La arremetida contra los derechos de las mujeres, las personas LGBTQ+ y contra la concepción actual de derechos humanos

Hace unos meses anticipábamos que la Administración de José Antonio Kast entraría a meter mano en temas relativos a la agenda de género —promovida por Chile en las últimas administraciones—, así como en los derechos de las personas LGBTQ+. Pese a que, en campaña, no hubo menciones a estos temas, ya una vez siendo presidente electo, Kast en su participación en Bruselas en febrero de este año arremetió contra lo que denominó el feminismo ideológico. En su alocución en dicha ciudad señaló que “mientras más se habla de derechos, más se restringe la libertad”.

En marzo, en la primera sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el actual gobierno optó por no adherir al documento presentado por el Core Group LGBTIQ+ orientado a promover la protección de derechos en la región. Esta decisión, justificada por el gobierno en razones procedimentales, generó inquietud entre expertos y organizaciones de la sociedad civil chilena.

Días después, el gobierno respaldó en la ONU el debate para restringir el concepto de género solo a hombres y mujeres. Eso sucedió en el contexto del debate en la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU. En ese debate, el país se alineó bajo el liderazgo de Estados Unidos, acompañado por Pakistán y la República Democrática del Congo, entre otros países, para permitir que se sometiera a votación la propuesta de la Administración Trump, la cual descarta cualquier interpretación del género distinta a hombre o mujer.

Desde el gobierno se justificó la decisión tomada en razones puramente procedimentales, paradójicamente haciendo referencia al avance de reconocimiento de derechos de las personas LGBTQ+, incluyendo la identidad de género. Esta posición en la arena internacional busca restringir la definición de género evitando que las identidades trans pueden ser sujetos de derecho y reconocimiento, buscando retroceder al marco de Beijing. Dicho marco sostiene que el género debe limitarse al marco acordado por la ONU en 1995, evitando interpretaciones que den cabida a las identidades trans.

Y el 23 de marzo, el gobierno anunció que no apoyaría la candidatura de la expresidenta Michele Bachelet a la secretaria general de Naciones Unidas, apoyada inicialmente por Chile bajo la Administración de Gabriel Boric, y por México y Brasil. Esta posición en la ONU supone la dirección del organismo internacional multilateral más importante existente a la fecha, canon de la defensa de los derechos humanos desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. La candidatura de la expresidenta de Chile en dos ocasiones y exencargada de la ONU Mujeres, es bien percibida en muchos contextos dado que, hasta la fecha no ha habido mujeres que lideren la ONU. Y ya que, además, de acuerdo a las lógicas informales de elección, los secretarios suelen rotar en términos geográficos, lo que harían que su candidatura tenga chance.

En un comunicado el gobierno de Kast señaló que está convencido que, en el actual contexto de este proceso eleccionario, hay una dispersión de candidaturas de países de América Latina lo que hacen inviable y exitosa esta candidatura. Añaden, que debido a la trayectoria de la expresidenta y en el caso que ella decida continuar con su postulación, Chile se va a abstener de apoyar a cualquier otro candidato en este proceso eleccionario. Pocas horas después, la misma exmandataria señaló que su postulación seguirá adelante con los apoyos de México y Brasil, pues este es un proyecto de “naturaleza colectiva”. La reacción a la medida del gobierno de Kast fue inmediata. Diversos exministros de Relaciones Exteriores, así como políticos, señalaron lo errado de esta decisión en la imagen país, considerando la argumentación aducida para no apoyarla.

Esta decisión que podría parecer obvia debida a las diferencias políticas existentes entre la actual Administración y la expresidenta tienen un trasfondo importante. Ya Kast hace algún tiempo atrás señaló que era necesario examinar la participación de Chile en la ONU mientras participasen países como Cuba o Venezuela. Además, en su rol como presidente de Political Network for Values, Kast coincidió con otros integrantes de esta red en la necesidad de que las cumbres de la ONU rescaten el significado original de la declaración universal de derechos humanos y luchen contra lo que denominan los falsos derechos o derechos no universales, como los reproductivos o aquellos de las personas LGBTQ+. Por tanto, el no apoyo de la candidatura de la expresidenta es una decisión con enormes consecuencias no solo para nuestro país, sino que también para la supervivencia de dicho organismo, así como de los derechos alcanzados y reconocidos para diversos grupos sociales antaño excluidos y violentados.

Estas tres decisiones de la actual Administración constituyen la expresión de una política respecto a estos temas y el comienzo de una estrategia para ponerla en juego e implementarla. Aun no se han observado modificaciones en organismos como el ministerio de la Mujer o en las divisiones de género de diversos organismos públicos. No obstante, es altamente probable que la máquina de podar el género de lo público en Chile continue. La actual ministra de la Mujer, con una posición declarada contraria a los derechos sexuales y reproductivos, no ha hecho declaraciones sobre la mantención o no de la medición de los indicadores de género instalados en Chile para medir la política pública a nivel de toda la administración. Por tanto, la extensión y los efectos de recortes al presupuesto público en esta materia son aún inciertos.

Sin embargo, tal como ha sucedido en otros contextos donde esto mismo ha sucedido como Argentina o Estados Unidos, dichos recortes han promovido la vulnerabilidad de las mujeres y las personas LGBTQ+ y, al mismo tiempo, han incitado a la violencia y al odio hacia dichos grupos.