Energéticas y la industria presionan a PP y Junts para sacar adelante el decreto antiapagón

El sector energético está movilizado desde hace semanas con el objetivo de que se convalide el Real Decreto-ley 7/2025, que se vota este martes en el Congreso de los Diputados. La incertidumbre cundía en la tarde de este lunes entre empresas e inversores, que se encomiendan a una abstención del Partido Popular ya casi como única vía para que salga adelante una normativa en la que se juegan mucho después de que Podemos anunciara este lunes su decisión de votar en contra.

Fuentes del sector señalan que las empresas afectadas están sondeando a los presidentes autonómicos del Partido Popular como vía para que trasladen a Génova la necesidad de que el decreto salga adelante, dadas las consecuencias económicas que sufrirán si decae la normativa. En este sentido, las fuentes consultadas aseguran que desde algunas comunidades autónomas dependientes de la inversión en renovables y con fuerte peso de la industria electrointensiva han hecho llegar el mensaje a la dirección del partido.

Además de las empresas intensivas en consumo eléctrico o las compañías de renovables, también las grandes eléctricas se han sumado a la presión y apuntan directamente al PP, que señalan que tendrá que enfrentarse a la disyuntiva de si apoyarlo o no. Tanto las energéticas como la secretaría de Estado de Energía lanzaban sus argumentos sobre la necesidad de que el decreto se apruebe.

Expertos en la materia que han realizado sus análisis señalan que, de no aprobarse la normativa, se pueden perder de manera inminente alrededor de 3.000 millones de euros de inversión en renovables. Esto se debe a que hay en torno a 5 GW de proyectos que podrían perder su tramitación este mismo jueves, cuando vence un hito legal si no se flexibilizan los plazos, tal y como contempla el decreto. Pero fuentes expertas y próximas a las grandes compañías elevan hasta los 200.000 millones de euros en total las inversiones en juego con la aprobación o no de la norma.

Con esta situación, y aunque actualmente el diálogo del PP con el Gobierno está roto, fuentes parlamentarias del grupo popular señalaban este lunes que la decisión aún no estaba tomada. Otras fuentes aseguran que están recibiendo una fuerte presión desde múltiples ámbitos.

La industria electrointensiva, muy localizada en los territorios, ya advirtió de que, de no aprobarse el decreto, la factura de luz que pagan, uno de los costes clave en su proceso productivo, se elevaría entre el 3% y el 12%. Esto es así porque el decreto contempla una bonificación de 250 millones de euros para pagar el 80% de los peajes que pagan estas compañías en factura. Esta medida fue buscada por la industria vasca y catalana, con el objetivo de garantizarse el apoyo de PNV, Bildu, ERC o Junts.

Pero la presión a Feijóo también llega desde Galicia, donde el actual líder del PP fue presidente de la Xunta. La normativa impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica neutralizaba la ofensiva judicial contra proyectos eólicos y solares de grandes compañías como Naturgy, cuyo máximo accionista es Criteria Caixa, CaixaBank, Sabadell y otras grandes compañías. La Xunta de Alfonso Rueda ya se pronunció contra la judicialización que puede suponer una fuerte pérdida de inversión en la región. Incluso el BNG, explican fuentes del sector, podría estar a favor de aprobar este decreto.

Sea como fuere, desde el sector señalan que Feijóo es muy poco permeable a los barones y toma las decisiones en base a un núcleo reducido de colaboradores de confianza. Desde la celebración del último comité nacional, el responsable en energía es Alberto Nadal.

La otra vía de negociación, más complicada, pero que aún se mantiene viva es la de Junts, aunque el rechazo de Podemos, que nunca se abrió a dar su visto bueno, hace muy complicada la opción que excluya al PP. Pero también en Cataluña las empresas ubicadas en el polo industrial de Tarragona trataban en las últimas horas de sondear a Jordi Turull o el propio Puigdemont en busca de su apoyo.

El partido independentista había pedido a Transición Ecológica solucionar el problema del cierre de algunos de sus clubes nauticos más emblemáticos, algo que está pendiente de ejecutarse en base a la ley de costas. Un miembro de Junts señala que en una de las últimas ejecutivas del partido se comentó que este asunto, que afecta a municipios como Sitges o Badalona, estaba en vías de solucionarse. Pero, a estas alturas, las fuentes consultadas aseguran que el departamento de Aagesen tiene un margen de maniobra limitado y las potenciales negociaciones se llevan directamente desde Moncloa para desatascar temas más cruciales sobre financiación singular y otros asuntos de interés de los socios en Cataluña.

La realidad es que en el sector energético y empresarial cunde el desánimo, dada la crispación actual instalada en la política. Aunque en ámbitos técnicos, en todos los grupos parlamentarios ven positivo el decreto, creen que al final puede pesar más la intención de que el Gobierno sufra una nueva derrota parlamentaria y abocar al Gobierno a elecciones. Sin embargo, consideran que tumbar este decreto va fundamentalmente contra el votante del Partido Popular.

La industria se queja de que la rebaja de la factura sería la segunda vez que decae en el parlamento este año, tras no aprobarse en otro decreto fallido en enero. Los empresarios señalan que el clima de incertidumbre cada vez es mayor. También se quejan los inversores internacionales de private equity, que ven que la falta de financiación está bloqueando muchos proyectos. De aprobarse la normativa, la inversión fluiría tanto en la compra de activos como en proyectos de almacenamiento, que sale reforzado con el decreto.

Firmas como Acciona no acaban de vender una cartera de renovables que puso a la venta hace más de un año. Pero además, en el sector directamente señalan que si el PP decide dejar caer el decreto, sus oponentes les harán responsables si posteriormente se vuelve a producir un apagón como el del pasado 28 de abril. La confianza está puesta en que las grandes eléctricas puedan influir lo suficiente en el PP y si lo hacen, buscarán contrapartidas del Gobierno.