba Cristóbal Montoro.

La siguiente sociedad que más ingresó (2,91 millones de euros en esos seis años) es la ya citada Tutman Fiscalía SL, de Manuel Vicente Tutor. El tercero en cuestión fue Francisco De Asís Piedras Camacho. Su sociedad (Consultoría de Diagnóstico SL) ingresó de Equipo Económico 2,4 millones de euros. Este socio fue también un estrecho colaborador de Montoro en la Administración previamente.

Salvador Ruiz Gallud, también miembro destacado de Equipo Económico, facturó para la sociedad en la que figura como administrador único (Plataforma de Soluciones Jurídicas SL) más de 800.000 euros entre 2013 y 2014. Entre los señalados, Javier Aguirre Nogués facturó al despacho investigado 1,4 millones de euros con Anvalia 7 SL (otra de las firmas bajo sospecha de flujos de dinero al extranjero) por seis años; Miguel Ángel Fernández Villamandos ingresó 1,2 millones también por seis años con Sociedad de Servicios y Asesoramiento SL, y por último, Miguel Crespo Rodríguez, recibió más de 650.000 euros en ese periodo 2009 a 2015. Su sociedad, VAU Consultoría y Análisis SL, cuenta también con Paula Díaz-Caneja como administradora.

El modus operandi descrito por el juez en el auto desvelado este mismo miércoles tras siete años bajo secreto de sumario revela de manera indiciaria que hubo empresas que pagaron a Equipo Económico con el objetivo de que este influyera sobre el Ministerio de Hacienda que lideraba el propio Montoro y familiares de algunos de los responsables del despacho para obtener leyes y normativas ventajosas para las compañías que contrataban sus servicios.

Ahora, lo que expertos juristas ven clave a la hora de que se confirmen los delitos imputados es poder demostrar que el dinero pagado por las empresas podía acabar en manos de quienes tenían capacidad de modificar esas leyes. Los investigadores pretenden esclarecer si el dinero que las empresas pagaron al despacho pudo acabar en manos de los legisladores y por los que el juez imputa a 28 personas presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Lo que consideran los Mossos en el informe incorporado al sumario es que la transferencia de fondos a sociedades de los responsables de la firma es que se buscaba tributar menos. Paradójicamente, la Agencia Tributaria de la etapa de Montoro persiguió a actores, escritores, periodistas, deportistas y demás personas populares de elevados ingresos que facturaban su trabajo a través de sociedades. Entendía entonces el fisco que esa maniobra era un fraude al entender que su único propósito era la de rebajar la carga impositiva.