El Gobierno impone al BBVA mantener el Sabadell como un banco separado y que no haya despidos

El Gobierno ha decidido endurecer las condiciones que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) había impuesto sobre la opa hostil lanzada por el BBVA sobre el Sabadell. Este movimiento se produce en el marco de la Ley de Competencia, que permite que el Ejecutivo suavice o endurezca las condiciones que imponga la CNMC en una segunda fase, atendiendo a cuestiones de interés general. En concreto, ha impuesto mantener durante tres años, ampliable por otros dos más, al Sabadell como una entidad separada jurídicamente. Tampoco podrá despedir a los trabajadores de ambos bancos como resultado de la operación ni alterar la gestión de la red de oficinas.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha detallado que el Consejo de Ministros ha acordado autorizar la opa del BBVA al Sabadell con la condición de “mantener la personalidad jurídica, el patrimonio separado y la autonomía en la gestión” de ambas entidades. Se trata, de una decisión, “proporcionada, equilibrada y en el marco de la normativa española”, según sus palabras. En un documento difundido por el Gobierno tras el Consejo de Ministros admite que las medidas no limitan la capacidad del BBVA para seguir con la operación ni afecta a las sinergias planeadas.

Esta autonomía, en palabras del ministro, supone preservar la independencia del Sabadell en cinco criterios, con el objetivo de “maximizar el negocio por separado” de ambas entidades y no en conjunto. En concreto, el ministro ha citado que velará para que el banco vasco mantenga la toma de decisiones autónoma en financiación y crédito (con especial atención a las pymes), recursos humanos, la red de oficinas y la obra social.

Esto implica que el BBVA no podrá solicitar la fusión entre ambas entidades durante estos tres años. Tampoco podrá realizar un ERE en ninguna de las dos entidades, tal y como prevé el banco vasco, como consecuencia de la operación. Cuerpo ha recordado que ambos bancos han incrementado sus plantillas desde 2022 (los últimos expedientes de regulación de empleo datan de 2021) y que se impone que no haya cambios en la política de recursos humanos.

También ha indicado que velará por medidas en esta tónica con respecto a la gestión de la red de oficinas, donde el BBVA planeaba cerrar 300 sucursales. Con respecto a este asunto, el Ejecutivo justifica esta medida para garantizar la presencia efectiva en todo el territorio y no tanto en beneficio de consumidores concretos, algo que considera ya hace la CNMC. Trata de evitar lo que dice que ha percibido en fusiones bancarias anteriores que han afectado a bancos muy concentrados en ciertas regiones y se han producido importantes pérdidas en esas zonas.

Sí tendrá permitido el banco vasco despedir al consejo de administración —capitaneado por Josep Oliu como presidente y César González-Bueno como consejero delegado—, si bien ha avisado de que el nuevo consejo de administración que nombre el BBVA deba respetar las normas de Buen Gobierno corporativo y dicha independencia en la gestión.

Fuentes del Sabadell han señalado que tras la decisión del Gobierno el BBVA, en caso de querer seguir adelante con la operación, deberá analizar y proporcionar información sobre el impacto de las nuevas condiciones, tanto en las sinergias esperadas como en la capacidad para retribuir al accionista.

El ministro también ha indicado que el departamento que dirige velará por el cumplimiento de estas condiciones. Ha indicado que solicitará, entre tres y seis meses antes de que se cumplan estos tres años, un informe a cada banco en el que detallen esa gestión independiente de cada entidad. También deberá publicar un informe sobre cómo se verá afectado el interés general durante los cinco años siguientes. Una vez cumplidos estos tres años, el Gobierno podrá prorrogar el plazo por otros dos más, hasta un total de cinco años.

La carpeta de la opa ha llegado a la mesa del Gobierno tras 13 meses de tramitación. La CNMC dio su visto bueno en mayo (antes, en septiembre, hizo lo propio el Banco Central Europeo) y abrió un plazo de 15 días para que el Ministerio de Economía evaluase la cuestión y decidiese si elevase la cuestión al Consejo de Ministros, como así hizo. Previamente, testó la opinión hacia la oferta al lanzar una consulta pública.

La ley marca que el Ejecutivo solo puede imponer condiciones adicionales en materia de interés general y no de competencia. En concreto, el ministro de Economía ha afirmado que buscan blindar el mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial, la protección a los trabajadores, la cohesión territorial, la política social vinculado con las fundaciones bancarias, la protección del consumidor financiero y la vivienda asequible y la promoción de la investigación y del desarrollo tecnológico.

El Ejecutivo, que se ha posicionado frontalmente en contra de la transacción, ha escuchado la opinión en contra de la mayoría de sus socios, así como de la sociedad catalana. Sumar ya reclamó al Consejo de Ministros introducir una serie de cuestiones, como un veto a los despidos, al cierre de oficinas, a la fusión entre ambas entidades y al crédito y condiciones comerciales, algunas de ellas recogidas en las cuestiones generales. La patronal catalana, Foment del Treball, estimó que se perderán 75.000 millones de euros en crédito a pymes.

En el otro lado está la posición de Bruselas. La Comisión Europea ha expresado, por boca de un portavoz, sus recelos sobre la intervención del Ejecutivo en la transacción, de modo que la pueda imposibilitar. También ha puesto el foco en la posibilidad de que la Ley de Competencia vaya en contra de los tratados europeos.

La incógnita ahora es la decisión que tomará el BBVA. El presidente del banco de origen vasco, Carlos Torres, recordó este lunes que tiene la potestad legal de retirar la oferta si considera que estas condiciones acordadas por el Ejecutivo afectan a la rentabilidad de la operación. La prohibición de la fusión y del despido, entre otras cuestiones, disminuirá las sinergias de la transacción (proyectadas en un principio por el BBVA en 850 millones), si bien el BBVA siempre ha defendido que las ganancias de la opa van más allá de estas cuestiones.

Igualmente, Torres ha dejado la puerta abierta a iniciar una batalla legal contra el Ejecutivo, dado que la decisión de este es recurrible ante el Supremo. La opinión del presidente del BBVA es que el Ejecutivo solo puede suavizar las condiciones de la CNMC y nunca endurecerlas. En su comparecencia, el ministro ha recalcado que la decisión es equilibrada y respeta la Ley de Competencia, así como que para avalarla han solicitado un informe a la Abogacía del Estado. La nota de prensa difundida por su departamento también explicita que esta decisión “encuentra arraigo en la Constitución Española” y en está avalada por decisiones anteriores del Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea.

En el caso de seguir adelante, el BBVA deberá terminar el folleto de la opa y remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los nuevos cálculos de la operación teniendo en cuenta tanto los requisitos acordados por la CNMC como por el Ejecutivo. Se espera, en este caso, que la CNMV dé el visto bueno al folleto durante el mes de julio, de modo que a continuación se inicie el plazo de aceptación de la opa, de entre 15 y 70 días (con un mínimo de 30 por la ley estadounidense).