Cuerpo defiende el veto a la opa del BBVA porque crea un “precedente” para que haya fusiones sin despidos

El ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, ha comparecido este lunes en el Congreso para dar cuenta del expediente de infracción que la Comisión Europea ha anunciado contra España por el procedimiento legislativo que ha usado el Gobierno para imponer condiciones en operaciones como la OPA de BBVA a Sabadell. Como respuesta, ha vuelto a defender la actuación del Gobierno, a la que incluso ha calificado de “precedente” para evitar que las grandes fusiones siempre supongan un recorte de empleos.

Aunque la comparecencia de Cuerpo en la Comisión de Economía tenía como principal objeto detallar el avance del decreto para contener las amenazas arancelarias de Donald Trump que se aprobó en mayo, los grupos parlamentarios han aprovechado su presencia para preguntarle por asuntos de diferente índole. Vox, PP, y también Sumar, han querido preguntar al ministro por las condiciones que el Gobierno ha impuesto a la opa del BBVA a Sabadell, unos requisitos que han levantado los recelos de las autoridades. La Comisión Europea ha abierto un expediente a España porque considera que las normas utilizadas por el Gobierno, aprobadas y vigentes desde 2014 y 2015, no se ajustan al derecho de la Unión Europea. Cree ahora el Ejecutivo comunitario que las leyes españolas dan al Ministerio de Economía poderes discrecionales y sin límites para decidir sobre este tipo de operaciones corporativas y que, además, también socavan las competencias del Banco Central Europeo.

El Gobierno siempre ha reivindicado que sus maniobras velan por el “interés general”, pero la Comisión sostiene que las condiciones impuestas a la opa van más allá de ese interés general. Antes de su comparecencia de este lunes, el ministro Cuerpo ya había mostrado sus diferencias con Bruselas en este asunto y ha esgrimido la normativa aplicada en el proceso. No obstante, Cuerpo dejó claro que el Gobierno colaborará “de manera constructiva” con la Comisión Europea.

En su segunda intervención, ya en réplica a los portavoces parlamentarios, el ministro ha afirmado que la condición impuesta a BBVA, de evitar la fusión con el Sabadell al menos durante los tres primeros años, prorrogables a cinco, para seguir adelante con la opa supone un “precedente” para que haya fusiones sin que ello acarree recortes de empleo: “Lo que estamos poniendo sobre la mesa es la creación o la generación de un precedente según el cual se puede generar valor para los accionistas de ambas entidades sin que ello vaya en detrimento del interés general, es decir que el valor que conlleve esta operación no venga única y exclusivamente de razones de sinergias, entre comillas, como pueden ser despidos o el cierre de oficinas”.

En esta línea, Cuerpo ha apuntado que la operación de adquisición lanzada en mayo de 2024 por el banco que presidente Carlos Torres sobre la entidad vallesana no es similar a otras operaciones en las que había una “situación problemática”, sino que tanto BBVA como Sabadell se encuentran “perfectamente saneadas tanto términos de liquidez como de solvencia”. “Y en este contexto, lo que pone de manifiesto la decisión de BBVA de seguir adelante con la operación es que puede generar valor para los accionistas privados de ambas entidades sin perjudicar los intereses generales”, ha añadido.

Asimismo, el ministro del ramo ha defendido que la actuación del Consejo de Ministros ha sido conforme a lo previsto en la Ley de Defensa de la Competencia, que está —ha remarcado— “perfectamente alineada” con la normativa europea en materia de de unión bancaria y de libre de circulación de capitales. Cuerpo ha insistido en que dicha norma permite al Ejecutivo imponer condiciones adicionales a las planteadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “por razones o criterios de interés general distintos a los de Competencia”. Y ha recordado que la operación fue examinada previamente por el Banco Central Europeo y el Banco de España, que dieron su visto bueno, así como por el organismo que pilota Cani Fernández, que decidió abrir una segunda fase y considerar que su aprobación iría “sujeta a unas condiciones”.

Por último, y dirigiéndose directamente al portavoz popular Agustín Conde, el titular de Economía ha pedido más “precisión” en los argumentarios políticos sobre la opa para evitar confusiones a la hora de hablar de las leyes utilizadas en este escenario. Así, ha indicado que el Ejecutivo en ningún momento ha actuado en el marco de la ley de solvencia de entidades de crédito, que regula la autorización de fusiones de entidades, porque “todavía ni se ha pedido” por parte de BBVA, ya que aún no ha tenido lugar la adquisición del banco que pilota Josep Oliu.