Los hitos pendientes para liberar 90.000 millones de fondos europeos: de la Ley de movilidad sostenible a la construcción de 20.000 viviendas sociales

Los fondos europeos se acercan al tiempo de descuento con muchos goles aún por marcar. El salvavidas lanzado en plena pandemia expira en algo más de un año y a España todavía le quedan más de la mitad de las ayudas por pedir, unos 90.000 millones de euros de los 163.000 totales asignados entre ayudas directas y préstamos. La cifra se acerca al gasto anual en sanidad —supone un 5,6% del PIB—, y su desembolso está supeditado al cumplimiento de decenas y decenas de reformas e inversiones. La lista es extensa y variada, y va desde la aprobación de leyes, entre ellas las de movilidad sostenible, transparencia e industria, al pleno despliegue de proyectos industriales estratégicos como el PERTE del chip o la construcción de 20.000 viviendas sociales.

La hoja de ruta no solo es densa, también se otean curvas en el engranaje para ponerla en marcha: el Ejecutivo es parlamentariamente débil, la lentitud crónica de la burocracia compromete los plazos de ejecución y existen incógnitas sobre el apetito de la demanda privada, pieza clave en el desarrollo de las inversiones previstas. “Muchas reformas ya están avanzadas, pero tienen que pasar por el Congreso y al Gobierno le está costando aprobar leyes”, apunta Francesc García Donet, asesor del área de fondos europeos de la consultora LLYC. Es el caso de las leyes de industria, de familias y de servicios sociales, todas en tramitación parlamentaria, o de la norma relativa a la movilidad sostenible, atascada desde 2022.

Es cierto que el mecanismo de recuperación da a los Estados cierto margen para renegociar plazos e hitos con Bruselas. Esa flexibilidad se ha convertido en un balón de oxígeno para los socios comunitarios en general y también para el Gobierno español, en minoría y al que cada vez le cuesta más conseguir el apoyo de sus socios. “El cuello de botella no es técnico, es político y administrativo”, incide Manuel Hidalgo Pérez, senior fellow del centro de análisis EsadeEcPol.

Hidalgo advierte de las dificultades tanto para legislar como para ejecutar los fondos, y menciona la Ley de movilidad sostenible como una de las reformas más críticas de cara a los próximos pagos. Sobre todo por el efecto dominó que generaría en hitos futuros en materia energética e inversiones multimillonarias en electrificación y transporte.

Hay más iniciativas ambiciosas que se arriesgan a quedarse estranguladas por la falta de tiempo y las trabas administrativas: la rehabilitación energética de 410.000 viviendas comprometida para mediados de 2026, la puesta en marcha efectiva de los PERTE industriales (chip, vehículo eléctrico, hidrógeno verde) y la digitalización plena de todos los niveles de la Administración pública. “En general, los plazos de ejecución de la financiación europea son muy dilatados en España, pero se pueden ampliar. El plan de recuperación no lo permite”, advierte Carlos Victoria, profesor de economía de Comillas ICADE.

A estos compromisos se suma otra ristra de medidas, como la ley del cine, la creación de un organismo de evaluación de las políticas públicas, normas de economía circular, un refuerzo de la ley de competencia, iniciativas vinculadas al sistema nacional de salud y la energía e inversiones en infraestructuras. “Hay dos ámbitos de dificultad: las reformas legislativas, delicadas por su aprobación; y las inversiones, que dependen de que haya iniciativa privada”, sintetiza García Donet.

El Gobierno apostó por desarrollar en las primeras etapas reformas legislativas trascendentes, como la laboral, y dejar para más adelante grandes inversiones vinculadas a préstamos. Por eso muchos proyectos incluidos en la recta final del plan, como la construcción de vivienda para alquiler asequible o la rehabilitación energética de edificios, serán canalizados a través créditos públicos, que deben devolverse. “Las subvenciones a fondo perdido generan bastante interés, pero hemos visto que no ocurre lo mismo con los préstamos. A las empresas les resulta más ágil acudir a los bancos que cumplir con los requisitos que exigen los fondos europeos, y además los tipos de interés han bajado”, detalla el analista de LLYC. “El riesgo es que el dinero esté disponible, pero nadie lo pida”, agrega Hidalgo, “entonces perdemos los fondos automáticamente en agosto de 2026“.

Fecha límite

El tiempo no solo corre en los despachos ministeriales de las capitales europeas; también hay prisas en Bruselas. El Ejecutivo comunitario ha instado a los Estados miembros a acelerar sus planes ante la negativa de varios socios a ampliar los plazos, entre ellos Alemania, y el consecuente riesgo de que parte del bazuca de ayudas lanzado hace cuatro años se quede en agua de borrajas.

Un incumplimiento generalizado no sería baladí. Son mastodónticas las cifras, una bolsa de 750.000 millones, y es ambicioso el mecanismo en su conjunto: se sostiene a través de la emisión de deuda común, algo inédito en la historia de la UE e impensable durante la anterior crisis financiera, cuando la austeridad dictaba las reglas.

El fondo, sin embargo, no es un cheque en blanco. Los desembolsos no se pueden solicitar más allá del 31 de agosto de 2026 y están condicionados a la ejecución de reformas e inversiones en áreas estratégicas, pactadas con Bruselas en los respectivos planes nacionales de recuperación. Estos deben completarse para finales del próximo año. España, junto a Italia, es el país más beneficiado por el mecanismo y uno de los más cumplidores. A fecha de hoy, ha solicitado más de 72.000 millones en cinco pagos, de los que 55.000 se corresponden a ayudas a fondo perdido de un total asignado de 79.000 —los restantes 83.000 son préstamos—. Para liberarlos ha completado 265 de los 416 hitos acordados, una maraña de cifras que ha cristalizado sobre todo en medidas legislativas: la reforma laboral, la de pensiones, la norma contra el fraude fiscal o la ley rider.

Pero los números también indican que quedan 151 metas pendientes, muchas de ellas inversiones, para desbloquear sobre todo créditos (47.000 millones), por un total de cinco desembolsos más. “Estamos hablando de casi 12 hitos por mes [hitos y objetivos es como se denomina en jerga bruselense el cumplimiento del plan], y por ejecutar un importe que supera con creces a las cantidades hasta ahora comprometidas. Un riesgo importante es que España solicite los pagos, pero Bruselas los congele por incumplimientos”, resume Hidalgo.

El temor va más allá de la conjetura. La Comisión Europea acaba de retener más de 1.100 millones a España por incumplir algunos de los objetivos pactados: el Gobierno no ha subido los impuestos al diésel, tampoco ha compensado la elevada temporalidad de los funcionarios, ni ha avanzado en la digitalización de entidades regionales y locales según lo acordado. El mecanismo concede seis meses para ponerse al día y no sería la primera vez que ocurre que se congelan pagos y después se desbloquean.

Sin embargo, la subida fiscal al diésel genera preocupación, no tanto por las cuantías de ayudas retenidas —unos 400 millones—, sino por el precedente que crea en un contexto complicado: la Comisión ha sido tajante en la congelación y no parece probable que el cambio tributario se apruebe con la actual aritmética parlamentaria. Si a ello se suman las dudas sobre la manera de hacer realidad los fondos sobre el terreno, las alarmas se multiplican. “O se modifica la forma de ejecución o será muy complicado llegar. No obstante, no somos los únicos en Europa y es de prever una relajación en los requisitos temporales de dicha ejecución”, confía Hidalgo.