La Policía registra el gigante de hidrocarburos al que el Gobierno reclama 119 millones de euros

La Policía Nacional está registrando la sede de la empresa de hidrocarburos Biomar Oil S.L. desde primera hora de este martes. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detenido a seis personas vinculadas a esta mercantil en el marco de una operación de la Audiencia Nacional, según ha podido confirmar EL PAÍS. La empresa mantiene una deuda con Hacienda de 119,1 millones de euros, si bien había emprendido un procedimiento penal contra los responsables del Ministerio de Transición Ecológica que decidieron inhabilitarla como operador de hidrocarburos en 2024.

Agentes de la UDEF han irrumpido esta mañana en las instalaciones de Madrid de Biomar S.L. en una operación que está tutelada por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña. La investigación comenzó este año y se mantiene bajo secreto. Según explican fuentes cercanas a las diligencias, se investiga la tradicional operativa de fraude de hidrocarburos por la que se dejaba de pagar el impuesto del IVA y una supuesta operativa de blanqueo de capitales a través de coches de lujo y relojes.

En el foco hay delitos de organización criminal, falsedad documental y delitos fiscales. Los agentes han detenido al director financiero, al contable de la mercantil y a otras tres personas relacionadas con Biomar Oil.

Transición Ecológica incapacitó al grupo operador en 2024 por supuestas irregularidades en la mezcla de combustibles. El Ministerio alegó que se estaba incumpliendo la obligación de añadir la parte de biocarburantes que marca la ley al fuel. Por ello, Biomar Oil no consiguió acreditar al departamento que dirige actualmente Sara Aagesen que cumplía la ley con una parte de su combustible verde y por ello acumuló supuestamente una deuda que este año se tasó en 119,1 millones.

Biomar interpuso querella

Se da la circunstancia de que la mercantil, a su vez, interpuso una querella contra el subdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica, José Luis Cabo, por un presunto delito de prevaricación. Alegaban que el operador sí había cumplido con la legalidad y que la imposición de la multa millonaria no se ajustaba a la legalidad.

Por este motivo se abrió una investigación en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid y Cabo tuvo que declarar, si bien el asunto terminó archivado. Está pendiente de recurso ante la Audiencia Provincial de la capital. Actualmente, Biomar está intervenida judicialmente por el juzgado Mercantil número 10 de Barcelona por estar en concurso de acreedores, aseguran fuentes cercanas a la mercantil.

Este tipo de defraudación por hidrocarburos saltó a primera línea de los focos el pasado año después de que la Guardia Civil detuviera al empresario y comisionista Víctor de Aldama acusado de haber construido un entramado de corrupción que ha desfalcado más de 182 millones de euros al fisco.