3.000 millones de inversión y una subida de luz a la industria de hasta el 12%: lo que se juega en el decreto antiapagón
El sector energético se muestra expectante ante el sentido del voto del PP, que tiene la llave para convalidar el Real Decreto-Ley 7/2025 este martes tras el rechazo de Podemos
El decreto antiapagón va mucho más allá del refuerzo que otorga para evitar otro apagón, después del peor incidente del sistema eléctrico ocurrido en España el pasado 28 de abril.
La normativa supone, tal y como adelantó este medio, un balón de oxígeno para la inversión en renovables en un momento crítico donde los grandes capitales están dudando mucho en apostar por las energías verdes en España. Fuentes del sector y consultores expertos creen que si decae el decreto se pueden esfumar alrededor de 3.000 millones de euros, ya que este próximo jueves 24 de julio vence un hito administrativo clave para proyectos. Alrededor de 5 GW en eólica y fotovoltaica están amenazados de perder permisos y que se les ejecuten avales, con lo que la tensión entre los promotores es máxima.
Pero los expertos del sector creen que la potencial pérdida de inversión se puede elevar hasta los 200.000 millones de euros. El decreto desatasca regulatoriamente la inversión en almacenamiento y se eliminan cuellos de botella para la conexión a red, lo que facilita inversiones en centros de datos, electrificación y otros vectores.
No sólo eso, el decreto alivia la factura de la luz de la industria electrointensiva. Las empresas, claves en el tejido económico en regiones amenazadas por la despoblación, pagarán una factura de la luz entre un 3% y un 12% más cara, ya que el decreto ofrece 250 millones de euros para bonificar el 80% de los peajes, un componente fijo de su factura eléctrica. La industria está presionando a los líderes regionales. Esto se produce en plena amenaza para muchas industrias por los aranceles de Trump.
A todo lo anterior hay que sumar las capacidades y refuerzos que da el decreto tanto al operador del sistema como a la CNMC para evitar un potencial apagón. Todos esos argumentos que está poniendo encima de la mesa el sector es lo que está haciendo dudar al Partido Popular hasta el último momento, después del rechazo de Podemos a la norma. En gran medida, son sus propios barones y empresas con gran capacidad de hacer llegar su mensaje a Génova los que están pidiendo una abstención patriótica.
“A nivel técnico el PP está de acuerdo con el decreto, pero ahora pueden pesar más razones de índole política”, señalan fuentes del sector, que sin embargo consideran que a Génova se le puede volver en contra rechazar el decreto. Tras decaer, inversores de renovables, la gran industria y el sector le puede acusar de ser responsable de perder miles de millones de euros de inversión, dañar a la competitividad de la industria y dejar al sistema eléctrico más a merced de un apagón. También la industria financiera espera que este decreto salve una situación crítica. Grandes compañías como Acciona, Iberdrola, Repsol o Endesa buscan la venta de activos renovables en una situación de incertidumbre que está generando dudas entre los capitales foráneos.
En este sentido, el decreto da una salvaguarda a las promociones de renovables de Galicia, que están sufriendo una judicialización y por ende una congelación de inversión de empresas nacionales (Naturgy, CaixaBank, Sabadell) y multinacionales (Engie, por ejemplo). La Xunta de Galicia, que lideró Feijóo durante tres legislaturas antes de saltar a la política nacional, quiere terminar con esta situación que amenaza uno de los vectores de crecimiento de una tierra que sufre la desindustrialización. También Junts apoya la medida ya que empresa catalanas están teniendo este problema tanto en Galicia como en la propia Cataluña.
La incertidumbre regulatoria respecto de este decreto se suma a la retirada del decreto también para renovables que elaboró la Generalitat de Salvador Illa, que decidió no presentarlo para convalidación al no tener atado el apoyo de ERC, molesto por que no se concretara la financiación singular en la comisión bileteral con el Gobierno de Pedro Sánchez. Este clima de incertidumbre ha generado dudas en inversores de primer orden mundial como Amazon, que tiene previsto un proyecto eólico pionero en Girona.
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