La principal empresa del ‘caso hidrocarburos’ solicita al juez Pedraz citar a los ex jefes de gabinete de Maroto y de Teresa Ribera

La principal empresa imputada en el caso hidrocarburos, la operadora Villafuel, ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que llame a declarar como testigo a los ex jefes de gabinete de las exministras Reyes Maroto y Teresa Ribera para aclarar cuál fue el papel del Ministerio de Industria y del de Transición Ecológica respectivamente, en la concesión del título de operador de combustible a la empresa. La investigación apunta a que el comisionista Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas, que estuvieron en prisión provisional por estos hechos, movieron los hilos para desplegar la actividad de esta mercantil que está bajo el foco por un fraude a Hacienda de más de 231 millones de euros entre 2021 y 2024. La Fiscalía Anticorrupción advierte de que pueden producirse “nuevas imputaciones”.

El sumario del caso hidrocarburos revela un supuesto “plan” ideado por Aldama y Rivas para adquirir esta operadora y construir una estructura que les permitiera mayor autonomía operativa con el fuel. “Se infiere de la investigación realizada que, con idea de dinamizar las gestiones necesarias para ello” —indica la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil— utilizaron los contactos de Aldama recurriendo para ello al exasesor ministerial Koldo García. A través de él consiguieron una reunión en el Ministerio de Industria en diciembre de 2020.

En varios escritos presentados este lunes, la defensa de Villafuel quiere desvincularse del posible amaño de la concesión de la licencia. Como está bajo sospecha el “visto bueno” al expediente de la operadora que se dió desde la administración porque la UCO considera la sociedad no cumplía “con los recurso financieros apropiados ni legales para obtener la titulación de operadora”, la empresa reclama que se cite como testigo a Marc Isaac Pons, ex director de gabinete de la entonces vicepresidenta cuarta Teresa Ribera para esclarecer si intervino en el proceso de obtención por parte de Villafuel de dicha licencia para operar al por mayor con carburantes y combustibles petrolíferos.

Además, pide que se escuche también al jefe de gabinete en ese momento del Ministerio de Industria, a Juan Ignacio Díaz Bidart, que fue la persona que supuestamente recibió tanto a Claudio Rivas como a la empresaria Carmen Pano —que dice que entregó 90.000 euros por orden de Aldama en la sede del PSOE en Ferraz— con la intermediación de Koldo García. “A fin de aclarar si existió una mediación institucional o un simple trámite administrativo, es decir, si la intervención obedeció a una mera gestión formal del gabinete”, repone el escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS. Díaz Bidart ya declaró en el Tribunal Supremo y confirmó que la reunión se había producido, pero insistió en que su Ministerio no era el competente para otorgar este tipo de licencias.

Villafuel reclama igualmente que se cite a dos técnicos que fueron contratados por la compañía para la supervisión del procedimiento y que participaron en la mentada reunión. La defensa de la mercantil pretende contradecir las manifestaciones del instituto armado sobre que no cumplía con los recursos financieros exigidos por el Ministerio y por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) y, por ello, solicita también que el juez pida a Hacienda el expediente por el que se concedió a Villafuel la autorización e inscripción en el Registro de Extractores Depósitos Fiscales y que se identifique a los funcioanrios de Hacienda que tramitaron y aprobaron esto.

Con esas testificales la actual administradora de Villafuel y CEO de la compañía desde septiembre de 2021, María Luisa Rivas (hermana de Claudio Rivas), pretende desmarcarse de las gestiones de Koldo para la trama presuntamente liderada por Aldama y Rivas. Busca demostrar que las gestiones no tuvieron influencia real y que la licencia de operadora de hidrocarburos se terminó consiguiendo en septiembre de 2022 por los cauces administrativos contemplados en la ley.

Anticorrupción advierte de más imputaciones

El juez Santiago Pedraz ha extendido la causa hasta junio de 2026 a raíz de un informe de la Fiscalía Anticorrupción que alega que es necesario porque quedan diligencias por practicar. “No cabe duda, que el análisis y estudio de toda la documentación que fue intervenida en las diligencias de entrada y registro está siendo muy laborioso y exigiendo una gran dedicación, siendo de indudable importancia para la investigación de los hechos objeto de las presentes actuaciones y, cuyo avance irá determinado muy seguramente, como se ha indicado la práctica de nuevas diligencias e, incluso, nuevas imputaciones”, refleja el fiscal Luis Pastor.

En su escrito explica que todo el material que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino cuando detuvo a Aldama, a Rivas y a Carmen Pano, entre otros, entre octubre y diciembre de 2024 todavía está analizándose. Además, se han librado órdenes europeas de investigación con peticiones de documentación a países como Portugal, que todavía están pendientes de análisis y se ha pedido a la Agencia Tributaria que cuantifique más concretamente de cuánto cree que pudo ser el fraude.

La UCO, precisamente, acaba de presentar un informe, según confirman fuentes de la causa, con nuevas conclusiones sobre los mensajes intervenidos en el caso Koldo. Ambas investigaciones confluyen en la figura de Aldama que era la persona tras las gestiones de los hidrocarburos y, a su vez, la persona que supuestamente pagaba 10.000 euros mensuales a Koldo García para tener un trato preferente con el Gobierno. De ahí que, por ejemplo, Aldama ordenara presuntamente a la familia de Carmen Pano, propietaria de la empresa Have Got Time S.L., que adquiriera un chalé en la urbanización de La Alcaidesa (Cádiz) para que el exministro de Transportes José Luis Ábalos disfrutara allí de unas vacaciones en 2021.