España, en riesgo de incumplir el plazo de ejecución de los Fondos Europeos

A poco más de un año de que expire el plazo fijado por Bruselas para ejecutar la totalidad de los fondos europeos asignados, España sigue sin coger velocidad de crucero y está en un riesgo latente de incumplir el calendario del Plan de Recuperación. Hasta finales de 2024 se habrían ejecutado 46.243 millones de euros, el 58% del total previsto, según los cálculos realizados por BBVA Research. Se trata de un porcentaje que, lejos de asegurar el cumplimiento, obliga a pisar el acelerador si se quiere evitar dejar dinero sobre la mesa.

Para agotar los recursos disponibles en el tiempo trazado por la Comisión Europea, sería necesario aumentar la ejecución en un 29% respecto al ritmo actual, según las proyecciones del centro de estudios de la entidad financiera. Los analistas han realizado su simulación tomando hasta el 31 de diciembre de 2026 como referencia porque es oficialmente cuando termina el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). No obstante, la normativa europea recoge que las inversiones deben estar completadas para agosto de ese año, lo que significa que potencialmente el empuje debería ser incluso mayor. En cualquier caso, bajo el supuesto de que fuese hasta cierre del próximo año, al ritmo actual, España solo alcanzaría el 91% de los recursos asignados, quedándose a nueve puntos porcentuales de utilizarlos en su totalidad.

El análisis del centro de estudios viene a reafirmar lo dicho por Bruselas el verano pasado, cuando le pidió a España “esfuerzos renovados” para desplegar con éxito los fondos. Entre sus recomendaciones de aquel entonces, ya demandaba al país “acelerar las inversiones, responder a los retrasos y garantizar una capacidad administrativa robusta”, algo que parece seguir en entredicho. Y alertaba sobre “los retos relativos a la capacidad de absorción”, es decir, que el tejido productivo fuera capaz de tener proyectos y ejecutarlos para aprovechar estos fondos europeos.

El diagnóstico no anticipa un fracaso, pero sí advierte de una creciente tensión entre el calendario y la capacidad administrativa para transformar compromisos en gasto efectivo. El incremento necesario para cumplir con Bruselas supone pasar de los actuales 1.160 millones de euros de ejecución mensual a los 1.500 millones, una cifra que implica superar incluso los picos alcanzados a mediados de 2023. Desde aquel entonces, el volumen de licitaciones ha caído y el ritmo de adjudicaciones se ha estancado. Al respecto, el análisis de la entidad destaca que “los datos del primer trimestre de 2025 apuntan a que tanto las nuevas licitaciones como las adjudicaciones seguirían desacelerándose respecto al cierre de 2024″.

El gobierno central ha asumido la mayor parte de la ejecución, con un 64% del gasto comprometido, frente al 28% de las comunidades autónomas y una mínima parte correspondiente a otros organismos públicos. Mientras las comunidades han centrado sus esfuerzos en áreas como políticas sociales, cultura o transición energética, el Estado ha concentrado los recursos en infraestructuras, movilidad, digitalización y en los grandes PERTE. Estos proyectos estratégicos —que suman más de 21.000 millones de euros— han sido presentados como ejes transformadores, pero algunos todavía tienen convocatorias sin resolver. Ese es el caso de las energías renovables, el hidrógeno renovable y almacenamiento (ERHA) y la economía circular, donde queda por adjudicar cerca del 50%.

Hay otros proyectos que ya están en marcha. Es el caso, por ejemplo, de la construcción de la gigafactoría de baterías eléctricas en Sagunto (Valencia), uno de los proyectos estrella del PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Pero los datos agregados muestran que el grueso del dinero sigue atascado en fases administrativas o todavía no ha llegado al terreno. Aunque se han licitado contratos y convocado ayudas por casi la totalidad del dinero previsto hasta 2024 (79.607 millones sobre 79.870), lo cierto es que la ejecución real sigue muy por detrás.

Las licitaciones están algo más avanzadas. De los 33.350 millones licitados, ya se han adjudicado el 71%. En subvenciones, sin embargo, solo el 48% del importe convocado ha sido efectivamente concedido. Peor aún, en el 40% de las convocatorias no se había registrado ninguna concesión a cierre del año pasado. Estas cifras hacen patente la necesidad de pisar el acelerador, sobre todo porque no existe la posibilidad de prorrogar los plazos más allá de 2026. Para ello sería necesario que todos los países estuvieran de acuerdo en cambiar la regulación de los fondos, y eso parece improbable.

Más allá del retraso en los tiempos, también se observa una diferencia marcada por perfiles de beneficiarios. Los analistas destacan que las licitaciones del plan de recuperación han beneficiado “a un mayor número de empresas de menor tamaño (micro y pequeñas) en detrimento de las más grandes”. Pero son estas las que absorben más fondos, con un 53% sobre el total. Además, aunque las personas físicas son mayoría en cuanto a volumen de beneficiados (un 62%), solo se les ha destinado el 9% del total del dinero concedido. Una dinámica similar se observa con las subvenciones: en este apartado las microempresas representan dos tercios del total de acogidos, pero solo han recibido un 25% del volumen total de las ayudas.

Territorialmente, el reparto no ha sorprendido: Madrid, Cataluña y Andalucía concentran casi la mitad del gasto ejecutado, en línea con su peso económico y poblacional. Pero en términos per cápita sí empieza a percibirse “cierta convergencia regional”.