Argumentos demagógicos de tres partidos de izquierdas para votar contra el decreto antiapagones

Lo que ocurrió este martes en el Congreso de los Diputados no es nuevo, pero no por ello dejó de asombrar. La convalidación del Real Decreto-Ley Antiapagón saltó por los aires después de que Podemos, BNG y la Chunta Aragonesista votaran en contra, junto a Vox, PP y Junts. Los tres partidos, de mirada progresista, se instalaron en el “no” esgrimiendo argumentos demagógicos y dejando ver, de manera muy nítida, que había mucho tacticismo político tras su decisión.

Todo apuntó, desde el primer momento, a la falsa idea de una reforma a medida del oligopolio. Deslizar este planteamiento carece de sentido, sobre todo porque sus principales valedores votaron en contra de su aprobación y, también, por su contenido. El autoconsumo lleva años estancado y con este paquete de medidas se lanzaba un salvavidas para potenciar las comunidades energéticas y para crear la figura del gestor de autoconsumo, que protegiera y diera garantías a los ciudadanos a la hora de reclamar y luchar por sus derechos ante las distribuidoras. Nada que beneficiara a las grandes eléctricas a las que se les acusa de manejar a su antojo a un Gobierno con el que mantienen litigios abiertos.

Decir, por otro lado, como se manifestó desde la tribuna de oradores, que este proyecto legislativo no ataja ninguno de los problemas derivados del apagón es, directamente, una mentira que revela la falta de argumentos de quienes, desde la izquierda, se empeñaron en tumbarlo. Y es que con este decreto se daba un impulso necesario al despliegue de baterías de almacenamiento, tanto stand alone [independientes] como hibridadas con plantas fotovoltaicas.

Esto es fundamental para dar flexibilidad y robustez al sistema eléctrico, pero también para abaratar los costes de las facturas de millones de familias, ya que permite utilizar el excedente solar en momentos en los que el mercado se dispare, además de minimizar la dependencia de centrales de ciclo combinado de gas, que fijan un precio mucho más elevado en el mercado eléctrico. Decir “no” al almacenamiento, como dijo el diputado Mikel Otero de EH Bildu, no daña al Gobierno, sino a miles de españoles y pequeñas empresas que seguirán expuestos a un mercado eléctrico dominado por la volatilidad de precios.

Pero esta no es la única medida que daba robustez al sistema. El Gobierno incluyó una demanda histórica del sector renovable: esta tecnología podrá ser retribuida por operar para controlar la tensión de la red, haciendo que la estabilidad y la seguridad del sistema no quede en manos de centrales fósiles que, como se ha demostrado, no cumplieron su cometido el 28 de abril alegando fallos técnicos.

También se emplearon otros argumentos, por parte de BNG ―y posteriormente en rueda de prensa por el representante de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo―, que no tenían razón de ser dentro de las reformas que se afrontaban con este Real Decreto-Ley. Hablamos aquí del discurso NIMBY [no en mi patio trasero, en inglés] que en nuestro país se resume en el eslogan “Renovables sí, pero así no”.

Está claro que la aceptación social a los proyectos renovables tiene mucho margen de mejora y que el Gobierno debe incorporar mecanismos de gobernanza para involucrar a todos los actores sociales y económicos en el despliegue de estas tecnologías. Pero, en este debate, aludir a este argumento y esgrimir que determinadas zonas de España no son “zonas de sacrificio” para justificar el rechazo al RDL no tiene ningún sentido.

Se mantiene la protección ambiental

El RDL no elimina ningún elemento de protección ambiental y territorial para el despliegue de renovables. De hecho, pone sobre la mesa soluciones que agilizarán la instalación de más potencia sin tener que ocupar más territorio. En el caso de la eólica, se fomenta la repotenciación de parques, de manera que se utilice el espacio de viejos parques para instalar una tecnología más moderna y eficiente.

Esto implica disponer de más capacidad energética en el mismo espacio e, incluso, con menor ocupación de terreno, puesto que con menos “molinos” se podría generar más energía de la que se genera en las instalaciones más desfasadas. Para ello, aun así, los promotores deberán cumplir la ley y presentar una declaración de impacto ambiental (DIA) diferencial, es decir, que analice las repercusiones que tiene la nueva central renovable frente a la antigua, sin tener que hacer una DIA desde cero, como si fuera un nuevo proyecto.

Algo similar ocurre con el despliegue del almacenamiento, para el que no desaparece la obligación de presentar una DIA, como se ha intentado argumentar. Solo quedarán exentas de realizar una nueva declaración aquellas baterías que se instalen junto a un parque fotovoltaico y que, además, su instalación no conlleve una ocupación de terreno mayor a la del parque solar al que se agrega. Es importante entender que el impulso del almacenamiento hibridado con plantas renovables permite subir las horas de operación, así como los excedentes, sin tener que instalar nuevas plantas y ocupar más territorio. Es decir, este punto del RDL vendría atajaría las preocupaciones paisajísticas de determinados sectores.

Los diputados progresistas han dicho “no” a adaptar nuestro sistema eléctrico a las necesidades de la transición energética y, por tanto, han apoyado no acelerar en la lucha contra el cambio climático. Se han opuesto a medidas que, más allá de lo técnico, benefician al conjunto de la sociedad; que facilitarán una reindustrialización basada en renovables; que generarán miles de puestos de trabajo y que permitirá democratizar el sistema gracias al desarrollo del autoconsumo. Y lo han hecho sin aportar argumentos sólidos, con la desgastada carta del “todo es oligopolio” y con la confusa premisa de “renovables sí, pero no así”. Esta negativa es una extensión sibilina del negacionismo, que no coloniza solo espacios liberales y conservadores, sino que confunde a sectores progresistas.

Necesitamos sacar el negacionismo y el discurso nimbysta de las formaciones de izquierdas. Es crucial que el progreso no diga que sí a todo, pero para ello es necesario que se lancen propuestas ambiciosas que mejoren nuestra transición. Las políticas y posturas maximalistas de todo o nada son un lastre en la urgencia actual, cuando cada avance, por mínimo que sea, es esencial.

No nos vale con reducir el debate a la nacionalización de las energéticas si no atendemos a los debates técnicos. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, dijo, al finalizar la votación, que Podemos, al igual que el PP, rechazaron reunirse con el Gobierno para debatir cambios y propuestas que mejoren el texto legislativo mientras sí han incorporado medidas cruciales de la mano de EH Bildu, ERC o Sumar. No se entiende que haya formaciones que rechacen el diálogo en un tema trascendental como es la transición energética.

Está claro que el RDL no era perfecto ―ninguno lo ha sido ni lo será― pero sí era un buen primer paso para avanzar y seguir trabajando en nuevas reformas ambiciosas que garanticen que España puede dejar atrás, para siempre, su dependencia fósil. El rechazo permanente no puede ser una táctica electoralista, máxime cuando, como consecuencia, se deja en el aire la conquista de derechos y avances en la lucha contra el cambio climático.