Más de 500 presos mueren en las cárceles de Bukele desde 2022

Walter Vladimir Sandoval, de 25 años, fue capturado el 30 de marzo de 2022, apenas cinco días después de iniciado el régimen de excepción impuesto por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Cuatro días más tarde, el 3 de abril, ya estaba muerto: su cuerpo mostraba fracturas y lesiones visibles en el rostro, las rodillas y el tórax. Fue el primer detenido durante el régimen que murió bajo custodia en las cárceles salvadoreñas, revelan documentos policiales y un informe de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH). Hasta la fecha, están documentados al menos 517 fallecidos.

Un informe de la Policía Nacional Civil (PNC), obtenido a través de una filtración masiva de correos conocida como Guacamaya Leaks y en poder de EL PAÍS, revela que las autoridades intentaron ocultar la verdadera causa de la muerte de Sandoval, quien fue capturado a unos metros de su casa mientras tomaba cervezas con sus amigos. Los policías lo golpearon y se lo llevaron acusado de ser pandillero del Barrio 18, una de las agrupaciones criminales que por décadas sembró el terror en el país centroamericano. Sus familiares, sin embargo, afirman que era un joven tranquilo y apasionado por el fútbol. Los agentes responsables de su traslado aseguraron que “se cayó de unas gradas dentro del Centro Penal de Izalco”, pero el atestado policial recoge que el resultado de la autopsia muestra que “las lesiones causadas en la víctima fueron provocadas, determinando que el caso pasa a ser un homicidio”.

Desde que empezó el régimen de excepción, hace poco más de cuatro años, el Gobierno de Bukele, iniciado en 2019, se ha empeñado en negar u ocultar las muertes en sus prisiones. El mismo mandatario afirmó, cuando los cuerpos comenzaban a apilarse, que se trataba de “muertes naturales”. Su director general de Centros Penales, Osiris Luna, también defendió esta postura y argumentó que “antes morían más personas en las cárceles” y “nadie decía nada”.

Cuando los fallecidos sumaban 90, en noviembre de 2022, el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, reconoció de forma pública esa cifra, pero la calificó como algo “normal” y añadió que había “algunas instituciones” que investigaban los hechos. Ocho meses después, el fiscal general, Rodolfo Delgado, ordenó archivar 142 expedientes, porque consideraba que las muertes no constituían “ningún delito”, aunque no ofreció pruebas. Entre esos casos estaba el de Sandoval.

Muertes bajo custodia

La organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha documentado 517 casos de muertes bajo custodia en El Salvador. También ha recopilado cientos de testimonios y documentos de familiares. El archivo revela un patrón sostenido de abusos y negligencia estatal. En él se registran nombres, edades, fechas de fallecimiento y centros penales. Además, la organización documenta si las víctimas estaban perfiladas como pandilleros, si estaban procesadas o condenadas, la causa de muerte y si presentaban signos de tortura.

Este diario ha logrado corroborar 30 de los 517 casos. Dieciséis han sido documentados a través de testimonios directos y 24 mediante informes filtrados de la PNC en los que la institución reconoce los decesos ocurridos entre el 26 de marzo y el 18 de mayo de 2022. En dicho documento, la PNC califica cuatro casos como “homicidios” y los otros veinte como “sobreaveriguar”, que en la jerga oficial significa que deben ser investigados.

Los datos de SJH revelan que un 30% de los detenidos murió por causas violentas o tortura; otro 32% por negligencia médica y el resto sin especificar. Además, el 92% falleció sin haber recibido una condena y el 94% ni siquiera estaba perfilado como pandillero. A finales de marzo, este diario reveló que más de 33.000 de los 92.000 detenidos no estaban perfilados como pandilleros ni colaboradores antes de la medida.

La base de datos de SJH revela, además, un patrón de ocultamiento: 50 víctimas con signos de tortura fueron diagnosticadas con “edema pulmonar” por los médicos forenses, una cifra que los expertos consultados consideran fuera de lo normal. El edema pulmonar es la acumulación anormal de líquido en los alvéolos, lo que los especialistas atribuyen a infecciones graves, asfixia, traumatismos o falla renal, pero, según los expertos, se usa frecuentemente para enmascarar otras causas de muerte. Organizaciones como Cristosal y Human Rights Watch han documentado incluso cuerpos enterrados en cementerios clandestinos sin que sus familiares fueran informados.

Este periódico solicitó información a los ministerios de Salud y Justicia, la Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal y la Dirección de Centros Penales. Al cierre de esta edición, ninguna institución había respondido. Bajo la administración de Bukele, datos que antes eran de acceso público han sido blindados bajo un estricto secreto estatal. “Esta base de datos es prueba irrefutable; es el cimiento para que en el futuro haya justicia y organismos como la Corte Penal Internacional puedan investigar”, afirmó Escobar.

Debido a su persistencia en la denuncia, en 2025 la directora de SJH, Ingrid Escobar, se vio forzada al exilio. Sin embargo, las pruebas siguen acumulándose. En noviembre de 2025, un grupo de 252 venezolanos trasladados a la cárcel de máxima seguridad conocida como CECOT por un acuerdo con el Gobierno de Donald Trump dejaron El Salvador: 40 de ellos denunciaron torturas en lo que llamaron “un cementerio para hombres vivos”. Un grupo de expertos y juristas acusó en marzo al Gobierno de Bukele de crímenes de lesa humanidad ante la ONU.

Patrones de muerte dentro de las cárceles

Leonardo Vladimir Rivera Castillo, de 26 años, fue capturado el 31 de marzo de 2022 y murió tres días después en el penal de Izalco. Su cuerpo fue reconocido a las 14.45 horas en el Hospital Jorge Mazzini. El informe policial es tajante: “Se establece en la autopsia que fue un homicidio por la naturaleza de las lesiones”.

Rivera fue el segundo reo en morir bajo custodia, solo minutos después de Sandoval. Fallecieron en el mismo hospital y provenían de la misma prisión. El informe de SJH revela que en los primeros nueve meses del régimen murieron 113 personas, un promedio de 12,5 al mes. En 2023 se registraron 127 muertes; en 2024, 116; en 2025, 121; y en los primeros tres meses de 2026 ya sumaban 37, manteniendo el ritmo de una docena de muertes mensuales.

Bukele ha intentado normalizar la situación: “Así como muere gente en sus casas por edad o enfermedades, también mueren en las cárceles”, afirmó. Sin embargo, los datos lo contradicen. Una investigación del diario salvadoreño La Prensa Gráfica documentó que las muertes “no violentas” en prisiones pasaron de un promedio de nueve al mes en 2019 a 39 en 2022.

Sobre las causas de muerte, el registro de SJH determina que el 33,7% de los casos fueron clasificados por las autoridades como causa “indeterminada”, lo que evidencia la opacidad oficial. Las muertes por “enfermedad terminal” representan apenas el 4,5% del total, con una edad promedio de 45 años, lo que refuerza que los fallecimientos no responden a causas naturales previsibles.

Un ejemplo es Santos Navarro, vendedor de verduras sin antecedentes penales, capturado en julio de 2023 tras una denuncia anónima. Murió un año después. Su familia sostiene que falleció por complicaciones de diabetes sin atención médica; al recibir el cuerpo, el pie estaba en estado de descomposición. “Él padecía de diabetes desde que las pandillas lo secuestraron en 2004. Cuando murió, la esquela decía edema pulmonar, pero yo sé que no fue eso. A él lo dejaron morir. O mejor dicho, lo mataron. Yo sé que lo mataron”, sentenció uno de sus familiares.