Comunes, el partido surgido de las FARC, desaparece en un fracaso electoral absoluto

Comunes, el partido político surgido del acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC en Colombia, ha naufragado irremediablemente en las urnas y no estará en el próximo Congreso de la República. Las elecciones legislativas de este domingo eran las primeras en las que competía sin tener garantizada una bancada, como ocurrió en los últimos dos periodos por cuenta de ese histórico pacto, que cumple diez años en este 2026. No superó esa prueba de fuego, pues la coalición de izquierda alternativa que formó con Fuerza Ciudadana, el movimiento del exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, no logró elegir ningún congresista, y la ausencia del Capitolio significa perder la personería jurídica. En esas listas solo estaba una de las actuales senadoras de Comunes, Sandra Ramírez, quien apenas obtuvo poco más de 10.000 votos. Tres de sus representantes a la Cámara también fracasaron buscando la reelección en Atlántico, Valle del Cauca o Antioquia.

A pesar de que los legisladores de Comunes han respaldado decididamente las reformas del Gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas de la Colombia contemporánea, sus candidatos fueron rechazados por el Pacto Histórico, el partido del mandatario. El Pacto tendrá la mayor bancada en el próximo Senado, con unos 25 legisladores, mientras que las coaliciones de izquierda alternativa se han hundido por debajo del umbral. La alianza de Fuerza Ciudadana con Comunes obtuvo apenas el 0,6% de los votos al Senado este domingo –y un porcentaje aún menor para la Cámara–.

“Seguiremos caminando la palabra y trabajando día a día para que la paz sea una realidad en cada rincón de Colombia”, reaccionaron los miembros de Comunes en un comunicado después de conocer los resultados de los comicios. “Refrendamos nuestro compromiso indeclinable con la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, y ponemos a disposición nuestra voluntad política, nuestro trabajo organizativo y nuestro compromiso territorial para seguir aportando a la construcción de un país más justo, incluyente y en paz”.

Cambiar las balas por votos fue una de las frases que más repitieron los negociadores del Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) para sintetizar el propósito esencial de que el acuerdo de paz sacara a las armas de la política. Fue por esa razón que Comunes tuvo diez escaños garantizados por dos periodos consecutivos –cinco en la Cámara de Representantes y cinco en el Senado de la República–, a pesar de que las urnas nunca les perdonaron medio siglo de guerra. En las elecciones de 2018, el partido logró apenas 85.000 votos –y acabó por renunciar a la candidatura presidencial de Rodrigo Londoño, Timochenko, el último comandante de las FARC– . En las de 2022 logró todavía menos, unos 21.000 a la Cámara y 30.000 al Senado.

La participación política, uno de los puntos más tensos de cinco años de negociaciones, siempre fue una línea roja para los rebeldes. Los días que definieron el fin de la que era la guerrilla más antigua del continente fueron dramáticos. El acuerdo del Teatro Colón, sellado a finales de 2016, fue renegociado a marchas forzadas después de la inesperada derrota del original en un plebiscito que dejó en el aire esa difícil negociación, que se había extendido más allá de lo presupuestado, por varios años. A contrarreloj, la cúpula de las FARC aceptó en ese entonces 58 de las 60 modificaciones que propusieron los portavoces del No –entre los que estaba el entonces senador Iván Duque, el pupilo del expresidente Álvaro Uribe y quien alcanzó la Presidencia–. “Las únicas dos que no aceptaron fueron las que definían lo que eran aspectos cruciales para su futuro: que los comandantes guerrilleros no pudieran participar en política y que se hicieran más severas las sanciones y condiciones de reclusión”, rememora Santos en su libro La Batalla por la paz.

El acuerdo se salvó y unos 13.000 guerrilleros dejaron las armas, pero la polarización política en torno al acuerdo nunca amainó. El 20 de julio de 2018, ocho firmantes ocuparon por primera vez escaños en el Congreso. No se presentaron a la ceremonia ni Iván Márquez ni Jesús Santrich, que debían ser congresistas pero ya marcaban distancias con el partido, y acabaron por rearmarse. Muchos legisladores se esforzaron en hacerles sentir su rechazo: varios congresistas del Centro Democrático, el partido fundado por Uribe, los recibieron con el grito de “asesinos”. “Hemos ido asimilando que en política nadie le regala nada a nadie”, reflexionaba el senador Julián Gallo –también conocido como Carlos Antonio Lozada, su nombre en la guerra– en un reportaje sobre ese aterrizaje en el Capitolio.

El partido cometió errores. En un primer momento mantuvo la resistida sigla de la guerrilla en armas, al denominarse Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, antes de cambiar ese nombre por Comunes. También acusó el desgaste de divisiones internas. En los términos más formales, pasó de declararse de oposición en el periodo de Duque (2018-2022) a convertirse en parte de la variopinta coalición de Gobierno en el de Petro (2022-2026). Desde el Congreso, defendió la implementación integral del acuerdo de paz, incluyendo aspectos como la reforma política y la reforma rural.

En paralelo, los firmantes se presentaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional. El tribunal de paz sancionó el año pasado a siete antiguos integrantes del secretariado de las FARC por crímenes contra la humanidad relacionados con el secuestro. Ninguno irá a la cárcel. En lugar de eso, tendrán que cumplir ocho años de labores restaurativas en los territorios, como desminado humanitario, búsqueda de desaparecidos y proyectos ambientales. En ese grupo, sobresalían los senadores Julián Gallo y Pablo Catatumbo, quienes desistieron de intentar reelegirse.