Economía abre la consulta pública sobre la opa del BBVA al Sabadell hasta el 16 de mayo

Durante siete días hábiles, cualquier ciudadano podrá plantear su posición ante Gobierno respecto a la opa hostil lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha abierto, hasta el viernes 16 de mayo, una consulta pública “sobre criterios de interés general afectados por la operación”, ha anunciado esta tarde el Departamento que dirige Carlos Cuerpo apenas un día después de haberlo anunciado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Tras cerrarse la consulta, Economía tendrá siete días hábiles más, hasta el 27 de mayo, para elevar su dictamen al Consejo de Ministros que, a su vez, contará con un mes adicional para decidir.

En un cuestionario con diez campos, de los que cuatro son datos básicos (nombre, organización si procede, DNI y correo electrónico) y seis son preguntas directas, el Ministerio lanza una iniciativa que considera “respetuosa con el procedimiento, plazos y con las competencias de todas las instituciones involucradas en el proceso”. “Al igual que en otras consultas públicas en nuestro marco normativo, pueden participar aquellos ciudadanos, organizaciones, asociaciones y agentes económicos que puedan verse afectados por la operación”, señala el comunicado.

El ministro de Economía Carlos Cuerpo ha hablado casi en paralelo a abrirse la consulta en las jornadas del Cercle d’Economia en Barcelona, donde ha defendido que es una medida “alineada con la legislación vigente” y que es pertinente antes de que el Consejo de Ministros tome una “decisión relevante”. Cuerpo ha aludido a que el artículo 10.4 de la Ley de Defensa de la Competencia deja una puerta abierta a poder valorar las concentraciones económicas atendiendo a criterios de interés general distintos a los que haya podido tener en cuenta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El Ministerio sostiene que también la CNMC decidió, en su momento, escuchar las alegaciones que pudiera presentar el Banco de Sabadell y otros terceros con interés legítimo. Asimismo, Competencia también solicitó un informe preceptivo a las comunidades autónomas en las que la concentración incida de forma significativa.

Pese a las críticas que ha recibido el Gobierno tras el anuncio que hizo este lunes Pedro Sánchez, el ministro Cuerpo ha defendido la validez de la consulta pública: “Es una buena práctica y la seguiremos aplicando”. También en el Cercle d’Economia, Alberto Núñez Feijóo había sostenido que la fase de escucha que lleva a cabo el Ejecutivo “no es serio ni profesional”, porque implica una dejadez de responsabilidades: “Un Gobierno tiene que decidir”, ha dicho Feijóo.

Las reacciones sobre la opa se han sucedido tras la decisión del Gobierno de sometarla a una consulta pública. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que este procedimiento no es “vinculante”, pero considera que las aportaciones de ciudadanos, entidades y asociaciones “serán útiles” para tomar la decisión sobre la operación “con todas las garantías”.

Alegría ha reconocido lo inusual de este procedimiento para operaciones corporativas como la opa del BBVA sobre el Sabadell. “Es verdad que para este tipo de operaciones este procedimiento [el de las consultas públicas] no se había utilizado, pero saben que es un procedimiento habitual que se utiliza en procesos normativos”, ha proseguido Alegría. Así, ha recordado que las aportaciones que se hagan en esta consulta pública “no son vinculantes”, pero que “serán útiles” al Gobierno a la hora de decidir sobre la OPA “con todas las garantías”.

Los detalles de la consulta

“Se pretende obtener información que facilite una valoración completa antes de decidir si la operación de concentración bancaria se eleva o no al Consejo de Ministros” esgrime el Ministerio de Economía en el formulario habilitado en su web cuya primera pregunta del cuestionario ya establece el objetivo final de la consulta: “¿Considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?“. El Ministerio sostiene que el soporte informático de la web permite hacer un filtrado para evitar participaciones interesadas que, a través de entradas masivas, puedan propiciarse.

A continuación, y teniendo en cuenta que el ciudadano que quiera participar no está familiarizado con los requisitos de competencia, la siguiente pregunta lista esos otros criterios de interés general que podrían interferir en el proceso, y que son: defensa y seguridad nacional; protección de la seguridad o salud públicas; libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional; protección del medio ambiente; promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos; garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial; u otros.

La tercera pregunta invita a extender esos “otros” motivos con un máximo de 2.000 caracteres en la respuesta mientras que la cuarta busca que se amplíen los argumentos dados y que se exponga “en qué medida considera que estos criterios de interés general pueden verse afectados por la operación” “Valore el impacto estimado”, se añade, con un máximo de otros 2.000 caracteres.

Finalmente, la penúltima pregunta cuestiona si “pueden establecerse medidas que permitan proteger los criterios de interés general señalados anteriormente”, con una respuesta cerrada de “sí” o “no” y la última plantea que se propongan qué medidas podrían o deberían tomarse.

El Ministerio, en el encabezado del formulario, explica brevemente el proceso sobre el que abre la consulta y que se fundamenta en la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la opa del BBVA al Sabadell que, a su vez, entró en el órgano supervisor en mayo de 2024 y cuya resolución no se conoció hasta el pasado 30 de abril.

Economía admite haber recibido este mismo lunes la notificación de dicha resolución, con lo que se abrió la denominada tercera fase del procedimiento de concentraciones. Durante esta fase, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la ley de Defensa de la Competencia, y conforme a los plazos indicados en el artículo 36, se abre un plazo de 15 días hábiles para que el ministro Carlos Cuerpo “tome la decisión de su elevación o no elevación al Consejo de Ministros”. Es decir, que entre el final de la consulta y el límite del plazo habría otros siete días hábiles hasta el 27 de mayo. Si el ministro decidiese elevar la operación al Consejo de Ministros antes de esa fecha, se abriría el plazo de un mes para que este tome su decisión.

Según esa misma ley de Defensa de la Competencia, el Consejo de Ministros podrá confirmar la resolución de la CNMC, o bien acordar autorizar la operación, con o sin condiciones. En su caso, señala el artículo 60 de la citada ley que “dicho acuerdo deberá estar debidamente motivado en razones de interés general distintas de la defensa de la competencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10”.