El Gobierno de Kast decide no adherir a la declaración de derechos LGBTIQ+ en la OEA

En la primera sesión ordinaria del Consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) bajo la Administración del presidente José Antonio Kast, de la derecha conservadora, quien asumió el pasado 11 de marzo, Chile se abstuvo este miércoles de pronunciarse frente la declaración del Grupo Núcleo LGBTIQ+, que promueve la protección de sus derechos desde 2016, cuando se creó. La posición marca una diferencia con el respaldo de las Administraciones de la socialista Michelle Bachelet (2014-2018); de Sebastián Piñera, de la derecha moderada (2018-2022), y del izquierdista Gabriel Boric (2022-2026).

En la sesión la representante alterna de Chile ante la OEA, Ana María Saldías, señaló que la delegación del país sudamericano “agradece y valora el trabajo realizado por el Core Group LGBTI+ en la promoción del diálogo y la cooperación en estos temas”, pero que en esta oportunidad el país se no iba a adherir a la declaración. Pero también dijo que “Chile reafirma su compromiso con la promoción, protección y plena realización de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna” y que “este compromiso se expresa en que la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI+ constituye una prioridad sostenida de su política exterior y una política de Estado mantenida a lo largo de diversas administraciones”.

Saldías agregó que en el plano internacional, Chile ha participado en forma actiiva en iniciativas multilaterales para “prevenir la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y características sexuales, incluyendo su trabajo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”. Y que el país “es consciente de que aún persisten desafíos importantes (...) frente a distintas expresiones de violencia, intolerancia y estigmatización que afectan la dignidad y la seguridad de muchas personas”. “Para Chile es importante que el diálogo regional en estos temas se desarrolle sobre la base de un lenguaje que contribuya a generar consensos y refleje el espíritu constructivo que caracteriza el trabajo de esta Organización”.

“Rompe una tradición en la política exterior”

Tomás Pascual, exembajador de Chile ante la OEA durante el Gobierno de Boric, en una carta que envió al diario El Mercurio dijo que estar sorprendido con la posición adoptada por el país sudamericano. “Solo bastó una semana [de la llegada de la nueva Administración de derechas] para que una política inalterada en materia de promoción de los derechos humanos en los foros internacionales se quebrara”. Y recordó que con Bachelet, Piñera y Boric Chile mantuvo “una línea consistente en esta y otras temáticas relacionadas, promoviendo las acciones de este grupo”.

“Nadie desconoce que hay un nuevo Gobierno y está en todo su derecho de adoptar sus propios énfasis. Sin embargo, aunque parezca un detalle menor, este cambio de rumbo muestra una realidad más profunda y preocupante, porque rompe una tradición en la política exterior de Chile, que no supo de derechas ni izquierdas, y cuyo centro era la protección de la dignidad humana. Ese activo, siempre valioso cuando se trata del desempeño de un país en el ámbito internacional, hoy empieza a resquebrajarse”, agregó Pascual.

El documento del grupo plantea, principalmente, que se reconoce que “la igualdad, la dignidad humana y el respeto mutuo son pilares esenciales de la democracia y condiciones indispensables para la paz, la justicia y el desarrollo sostenible en las Américas”. Y que “en un contexto hemisférico marcado por la desigualdad, la polorización y el aumento de discursos de odio, reafirmamos que los derechos humanos son universales, indisibles e interdependienres, y que su defensa requiere valentía, solidaridad y cooperación internacional”. Y añade que “nos guía la convicción de que la despenalización de las relaciones consensuales entre personas adultas del mismo sexo, la eliminación de las leyes y prácticas discriminatorias, y la adopción de políticas públicas inclusivas son pasos indispensables para construir sociedades verdaderamente libres y democráticas”. “Reafirmamos asimismo la importancia de adoptar un enfoque interseccional, que reconozca las múltiples y superpuestas formas de discriminación que enfrentan las personas LGBTI+, incluidas las mujeres, las personas afrodescendientes, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad y las juventudes diversas”.

Desde la Cancillería de Kast, que lidera Francisco Pérez, se ha informado a los medios de prensa chilenos que la determinación se tomó pues “a Chile le pareció que el texto, tal como estaba, en vez de unir a la región, generaba división. Se intentó generar modificaciones para poder adherir, pero por temas procedimentales de la negociación, ya no era posible”. Y se añadió que, aunque no se adhirió, sí se dio explicación en la que se reafirmó la “política tradicional de no discriminación y respeto y promoción de los derechos humanos además de nuestros compromisos internacionales sobre la materia”.

Esa explicación es que la dio Saldías ante el foro en Washington: “A nivel nacional, Chile ha avanzado en el fortalecimiento de su marco institucional y normativo para promover la igualdad y prevenir la discriminación. Entre estos avances destacan la ley de identidad de género, el reconocimiento del matrimonio igualitario y diversas políticas públicas destinadas a garantizar el respeto y la dignidad de todas las personas”, sostuvo.

Desde que a Chile retornó la democracia en 1990, tras 17 años de la dictadura de Augusto Pinochet, Kast es el segundo presidente que es de derechas, pero el primero que apoyó al régimen militar y que es parte de la derecha extrema conservadora. Sebastián Piñera, en cambio, fue opositor a la dictadura y, además, en su segunda Administración fue quien empujó tanto la ley de identidad de género en 2018 y el reconocimiento del matrimonio igualitario en 2021, mencionados por Saldías.

“Un severo retroceso”

Una vez conocida la postura de Chile, dos organizaciones civiles, la Fundación Iguales y el Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh), han levantado alertas y manifestado que la determinación implica retrocesos.

Para la Fundación Iguales, la decisión “no es un tecnicismo diplomático”, sino “una señal política deliberada: que, para este Gobierno, los derechos de las personas LGBTI+ son negociables. Y esa señal tiene consecuencias reales para las personas, para la sociedad civil, y para el lugar de Chile en el mundo (...) Rechazamos este retroceso y exigimos que Chile retome su compromiso histórico con los derechos humanos en los foros internacionales”, señalaron.

La fundación ha lanzado este viernes el primer Radar LGBTQ+ Chile, que consiste en una plataforma de monitoreo para “identificar, sistematizar y analizar medidas, decisiones y debates públicos que impactan los derechos de las personas LGBTQ+ en Chile. “En contextos de incertidumbre política, monitorear las decisiones del Estado es clave para resguardar la igualdad y la dignidad de las personas LGBTQ+” ha dicho su directora, la historiadora y escritora María José Cumplido.

Desde el Movilh, en tanto, manifestaron que la determinación del Gobierno de Kast “constituye un severo retroceso en materia de política internacional de Chile”. “Esta es la primera vez que Chile no apoya una declaración pro-derechos LGBTIQ+ que se presenta en la OEA, lo cual implica un quiebre con la histórica posición del país en favor de la igualdad y la no discriminación, debilitando su credibilidad internacional en materia de derechos humanos y enviando una señal preocupante de desprotección hacia las personas LGBTIQ+ tanto dentro como fuera del país”.

“instamos al Gobierno de Kast a mantener a nuestro Estado en el Grupo de Trabajo LGBTIQ+ de la OEA; fundado en 2016 por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Uruguay, y a no oponerse en lo que viene a las declaraciones que tal entidad adopte democráticamente”, añadió el organismo.