El costo humano del estado de excepción permanente de Nayib Bukele

El famoso “modelo salvadoreño” de seguridad se basa en la idea de que un estado de excepción permanente —que restringe derechos y concentra el poder— es necesario para proteger a la población del crimen y la violencia. El régimen salvadoreño ha celebrado sus resultados para sostener que el fin justifica los medios. Esa es una fórmula histórica utilizada para justificar atrocidades que terminan produciendo desastres sociales y daños humanos que tardan generaciones en repararse.

En El Salvador, ese costo lo pagan decenas de miles de familias que viven con la incertidumbre de no saber si sus parientes detenidos siguen con vida. Lo pagan también quienes recibieron de vuelta a sus seres queridos en ataúdes sellados, con señales de abuso físico, desnutrición y falta de atención médica. El impacto recae, además, de manera desproporcionada sobre las mujeres: muchas han tenido que asumir el rol de cuidadoras y buscadoras de justicia mientras sus medios de vida se deterioran tras detenciones arbitrarias y prisiones preventivas indefinidas.

Este modelo distorsiona la responsabilidad del Estado de proteger a la ciudadanía bajo una lógica cercana al llamado “derecho penal del enemigo”, según la cual ciertas personas dejan de ser tratadas como sujetos de derechos. Es cierto que algunos miembros de estructuras criminales han sido detenidos, pero también hay miles de ciudadanos cuyas vidas han sido destruidas por lo que el propio Estado ha descrito como un “daño colateral mínimo”.

El caso de una joven voluntaria comunitaria ilustra esta realidad. Participaba en programas educativos para mujeres, ayudaba a vecinos con discapacidad y colaboraba con una asociación de familias que buscaban a personas desaparecidas por pandillas. Fue arrestada estando embarazada. Su estado presentaba complicaciones y requería atención prenatal especializada; aun así, un juez ordenó prisión preventiva mientras avanzaba su proceso, una práctica que se ha vuelto rutinaria bajo el sistema judicial del estado de excepción.

Posteriormente, obtuvo una orden judicial de liberación por razones médicas, pero la orden fue ignorada por las autoridades penitenciarias. Dio a luz en prisión. Poco más de un mes después, su bebé fue entregado a un familiar en estado crítico y murió días más tarde debido a la falta de atención médica adecuada. Nada de esto debió haber ocurrido.

El sistema carcelario donde suceden estas violaciones también ha sido exportado. El año pasado, el Gobierno de Estados Unidos contrató al Estado salvadoreño para detener migrantes en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Muchos fueron trasladados incluso contra órdenes judiciales estadounidenses y detenidos sin el debido proceso. Un informe de Cristosal y Human Rights Watch documentó que varios de estos migrantes fueron sometidos a tortura y abuso sexual durante su detención. Investigaciones posteriores revelaron que la mayoría no tenía antecedentes vinculados a pandillas ni a delitos violentos. Estos patrones coinciden con testimonios de otras cárceles salvadoreñas y sugieren que la tortura se ha convertido en una práctica sistemática.

La semana pasada, Cristosal publicó además un informe que documenta 245 casos de persecución política contra opositores, líderes comunitarios, periodistas, defensores ambientales y de derechos humanos. Entre las personas detenidas se encuentra mi colega Ruth López, reconocida defensora de la transparencia y jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal. Fue arrestada hace casi un año y durante meses no tuvo acceso regular a su familia ni a asistencia legal. Su proceso judicial se desarrolla en secreto, como ocurre con muchos casos bajo el estado de excepción.

Mientras tanto, el número de personas detenidas bajo este régimen supera ya las 100.000. La combinación de detenciones masivas, persecución judicial y ausencia de controles institucionales ha generado un clima de miedo que ha llevado a periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales a abandonar el país.

Aunque el Gobierno argumenta que su política es popular, la popularidad nunca ha sido un criterio válido para justificar violaciones masivas de derechos humanos. La historia latinoamericana ofrece demasiados ejemplos de ello. Hoy, en El Salvador, la violencia de las pandillas ha sido sustituida por la violencia de un sistema que opera sin los límites del Estado de derecho.

Por eso es urgente la creación de una comisión internacional independiente que investigue la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, señalados en el reciente informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES). Porque las violaciones continúan: desde principios de este año se han documentado 20 nuevas muertes bajo custodia estatal, elevando el total a al menos 420 fallecidos.

El mundo merece conocer la verdad sobre una política de seguridad que se presenta como un modelo de éxito, pero que está basada en violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos.