El Supremo tumba la posibilidad de que el novio de Ayuso use la condena al fiscal general para anular su presunto fraude

La sentencia del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es solo una victoria a medias para el empresario Alberto González Amador, quien no ha conseguido que los magistrados reconozcan que se vulneró su derecho de defensa concretamente en el procedimiento en el que está imputado por un posible fraude fiscal. De hecho, la resolución cierra la vía a la posibilidad de solicitar la nulidad de las dos causas abiertas contra él, un escenario que habían manejado fuentes judiciales con conocimiento de la estrategia de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Los magistrados aluden a la profesionalidad de los jueces implicados en esos dos procedimientos, uno ya cerca del banquillo por presunto fraude fiscal de 350.910 euros, y otro todavía en instrucción por presunto soborno empresarial de medio millón de euros. “Hay que presumir”, dice la sentencia del Supremo con respeto a los jueces que dirimirán esas dos causas, “que serán plenamente conscientes de la imposibilidad de utilizar como prueba en el proceso ese mensaje indebidamente difundido”.

En el escrito de acusación, Amador había dicho que su derecho a la defensa se había visto dañado de manera “irremediable e irreversible”. Los magistrados del Supremo le contestan que ha usado “tintes seguramente exageradamente tremendistas, aunque entendibles desde su posición de acusación y sus intereses”.

El texto sobre la condena al fiscal general del Estado señala también de manera indirecta a la línea de defensa política que ha usado hasta ahora la presidenta Ayuso. Lo hace al referirse al agravio que Amador dice haber sufrido al haberse publicado su presunto fraude fiscal en los medios de comunicación, donde hablaba de su pareja como un “ciudadano particular”. Los magistrados del Supremo responden que “estamos no ante un estricto ciudadano anónimo, sino ante un personaje con notoriedad pública, aunque sea a su pesar”.

Tanto en sus escritos ante el Supremo como ante el juzgado de instrucción que lo investiga, Amador había relatado el daño que supuestamente habían sufrido sus derechos a consecuencia de la filtración del correo electrónico en el que se declaraba culpable para conseguir una rebaja de pena en la causa del fraude fiscal. En concreto, Amador decía que habían sido afectados los derechos fundamentales a la intimidad, protección de datos, presunción de inocencia y derecho a la defensa judicial “con una intensidad jamás vista en nuestro sistema judicial”.

El Supremo dedica más de dos páginas a esta cuestión de la potencial nulidad de los procedimientos contra Amador, que entra a valorar de la siguiente manera: “Es precipitado e infundado alimentar la impresión de que los jueces llamados a resolver esa causa penal no podrán resolver con profesionalidad y en derecho sobre las pretensiones acusatorias, en su caso, articuladas. Hay que presumir que serán plenamente conscientes de la imposibilidad de utilizar como prueba en el proceso ese mensaje indebidamente difundido. Y que, en consecuencia, saldrán al paso de cualquier intento de introducirlo, de forma directa o indirecta, como elemento probatorio”.

Añaden los magistrados que en caso de encontrarse con un juez que no siga este proceder, Amador podrá recurrir sus resoluciones: “Si el proceso no se ajusta a las reglas de un juicio justo, allí deberá denunciarlo. Es en ese ámbito donde, con el asesoramiento de su letrado, podrá desplegar y reclamar frente a todo indicio de afectación a cualquiera de los pilares de la arquitectura de un juicio justo”.

De las dos causas abiertas contra Amador, la de fraude fiscal ya ha concluido su fase de instrucción y está a la espera de que se señale el tribunal que lo juzgará, y la otra, la de presuntos delitos empresariales continúa en fase de instrucción en el juzgado 19 de Madrid, que está a la espera de un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

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