La batalla cultural contra el género y las personas LGBTQ+

Hace un mes que la actual Administración llegó a La Moneda. Y, aunque durante la campaña previa a las elecciones, José Antonio Kast declaró que los temas valóricos no eran importantes, ya que había una emergencia que resolver y ya que la ciudadanía chilena conocía su postura en esto, hoy dichos temas han pasado a ocupar parte de su agenda de Gobierno.

Ya en febrero del 2026, en Bruselas, en un mitin de la red conservadora internacional Political Network for Values —de la que Kast fue su presidente—, él declaró que había que acabar con la cultura de los “ismos”, incluido el feminismo, lo que suponía una clara y abierta alusión a lo que su antecesor Boric había hecho en Chile.

Unas semanas después, en la primera sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el país decidió no adherir al documento presentado por el Core Group LGBTIQ+ orientado a promover la protección de los derechos de las diversidades sexuales en la región. Esta no adhesión al documento contrasta con la política previa de Chile en esta materia ya que, desde su creación, Chile había adherido a los principios de igualdad y no discriminación.

Unos días más adelante, en el contexto del debate en la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, el actual Gobierno respaldó en la ONU, el debate para restringir el concepto de género solo a hombres y mujeres. Chile se ubicó al lado de Estados Unidos para permitir que se sometiera a votación la propuesta de la administración de Trump, la cual descarta cualquier interpretación del género distinta a hombre o mujer.

Sin embargo, no sería hasta la solicitud de renuncia cursada a la directora nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, en pleno tratamiento de cáncer, que no se explicitaría abiertamente una política de desmantelamiento abierto de lo alcanzado en materia de género y derechos de las personas LGBTQ+. Kast justificó dicha medida en una pérdida de confianza hacia la directora, sin explicitar abiertamente que ella representa y ponía en juego una política de trabajo que va contra todo aquello en lo que él cree y por lo que ha luchado estos últimos años. Es decir, opta por no decir que lo que busca es la reinstauración de una agenda conservadora que busca desmantelar lo alcanzado en materia de derechos de las mujeres y de reconocimiento de derechos relativos a las personas LGBTQ+.

A estas acciones se suman el retiro del reglamento de la nueva Ley 21760 sobre Adopción, pausando su entrada en vigor, para actualizar y revisar dicha normativa. Dicho reglamento, impulsado por el Gobierno de Boric, posibilitaba que las parejas del mismo sexo pudiesen adoptar hijos, lo que va en contra de la posición de Kast y su Gobierno. La adopción homoparental ha sido un caballo de batalla de la ultraderecha a nivel mundial y Chile no es la excepción.

Además, el Gobierno retira de la Contraloría el proyecto del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos, medida que se suma a las previas y abre nuevos debates respecto a la posición de esta administración en materia de derechos humanos. Esta medida justificada en la necesidad de revisar lo que está en dicho plan, es muy preocupante en un país que vivió una dictadura brutal y feroz con enormes consecuencias para toda su población. La puesta en duda del avance en materia de derechos humanos o la asociación de estos logros con una preocupación vinculada a las izquierdas ideologizadas, supone un claro retroceso en esta materia en el país. Chile ha desarrollado toda una estrategia para avanzar en materia de derechos humanos, lo que incluye un conjunto de acciones, que no solo suponen juicios contra todos aquellos militares involucrados en la violación a los derechos humanos, sino que también otras concentradas en el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.

A todas esas acciones, se suma la desmantelación del proyecto diversidades del Instituto Nacional de Estadísticas del país, cuyos funcionarios fueron despedidos recientemente. La convicción de la importancia de la producción de estadísticas de género y hacia las poblaciones LGBTQ+ viene ya desde hace unos años en Chile. En particular, los datos relativos a las personas LGBTQ+ se sostenía, entre otras razones, en el Acuerdo de Solución Amistosa, pacto firmado entre el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y el Estado chileno. Este acuerdo se compone de un conjunto de medidas a ser respondidas por el Estado frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

¿Cómo entender todas estas medidas? En el marco del recorte presupuestario implementado por la actual administración de un 3% en todas las reparticiones públicas, avanzar en materia de derechos de algunos grupos, cuyos derechos son percibidos como falsos, es absolutamente innecesario, ya que, según la actual administración, dichos grupos no son un tema para la ciudadanía chilena.

Pero, digámoslo fuerte y claro, la razón no es económica exclusivamente, es total y únicamente ideológica. A Kast, no le interesan las personas LGBTQ+, más bien, cree firmemente en que sus derechos son falsos, y que, por ello, de modo más radical, la ONU requiere un liderazgo diferente al de la expresidenta Michelle Bachelet, ya que la visión de mundo que ella tiene, supone el reconocimiento de esos derechos. Haberla apoyado supondría legitimar una visión de mundo respecto a los derechos humanos, que Kast no sostiene, ni legitima, ni mucho menos reconoce.

Por tanto, nos encontramos en el inicio de la implementación de una agenda que no tiene nada de neutra: es una agenda dogmática y conservadora, que no se aleja mucho de aquella que tienen países musulmanes en otros ámbitos. Esa agenda sostiene que el orden natural y normativo es el cisheterosexual y que, en ese orden, solo el hombre tiene un papel importante que jugar.

Las transformaciones acontecidas en materia de género y relativas a las personas LGBTQ+ suponen sin duda alguna un avance incuestionado. La evidencia científica corrobora que la salud física y mental de dichos grupos mejora cuando la violencia disminuye. Pero, para la actual Administración, reconocer dichos derechos supondría modificar el orden de género y el estatus privilegiados que los hombres tienen en dicho ordenamiento. Por ello, lo que se juega en esta batalla cultural, porque esto es lo que es, no es solo el lugar del hombre o las mujeres en su lugar de subordinación, sino que, finalmente, el de un modelo de sociedad.

Y en esa sociedad, por mucho que nos digan que les importamos, la verdad es otra: ni las mujeres, ni las personas LGBTQ+ les importan realmente, salvo, si ellas ocupan el lugar que estas tenían en el Chile de hace un siglo atrás.