Bruselas abre la mano para que se puedan gastar los fondos europeos

La Comisión Europea ha flexibilizado las reglas para lograr que se gaste la mayor parte de los fondos europeos aprobados por la pandemia. Son los recursos conocidos como Next Generation, que se articulan a través del plan de recuperación y que solo se desembolsan a cambio de conseguir unos objetivos de inversiones y reformas. Bruselas permitirá diversas fórmulas para agilizar y desatascar la ejecución de estos fondos, de los que España tiene asignados casi 80.000 millones en ayudas no reembolsables y otros 83.000 millones en créditos. Una solución es moverlos a gasto en defensa, algo que ya ha hecho Polonia creando un vehículo de inversión con 5.000 millones. Al inyectarse el dinero en este instrumento financiero ya se considera que los recursos están ejecutados. También se podrán destinar a la unión espacial europea o a programas de conectividad segura por satélite.

Otra vía de flexibilización se basa en las inversiones y reformas cuyo cumplimiento estaba previsto para poder acceder a los 83.000 millones en préstamos blandos que tiene asignados España. Estos objetivos se podrán usar para recibir subvenciones en vez de créditos. Se sustituirán objetivos que no se vayan a cumplir por otros que sí. De esta forma, el Gobierno podría cobrar buena parte de las ayudas no reembolsables —es decir, los casi 80.000 millones en subvenciones—, aunque haya inversiones que tenga difícil cumplir a tiempo. Así se abre la puerta a que España pida en los pagos más subvenciones en lugar de préstamos. Y según apuntan algunas fuentes, esta posibilidad ya estaría negociándose con la Comisión. Sin embargo, Bruselas se resiste a cambiar aquellas reformas consideradas estructurales, como la subida del impuesto al diésel. Las reformas menores y los hitos de inversión intermedios se podrán retirar de los planes.

¿Y qué sucede con aquello que no va a dar tiempo a ejecutar? La tercera forma de flexibilizar que ofrece Bruselas es que estos objetivos se puedan trasladar a los fondos estructurales y que se paguen con los recursos del marco presupuestario 2021-2027, que disponen de un plazo adicional de ejecución de tres años. Se podría así llegar hasta 2030 y disponer de más tiempo para completarlos. Todos estos cambios están recogidos en una comunicación que la Comisión ha enviado a los países y que ya es pública. En esta guía se pide que antes del cierre de 2025 se hayan revisado todos los planes y se supriman aquellos objetivos que no sea posible cumplir o se reduzcan aquellos cuya demanda se quede corta. Además, se podrán proponer nuevas alternativas de inversión que no disminuyan la ambición o aumentar aquellos planes para los que haya mucha demanda; se podrán explorar vías distintas para los proyectos de IA o chips, y se podrán crear instrumentos financieros para incentivar inversiones privadas o inyectar fondos en el ICO para prioridades europeas.

La semana pasada el Banco de España ya advirtió sobre la necesidad de acelerar la ejecución de estos fondos. El servicio de estudios del BBVA calculó que al ritmo actual quedaría sin gastar cerca de un 10% de las ayudas no reembolsables, unos 8.000 millones. Y la unidad Next Generation de Llorente y Cuenca ya estimó que no daría tiempo para ejecutar unos 10.000 millones. La propia Comisión ha pedido a España en sus recomendaciones que pise el acelerador.

El problema de España es común a todos los países dotados con grandes cantidades de fondos europeos. Según Eurostat, al cierre de 2024 España tenía efectivamente gastados cerca de 32.000 millones en ayudas no reembolsables sobre los casi 80.000 millones concedidos, cerca de un 40% frente al 45% que hay de promedio en la UE. Si se toman además los créditos, España prácticamente no los ha utilizado y tiene concedidos 83.000 millones. De modo que el porcentaje de utilización sobre el total es de un 20%. Países como Francia, Dinamarca u Holanda, aunque con una proporción de dinero asignado mucho menor en relación a su PIB, han ejecutado ya porcentajes superiores al 70% del total.

Faltan solo 442 días, poco más de un año, para tener completados todos los proyectos de inversiones y reformas. El tiempo apura. Tienen que estar listos para el 31 de agosto de 2026; toda la documentación ha de estar justificada y debe realizarse la última petición de pago para el 31 de septiembre, y los desembolsos solo se podrán hacer hasta el 31 de diciembre. Pero la iniciativa de cambiar objetivos de préstamos por subvenciones puede dar un alivio sustancial a esta situación.

España ya ha renegociado hasta cinco veces los objetivos de inversión y las reformas para hacer posibles los pagos. Muchos han sido reescritos o modificados para facilitar su consecución. En unos cuantos se han rebajado los números fijados como objetivos al darse cuenta de la enorme dificultad de conseguirlos. Así ha sido el caso con las empresas que se digitalizan, las electrolineras o las viviendas rehabilitadas. Ya se han realizado tantos cambios que cuesta seguirlos. La transparencia también se ha abandonado: ni siquiera se conocen las últimas modificaciones. Se están adelantando objetivos ya cumplidos para cobrarlos antes. Y se está desplegando un proceso de simplificación aún mayor que permite reescribir objetivos para asegurar la ejecución, como se indica en la guía de la Comisión.

España básicamente acumula retrasos en la construcción de 20.000 viviendas para alquiler social. También en las rehabilitaciones de vivienda para hacerlas más eficientes energéticamente, cuyos objetivos son 400.000 actuaciones en 285.000 viviendas reformadas. Y en el proyecto estratégico para fomentar una industria del chip, también conocido como PERTE: las cantidades necesarias para invertir en fábricas de semiconductores son tan elevadas que han hecho imposible atraer empresas. Además, hay algunas partidas del PERTE de descarbonización de la industria que están teniendo dificultades, entre ellas la que decayó por la retirada de Arcelor. Hay proyectos, como algunos de hidrógeno verde, que se van a hacer a través de empresas públicas. En estos casos se da por ejecutado el dinero cuando se entrega a la sociedad pública, lo que brinda hasta tres años más para ejecutarlos. Y todavía quedan reformas por aprobar en un Congreso fragmentado, como la subida del diésel o la ley de industria.

Aun así, ahora que este lunes se cumplen cuatro años del inicio del plan de recuperación, el Gobierno puede presumir de todas formas de grandes cifras: se han lanzado 78.115 millones de euros en convocatorias y hay 51.355 millones resueltos. Esto significa que están adjudicados, aunque una parte todavía haya que ejecutarla. El esfuerzo ha sido titánico para una administración ya cargada con la actividad diaria, y esto se ha traducido en que ya estén contabilizados 1,1 millones de beneficiarios, el 40% pymes y microempresas. Hay 25.000 viviendas de alquiler social prefinanciadas; 383.000 plazas de FP creadas; 270.000 vehículos eléctricos y puntos de recarga financiados; 200 municipios que han adquirido autobuses de cero emisiones y han peatonalizado calles o desplegado carriles bici; 550.000 hectáreas de regadíos modernizados; 730.000 pymes y autónomos que han usado el kit digital y 15.000 el kit consulting; 1.400 millones de euros concedidos para fomentar el autoconsumo en hogares y empresas; 851 equipos tecnológicos para hospitales, y tres plantas de baterías aprobadas.