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Bruselas urge a los Estados a acelerar sus planes de recuperación

Más de las mitad de los 650.000 millones programados todavía no se han distribuido

El vicepresidente de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, y el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis.
Manuel V. Gómez

A falta de algo más de un año para que concluya el plazo fijado para implementar el Fondo de Recuperación, más de la mitad de los recursos no han sido desplegados. De los 650.000 millones presupuestados entre subvenciones y préstamos, Bruselas todavía no ha llegado a desembolsar 335.000 millones. ¿La causa? Los Estados miembros van con mucho retraso en la puesta en marcha de sus planes de recuperación. Como recuerda la propia Comisión Europea, hasta ahora ha repartido 315.000 millones atendiendo al cumplimiento de reformas e inversiones comprometidas.

Han sido varios los intentos de sendos Estados miembros de reclamar más tiempo para poder gastar el dinero que les corresponde por el plan de recuperación. Las voces que más lo han pedido han llegado de Portugal, Italia o Polonia, y hay países como España, Grecia o Croacia con cantidades asignadas por encima del 10% de su PIB. Sin embargo, la respuesta de la Comisión siempre ha sido la misma: no es legalmente posible alargar los plazos y cambiarlos requeriría un esfuerzo político inmenso, porque conlleva la aprobación en los parlamentos de los 27 Estados.

Ante estas peticiones lo que sí ha hecho la Comisión en varias ocasiones es flexibilizar los criterios de interpretación y dar todo el margen que permite el reglamento. La última vez lo hizo hace algo más de un año. Eso ha permitido a España, por ejemplo, adelantar el cumplimiento de varios hitos e inversiones para pedir más de 20.000 millones de euros en una solicitud presentada en diciembre y que todavía no ha recibido el visto bueno de Bruselas.

Para ayudar a los Estados a agilizar la ejecución de los fondos, la Comisión ha preparado una comunicación en la que les pide que apuesten por simplificar sus planes eliminando procesos que no precisen una demostración o, incluso, recuerda a las capitales que hay determinadas reformas que pueden ser sustituidas por otra equivalente. Aunque en estos casos hay límites porque el Ejecutivo de la UE califica las reformas en tres categorías: la primera son las concernientes al Estado de derecho, que son inamovibles. Esto, por ejemplo, dificulta mucho a Hungría cumplir con su plan de recuperación, puesto que Budapest no tiene la voluntad política de cumplir con las exigencias de la Comisión y el resto de países.

Otro grupo de reformas son aquellas que están en línea con las recomendaciones del semestre fiscal que realiza Bruselas dos veces al año. En este caso, apuntan fuentes de la Comisión, las reformas nuevas que se planteen deben tener las mismas consecuencias que las planteadas inicialmente. Eso, en principio, no quiere decir que se cambie una por otra por obstáculos políticos, más bien la intención es que sean técnicos. El último grupo de reformas, de menor peso, es el que es más sencillo de sustituir.

Entre las causas que pueden haber ralentizado el despliegue del fondo, Bruselas apunta a “la carga administrativa”. De hecho, admite que en la evaluación que se hizo de este programa, el más ambicioso desplegado hasta el momento por la UE, las capitales concluyeron que había muchos detalles que obstaculizaban su ejecución. “Algunos Estados miembros opinan que esto ha dado lugar a una carga administrativa superior a la prevista y a retrasos en la aplicación del mecanismo”, explica el documento aprobado este miércoles por el Colegio de Comisarios.

El retraso en la aplicación del plan ha traído consigo un coste de financiación más alto. “Desde el lanzamiento del Mecanismo [de Recuperación y Resiliencia], la Comisión ha prestado fondos basándose en el calendario previsto de solicitudes de pago de los Estados miembros en un horizonte de 6 a 12 meses y ha logrado liberar los fondos inmediatamente después de que se autorizaran los desembolsos. Sin embargo, las solicitudes de pago se han presentado y completado con retraso respecto al calendario previsto”, señala el Ejecutivo comunitario.

Añade que, en lo que va de 2025, Bruselas ha tenido que enfrentar dos situaciones que dificultan la gestión de la liquidez. “En primer lugar, los desembolsos han caído significativamente por debajo de los importes previstos sobre la base de las indicaciones de los Estados miembros, lo que ha dado lugar a una acumulación inesperada de grandes saldos por parte de la UE durante un período prolongado de tiempo”, apunta. “En segundo lugar, los cambios en el entorno de los tipos de interés significan que los saldos de caja están empezando a generar costes netos de liquidez para el presupuesto de la UE y los beneficiarios de préstamos, a pesar de la activa gestión de tesorería de la Comisión”, agrega.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.
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