El Gobierno ofrece un salvavidas a los parques eólicos y solares atrapados por los recursos judiciales

El Gobierno, a través del real decreto ley que ha aprobado con medidas para evitar apagones como el que sufrió la península Ibérica el pasado 28 de abril, ha lanzado un salvavidas a los proyectos de energías renovables que están encallados por recursos judiciales y paralizaciones cautelares, algo que está afectando especialmente a los nuevos parques en Galicia, donde la construcción de ocho decenas de instalaciones eólicas está en pausa; aunque también atañe a otras comunidades como Cataluña.

La instalación de nuevos parques solares y eólicos se asienta en España sobre una política de hitos que los promotores tienen que ir cumpliendo si no quieren perder sus permisos y el acceso a la red para volcar la energía que producen. Una vez que completan una autorización se les da un plazo para lograr la siguiente y así sucesivamente hasta que la instalación entra en funcionamiento.

Pero, ante las paralizaciones cautelares y recursos judiciales, hasta ahora el reloj de los hitos no se paraba, y muchas empresas corrían el riesgo de perder la inversión ya realizada y el acceso a la red concedido antes de que se resolviera el caso en los tribunales o ante la Administración.

Lo que hace ahora el Ministerio para la Transición Ecológica con su decreto es detener ese reloj cuando se dicta una medida cautelar. “Resulta razonable y proporcionado trasladar esa suspensión cautelar de las instalaciones autorizadas a los hitos, con el fin de que el plazo para el cumplimiento de esos hitos tenga en consideración ese tiempo suspendido”, apunta el texto del real decreto ley que se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que en el plazo de un mes deberá ser convalidado en las Cortes. Esta medida se aplica tanto si la paralización cautelar viene desde el ámbito judicial como si se hace desde el administrativo.

Este supuesto afecta especialmente a los parques eólicos en Galicia, donde la instalación de nueva potencia renovable está detenida desde hace años debido a la batalla judicial emprendida por algunas asociaciones ecologistas. Los recursos en contra de los parques eólicos han encontrado amparo en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ha ido dictando la paralización cautelar de decenas de parques que estaban autorizados.

El Tribunal Supremo ya ha corregido en un par de ocasiones al TSXG al determinar que la tramitación llevada a cabo por la Xunta había sido la correcta. Pero los magistrados del órgano gallego decidieron elevar una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está previsto que se pronuncie el próximo 1 de agosto, lo que podría despejar algo más el horizonte de estos proyectos o enterrarlos definitivamente.

Pero mientras se resuelve esta disputa legal por los procedimientos de autorización el tiempo corre, con el riesgo de que los promotores pierdan los permisos. Por eso la patronal aplaude el real decreto ley aprobado por el Gobierno.

El director general de la Asociación Empresarial Eólica, Juan Virgilio Márquez, muestra satisfacción contenida con las medidas adoptadas por el Gobierno, ya que llevan años tratando de solucionar los problemas de judicialización que está sufriendo el sector, particularmente en Galicia, pero también en otros territorios. “Tomar medidas regulatorias para evitar que la paralización de proyectos en los tribunales disuada a los inversores de apostar por las energías limpias es una medida positiva”, sostiene Marquéz.

“Quizás la norma podría haber abarcado no solo a los proyectos afectados por cautelares sino a todos los que están afectados por procedimientos judiciales ya que en estos casos las empresas, aun sin estar paralizados expresamente, sí lo están de facto por la incertidumbre de futuro que tienen”, añade. “En Galicia, hay unos 3.000 MW de proyectos afectados y no solo por las decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Galicia sino también por la cuestión prejudicial elevada por el mismo Tribunal al Tribunal Superior de Justicia Europeo”, concluye Márquez.

También algunas de las principales multinacionales que están apostando por la inversión en eólica en Galicia consideran las medidas adoptadas positivas, pero de nuevo creen que son insuficientes. Aplauden que al menos la judicialización no implique perder la tramitación de los proyectos y los avales por incumplir los hitos, pero temen que los tribunales encuentren otros argumentos que dificulten seguir adelante con las tramitaciones y toda la inversión que ya llevan hecha siga atascada.

Evitan dar medidas concretas, pero creen que por la vía legislativa se puede ir más lejos. Consideran que si de verdad el Gobierno quiere apostar por el Plan Nacional de Energía y Clima deben ser más expeditivos en el ámbito regulatorio, ya que de otra forma será difícil cumplir con los compromisos climáticos adquiridos con Bruselas.

El Gobierno está todavía buscando cerrar los apoyos a la norma en el Congreso, aunque algunos puntos del texto ya han sido negociados con los grupos. Varias fuentes del sector ven la mano de Junts per Catalunya en las medidas incluidas en el real decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros que tratan de paliar los problemas judiciales de las renovables. El partido de Puigdemont, influido en el ámbito económico por la patronal Foment del Treball, ya hizo enmiendas por esta cuestión en otras propuestas legislativas.

Entidades de renombre como CaixaBank, Banc Sabadell y Naturgy, cuyo máximo accionista es Criteria Caixa, están sufriendo en sus carnes la paralización judicial de proyectos eólicos en Galicia. Pero, además, Cataluña es otro de los territorios donde los proyectos de energías limpias se están viendo afectados por la judicialización y las medidas cautelares en el nivel administrativo.

José Donoso, director general de la patronal solar Unef, aplaude también la medida incorporada en el decreto del Ejecutivo. “Es de justicia”, sostiene. Donoso explica que algunas organizaciones contrarias a la implantación de grandes parques había descubierto que la política de hitos les permitía acabar con una proyecto solo con la presentación del recurso si se concedía la paralización cautelar.

Almacenamiento

Donoso valora esta medida. Pero lo que considera clave del decreto gubernamental para la supervivencia del sector renovable es la apuesta que se hace por el almacenamiento de electricidad, acortando plazos y tramitación en algunos casos. Además, se favorece la hibridación, es decir, que en una planta solar o eólica ya existente se instale una batería para acumular la electricidad y volcarla a la red también cuando no haya sol o viento.

El Gobierno, además, declara ahora de utilidad pública “las instalaciones de almacenamiento que inyecten energía en las redes de transporte o distribución” a los efectos “de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso”. Fuentes del sector sostienen que esto lo que ofrece a los promotores es una posición de negociación más cómoda a la hora de tratar con los propietarios de los terrenos en los que se autorice un proyecto de almacenamiento energético en el caso de bloqueo. Esas fuentes apuntan que no implica que siempre se vaya a recurrir a la expropiación, que deberá ser analizada por la Administración en cada caso.