El Gobierno deja en vía muerta la CNE y hace concesiones a Cataluña y País Vasco para atar el decreto antiapagón

El Gobierno finalmente no ha incluido la creación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE),en el decreto ley de medidas del sector eléctrico aprobado con motivo del apagón del pasado 28 de abril, el peor incidente del sistema eléctrico de la historia de España.

Fuentes al tanto de las negociaciones, que se han llevado muy en secreto hasta la última semana, señalan que desde el Ejecutivo se llegaron a plantear incluir la creación de este nuevo organismo en el texto que ha visto la luz este mismo miércoles, ya que se trata de una de las apuestas de investidura que presentó Pedro Sánchez en 2023.

Sin embargo, las fuentes consultadas aseguran que tras estudiar esta posibilidad, se desestimó, ya que creen que hubiera sido muy complicado justificar en un decreto la urgente necesidad para su creación, por lo que podría haber terminado en un varapalo de Tribunal Constitucional, como ocurrió con otras medidas como las indemnizaciones por el almacén de Gas Castor.

Sin embargo, el Ejecutivo valoró esta posibilidad porque son conscientes de que en la actual situación de debilidad parlamentaria han perdido quizás la última oportunidad de aprobar una política de calado como es la CNE. El proyecto de ley para la creación de esta institución -a la que la CNMC se opuso en un primer momento- lleva durmiendo el sueño de los justos en el Congreso de los Diputados desde el pasado mes de septiembre, periodo en el que ha recibido más de 20 extensiones de plazo para su tramitación. Fuentes próximas a las negociaciones ven imposible dar salida a esta ley en las cortes y lograr los apoyos necesarios. Sobre todo en este escenario en el que el Gobierno está sufriendo por el caso judicial que afecta a José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Incluso el Gobierno a día de hoy no tiene del todo claro que pueda convalidar dentro de un mes el decreto antiapagones aprobado ya por el Consejo de Ministros. Por eso, desde Transición Ecológica seguían este mismo martes apelando a la responsabilidad de todos los grupos. Desde la pasada semana el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha mantenido conversaciones con algunos grupos parlamentarios para recabar apoyos.

Fuentes próximas a las negociaciones señalan que el Ministerio para la Transición Ecológica ha logrado contentar a sus socios en Cataluña (Junts y ERC) y País Vasco (PNV y Bildu) con diversas concesiones incluidas en el texto publicado en el BOE, alguna de las cuales se incluyó in extremis el mismo lunes, ya que no aparecían en borradores previos. Ahora la principal fuente de incertidumbre para el Gobierno es Podemos, formación de la que el PSOE cada vez está más distanciada y que aún no ha dado su apoyo explícito. El Gobierno tiene un mes por delante para contentar a la formación morada.

Sí que ha logrado el visto bueno del resto de socios de investidura, que han visto como algunas de sus exigencias se plasmaban en disposiciones adicionales y otras medidas del real decreto que ya ha entrado en vigor.

En este sentido, la propia ERC ha reivindicado la extensión de autoconsumo a cinco kilómetros del lugar de generación, una medida que ya aplica con la nueva ley. En el sector ven la mano de Junts per Catalunya la compensación de costes de gestión de purines que se subvencionará exclusivamente en Cataluña. Es decir, la compensación no llega al resto del territorio nacional.

Los purines son residuos de la industria porcina, un sector con mucho peso en la Cataluña rural, sobre todo en zonas de Lleida, donde la formación de Carles Puigdemont es el partido más votado. Esta medida también se incluyó a última hora y no aparecía en borradores previos a los que ha tenido acceso este medio. No se descarta la mano de Salvador Illa en estas reinvindicaciones. El presidente de la Generalitat estuvo reunido con Pedro Sánchez en La Moncloa los días previos a aprobarse el decreto.

Por su parte, tanto EH Bildu como el PNV se han felicitado de que el decreto incluya una subvención de 250 millones de euros para la industria electrointensiva, parte de la misma ubicada en Euskadi o las mejoras de acceso de la industria a la red desde el próximo otoño.

Pero la mano de Junts per Catalunya, que tiene muy próxima a la patronal Foment de Treball para tratar asuntos económicos, se ve en otras cuestiones de gran calado pero menos evidentes. Ya en el pasado tanto Junts como ERC hicieron enmiendas para que se flexibilizaran las exigencias de plazos de los proyectos renovables. En concreto, pedían congelar el contador cuando los promotores encontraban con paralizaciones por medidas cautelares tanto a nivel administrativo como judicial.

Muchos proyectos han sufrido estos problemas en Cataluña, pero también grandes empresas como CaixaBank, Sabadell o Naturgy, cuyo máximo accionista es CriteriaCaixa, están sufriendo paralizaciones de proyectos dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Con estas concesiones, el Gobierno tiene atado buena parte del apoyo del arco parlamentario para lograr la convalidación el próximo mes. Sin embargo, habrá que ver si finalmente Podemos da su brazo a torcer. El decreto también rebaja las exigencias mínimas de producción de las renovables un 25% para poder cobrar las primas de la factura, lo que se conoce como RECORE. Esta es una antigua exigencia del sector, que ayuda a pequeñas asociaciones como Anpier, donde miles de familias invirtieron por la rentabilidad que les garantizaba el Gobierno.

No obstante, fuentes del sector señalan que esta medida de alivio, que se produce porque cada vez hay más horas cero y no se produce en muchas horas del año, sobre todo en primavera, también beneficia a los grandes fondos de infraestructuras y private equity. Gigantes como JP Morgan, Brookfield o KKR invirtieron en renovables con prima muy apalancados, y esta medida respalda para su rentabilidad y sus rendimientos económicos.