Las renovables se movilizan para evitar que el Congreso tumbe el decreto energético del Gobierno

Máxima tensión en el sector energético ante el temor de que el Gobierno no sea capaz de convalidar este 22 de julio el Real Decreto-Ley 7/2025, que además de reforzar el sistema eléctrico para evitar apagones, sobre todo suponía un balón de oxígeno para el sector de las renovables, que ha visto como en los últimos dos años las expectativas de inversión se han reducido drásticamente.

La falta de apoyos que está viviendo el Ejecutivo a nivel parlamentario desde que se inició la legislatura en 2023 se ha tornado en extrema debilidad después de que el Tribunal Supremo haya enviado a prisión al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por su participación en el conocido como caso Koldo, en el que el alto tribunal investiga una trama criminal de mordidas a cambio de la adjudicación de obras públicas.

En este contexto, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha enviado un comunicado a todos sus asociados en el que les pide “colaboración activa, especialmente a través de sus relaciones institucionales en grupos políticos, administraciones locales, organizaciones empresariales y otros ámbitos de relevancia” en una tarea que considera de la “máxima prioridad”.

En el escrito declarado de uso interno, al que ha tenido acceso este diario, se busca que todos los socios sean conscientes de la importancia de que la normativa salga adelante: “La convalidación del RDL trasciende los intereses estrictamente sectoriales para situarse en el ámbito del interés general del país, afectando a su soberanía, a su prosperidad económica y a su liderazgo internacional”.

El comunicado pone de manifiesto el fuerte impacto que puede generar en la economía la falta de apoyos parlamentarios. “La eventual no convalidación del decreto supondría la pérdida de una oportunidad sin precedentes para consolidar el liderazgo español en energía fotovoltaica. Las consecuencias se extenderían a la competitividad internacional del sector, la paralización de inversiones, la generación de incertidumbre regulatoria en proyectos en desarrollo, y la imposibilidad de capitalizar la posición tecnológica alcanzada tras años de desarrollo sectorial”, explica el comunicado.

Por todo ello, pide a las empresas de energía verde que trasladen estas cuestiones a los grupos parlamentarios, representantes políticos de todos los niveles, administraciones autonómicas y locales, organizaciones empresariales y cámaras de comercio. Además, solicitan contactos de alcaldes que puedan presionar y ofrecen cartas institucionales para hacer llegar el mensaje a personas que puedan contribuir a lograr la mayoría.

Como ya avanzó este medio, el decreto aprobado el pasado 24 de junio, hacía concesiones específicas para lograr el apoyo de algunos de los socios habituales del Gobierno como Junts, ERC, PNV o Bildu. Sin embargo, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica apelaban ese mismo día a la responsabilidad de todos los grupos a la hora de convalidar la normativa, lo que se interpretó como que el Ejecutivo aún no tenía todos los apoyos necesarios.

Tanto la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, como el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, mantuvieron discretas negociaciones con algunos grupos parlamentarios los días previos a la aprobación del decreto en Consejo de Ministros con el objetivo de atar los apoyos. No obstante, la normativa está en el aire y los esfuerzos del sector porque salga adelante denota la falta de confianza en que la normativa se apruebe.

Desde ese mismo día ya empezó a trascender en el sector que el Gobierno aún no tenía el apoyo de Podemos para esta cuestión. El grupo morado se ha mostrado muy distante del Ejecutivo, más si cabe desde que Santos Cerdán apareciera como uno de los presuntos implicados clave de la trama de corrupción. Cualquier apoyo al Gobierno actualmente es delicado, ya que aún faltan por aflorar diversos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El claro distanciamiento de Podemos está llevando al sector de las renovables a tratar de recabar el apoyo por otras vías. Fuentes al tanto de la situación señalan que incluso se tratará de sondear al Partido Popular e, incluso, a Vox para sacar adelante un decreto que creen que debe quedar fuera de la refriega política. En este sentido, las fuentes consultadas señalan que también se va a tocar a la CEOE. Creen que la organización presidida por Antonio Garamendi podría tener mayor influencia sobre los partidos de la oposición que otros grupos de presión.

El decreto es capital para las energías renovables. Unef destaca que “el RDL 7/2025 constituye una norma de extraordinaria relevancia para sentar las bases regulatorias de la energía fotovoltaica como nueva energía convencional”. La normativa, lejos de disminuir el peso de las renovables, al que muchos atribuyeron las responsabilidad del apagón tras el histórico incidente, ha reforzado sus competencias para que puedan competir con tecnologías tradicionales en manos de las grandes eléctricas como la nuclear, la hidráulica o los ciclos combinados, hasta ahora mejor dotados para tareas como el control de la tensión, que fue lo que provocó la caída del sistema el pasado 28 de abril en toda la península Ibérica.

Pero además de mejorar las posibilidades de la fotovoltaica para controlar la tensión, impulsa el almacenamiento, flexibiliza las autorizaciones administrativas, mejora la normativa de autoconsumo y avanza en una mayor electrificación. “Estamos hablando de la cristalización del esfuerzo conjunto de todo el sector en los últimos tiempos, y para ello resulta fundamental, una vez más, el trabajo conjunto de todos nosotros”.

En esta línea, también relaja los requisitos para el cobro de las primas de aquellas plantas que están acogidas al régimen de ayudas establecidas en 2008, lo que supone un alivio para pequeños propietarios de instalaciones y grandes fondos internacionales de infraestructuras o de private equity, que apostaron por esta tecnología cuando el Gobierno recortó las subvenciones en 2013.

La realidad es que el sector de las renovables, y especialmente la fotovoltaica, arrastra fuertes dudas por parte de los inversores. La caída de los precios de la luz, los cuellos de botella administrativos, la falta de claridad regulatoria de algunos elementos clave y los mayores costes para desarrollar los proyectos han alejado a los capitales foráneos que estaban entrando masivamente hasta después de la crisis energética que se desató por la invasión de Rusia sobre Ucrania. En este contexto, al menos diez mandatos a la banca de inversión para vender activos renovables han sido fallidos y no han terminado de materializarse. Un escenario aún más castigado por el apagón.

Pero la realidad es que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) elaborado por el Gobierno contemplaba una movilización de más de 300.000 millones de euros —la mayor parte de origen privado— para alcanzar los objetivos comprometidos con Bruselas. Una difícil empresa cuando Bruselas empieza mostrar que la descarbonización ha pasado a un segundo escalón en las prioridades del Ejecutivo comunitario, más centrado ahora en la autonomía estratégica, la defensa y la competitividad industrial.