¿Afecta la condena al Fiscal General a las dos causas contra el novio de Ayuso?

La escena se produjo en el Tribunal Supremo hace dos semanas. Alberto González Amador, testigo en la causa que investigaba el delito de revelación de secretos del fiscal general del Estado, pidió “un minuto” a los siete magistrados para exponer una última idea: “A raíz de la filtración del fiscal general del Estado me han destrozado la vida”, dijo. Y, sin medias tintas, soltó:

―O me voy de España o me suicido.

Este jueves, el Tribunal Supremo ha avanzado la condena ―la sentencia con la motivación aún no está redactada― al fiscal general, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación (que implica su cese), una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Amador. La decisión es una victoria para Amador y, por tanto, para su pareja, Isabel Díaz Ayuso, que este jueves ha reivindicado en un tuit su tesis del complot político y hoy comparecerá ante los medios desde Sol, sede de la presidencia. No se ha pronunciado aún sobre si su pareja usará esta condena del Supremo en un intento de zafarse de las dos posibles condenas contra él, pero la idea ha ido calando en los medios desde hace semanas.

En realidad, no es nueva esa idea de una conexión jurídica entre la causa en el Supremo y las dos piezas contra Amador en los juzgados. Desde que empezó a ser investigado por un juzgado madrileño en marzo del año pasado, Amador ha alegado que se vulneró su derecho a la defensa en la fase previa a la judicialización. Ha aludido tanto a la filtración del correo en el que su abogado buscaba negociar con la fiscalía una rebaja de pena como a la nota de prensa que se difundió por orden del Fiscal General tras la campaña de desinformación orquestada por el Gobierno de Ayuso. Por coherencia, lo esperable es que ahora Amador aporte la condena contra el fiscal para tratar de librarse de sus apuros judiciales. Fuentes judiciales con conocimiento de su estrategia informan a EL PAÍS de que pedirá la nulidad de los dos procedimientos que le afectan, aunque sus dos abogados no han contestado a esta pregunta. Otra cosa, sin embargo, es que algunos juristas dudan de que le sirva de algo.

Amador debería presentar esa condena ante el juez de lo penal que le juzgará por fraude fiscal y falsedad documental en una fecha aún desconocida y ante el Juzgado 19 de Instrucción, donde tiene todavía en fase de investigación una segunda causa abierta por un presunto soborno empresarial.

Como ejemplo de esta estrategia está la propia defensa que hizo en el Supremo su abogado Gabriel Rodríguez Ramos, quien también lo defiende en las causas abiertas contra él. Ramos no solo buscaba la condena del fiscal general, sino que hizo énfasis en la vulneración de los derechos de su cliente.

Esa supuesta indefensión también la han intentado Ramos y su compañero letrado Carlos Neira en los juzgados de Plaza de Castilla. Prueba de ello son los recientes recursos que presentaron para evitar que su cliente se sentase en el banquillo por fraude fiscal. En el que interpusieron el 4 de junio en el Juzgado 19 intentaban que la jueza reabriese la fase de instrucción y pedían la práctica de nuevas pruebas favorables para Amador. No pedían la nulidad, pero hablaban de lo que percibían como una injusticia en el origen del caso. En su escrito desgranaron durante cuatro páginas los hechos transcurridos entre el 7 y el 14 de marzo de 2024, los mismos que han sido motivo de la condena del Supremo.

¿Qué derechos considera Amador que se han vulnerado? El escrito detalla la “lesión de forma absoluta y definitiva” de los derechos fundamentales a la intimidad, protección de datos, presunción de inocencia y derecho a la defensa judicial “con una intensidad jamás vista en nuestro sistema judicial”.

Continuaba el escrito detallando que una subordinada envió “tooodo” a la mano derecha de García Ortiz en los días previos a que se conociera la noticia, incluyendo la denuncia y el expediente tributario. También añadía que la fiscal jefa provincial de Madrid envió a la cuenta de Gmail personal del fiscal general del Estado a las 21.59 horas del 13 de marzo de 2024 el email del abogado de Amador en el que confesaba al fiscal del caso que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la hacienda pública”, con la idea de alcanzar un pacto para rebajar la pena. Agregaba que el contenido del correo fue publicado a las 23.51 horas por la Cadena SER. Y concluía que el fiscal general ordenó difundir la nota de prensa del 14 de marzo, “sacralizando institucionalmente la lesión de derechos fundamentales”.

El “cénit” de esa lesión, añadía el escrito, se había alcanzado con el auto de procesamiento que dictó la jueza el 28 de mayo por el que asumía la acusación y lo ponía a las puertas del juicio.

La contestación de la jueza Iglesias fue rotunda: “Los argumentos esgrimidos en el primer motivo de impugnación sobre la causa especial instruida por el Tribunal Supremo son ajenos a este procedimiento”. Luego, Amador recurrió en apelación a la Audiencia Provincial y también se encontró con una negativa, en un auto que se conoció precisamente durante el juicio al fiscal general, el 7 de noviembre.

Consultado por este diario, el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, Jordi Nieva, está de acuerdo con esas decisiones. Y cree que no cambia nada la condena al fiscal general. “Esto no es debatible”, dice Nieva. “¿Se imaginan que en lugar de un fraude, se juzgara a alguien por homicidio y pretendiese anular ese procedimiento por una revelación de secretos? ¿Alguien entendería eso?“.

Será interesante conocer si Ayuso se pronuncia sobre este asunto hoy en la comparecencia ante la prensa que hará a las 12.30 desde la Puerta del Sol. También habrá que esperar a conocer la sentencia porque los detalles importan. Lo que argumenten los magistrados podría ser interpretado por Amador como un respaldo a su inocencia.

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