Asociaciones de consumidores y patronales ven insuficientes las medidas del Gobierno para combatir la subida de precios

El paquete de medidas aprobadas este viernes en Consejo de Ministros, en sesión extraordinaria, para combatir una posible subida de los precios por el impacto del conflicto en Oriente Próximo ha sido acogido con ciertas reservas entre asociaciones de consumidores, sindicatos y patronales. A la espera de que los textos que articulan las ayudas sean publicados en el Boletín Oficial de Estado (BOE), lo que el Gobierno espera que suceda este sábado, los distintos colectivos celebran que el Ejecutivo destine hasta 5.000 millones de euros para paliar los efectos de la guerra en Irán, si bien muchas de ellas tildan de “insuficientes” las medidas.

Gran parte de las medidas tienen carácter fiscal y están dirigidas a abaratar los impuestos en ámbitos como la electricidad, los carburantes, la eficiencia energética. Así, tras las subidas del precio del petróleo por el bloqueo del estrecho de Ormuz, el Gobierno promoverá una reducción del 21% al 10% del IVA de gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos, así como la bajada del impuesto especial a la electricidad al 0,5% y la suspensión del impuesto del 7% a la producción de energía.

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) califica de “error” la rebaja del IVA en los carburantes, al entender que “no resulta eficaz” y que “no distingue bolsillos”. La asociación advierte que en 2023, cuando esta rebaja generalizada se aplicó a alimentos básicos por la guerra en Ucrania, se demostró que una rebaja generalizada no logra el efecto perseguido porque “genera gran pérdida de recaudación pública que no llega de forma proporcional a quienes más lo necesitan”.

“Al ser un impuesto indirecto que no distingue la renta del comprador, acaba generando mayor ahorro a quienes más consumen y tienen mayor poder adquisitivo. Mientras que una familia vulnerable ahorra una cantidad pequeña, las rentas altas reciben un beneficio fiscal mucho mayor”, explica Asufin en un comunicado. Por ello, aboga por “ayudas directas que permitan concentrar los recursos de Estado exclusivamente en los sectores de la población necesitados de amortiguar el impacto”.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) también cree que el Gobierno podría haber ido más allá de la bajada del IVA de carburantes, electricidad y gas al 10%, al entender que esta iniciativa apenas compensa el fuerte encarecimiento energético derivado de la crisis internacional. No obstante, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) no opina lo mismo, ya que cree que el nuevo escudo social se ha activado “con rapidez” con el objetivo de contener el aumento de los costes energéticos y proteger tanto a la ciudadanía como al tejido productivo.

Urgencia y magnitud del problema

Los transportistas también han valorado negativamente las medidas anunciadas, como el descuento de 20 céntimos por litro de carburante para los profesionales. “No se ajustan plenamente a la urgencia ni a la magnitud del problema”, señala la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM). A su juicio, el Gobierno debía haber incluido ayudas directas por vehículo, como los 1.250 euros por camión que el Estado entregó en 2022 a raíz de la guerra en Ucrania, o la actualización de la fórmula de compensación del combustible.

“En apenas tres semanas, el incremento [del precio del gasóleo] ha superado el 32%, una evolución notablemente más acusada que la registrada tras el inicio de la Guerra de Ucrania, donde la escalada fue más lenta y progresiva (casi 40% al cabo de cuatro meses) [...] El transporte por carretera soporta una presión creciente sobre sus costes operativos, con un impacto directo en la viabilidad de miles de empresas de todos los tamaños”, dice la CEMT.

Otro de los sectores que podrá beneficiarse de estos descuentos en carburantes, una medida aprobada en principio hasta el 30 de junio de 2026, será el de la agricultura y la ganadería. En este caso, las organizaciones agrarias han recibido la noticia con agrado. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) cree que el paquete anunciado este viernes va “en buena dirección para dar oxígeno al sector agrícola”. Además, el secretario general de esta organización, Cristóbal Cano, ha aplaudido que el Gobierno haya dado más capacidad de supervisión y sanción a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que “controle con mayor vehemencia esos márgenes comerciales abusivos y la situación claramente especulativa”.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) también considera que estas medidas son “necesarias” para afrontar el “shock de costes” y “garantizar una viabilidad económica y una llegada a buen puerto de las cosechas” ya iniciadas. Sin embargo, ha advertido que estas ayudas serían “insuficientes” si la situación de crisis de precios energéticos y de fertilizantes se prolonga en un plazo corto de tiempo. “Entonces tendríamos que abordarlo de una forma mucho más estructural para garantizar la producción agroalimentaria, la viabilidad de las explotaciones agrarias y el abastecimiento alimentario al conjunto de la población”, ha indicado COAG.

En el caso del coche eléctrico, el Ejecutivo impulsa deducciones de hasta un máximo de 3.000 euros en el IRPF tanto para la compra de vehículos electrificados como para la instalación de puntos de recarga. Las patronales del sector aplauden la prórroga de estos incentivos fiscales, que decayeron con el decreto ómnibus en febrero. Faconauto (que agrupa a los concesionarios) considera que estos beneficios son “clave” no solo porque reducen el coste de acceso al vehículo eléctrico, sino porque “aceleran la renovación del parque”. En la misma línea se ha manifestado la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam), que afirma que es un instrumento “útil” que, junto a los planes de ayuda a la compra, contribuirá a impulsar la movilidad electrificada.

Tope al alquiler

El plan del ejecutivo contempla un segundo eje centrado en vivienda, que ha hecho que los socios del Gobierno de coalición hayan estado varios días negociando y hayan entrado en la reunión de este viernes sin un acuerdo. Finalmente, Sumar ha logrado una prórroga extraordinaria y automática de la congelación temporal de los contratos de alquiler que vayan a vencer.

Esta medida, que irá en el segundo real-decreto, cuya validación en el Congreso de los Diputados no está nada clara, ha sido recibida con cautela por parte de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). En un comunicado, las patronales han expresado su “firme rechazo” a la limitación al mercado del alquiler, “ya que supone una injerencia injustificada en el derecho a la propiedad privada y genera una preocupante inseguridad jurídica”. “Reiteramos la necesidad de políticas públicas que refuercen la seguridad jurídica y se centren en los objetivos propios de la situación de emergencia, evitando planteamientos intervencionistas e ideológicos que ya han demostrado su ineficacia”, añaden.

Sin embargo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) considera que el Ejecutivo se ha quedado corto: “Lamentamos la cobardía del Gobierno en pleno que les ha impedido incluir la moratoria de desahucios, cuando estamos ya en cifras similares a las de los años 10 de este siglo”. En este sentido, la organización ha amenazado con convocatoria de movilizaciones si la prórroga de la suspensión de lanzamientos hasta el 31 de diciembre de 2026 para inquilinos vulnerables ―como estaba previsto y que también decayó con la no convalidación del decreto ómnibus― no se “aprueba pronto”.

CC OO y UGT han reaccionado positivamente al paquete de ayudas. El sindicato liderado por Unai Sordo considera que es necesaria la aprobación de ambos reales decretos, aunque se hayan tenido que partir por la “aritmética parlamentaria”. Pero aun así, advierte que solo serán “asumibles” si garantizan que sus efectos “llegan a los bolsillos de los consumidores y la ciudadanía, aliviando la economía de los hogares”.

UGT muestra una posición cautelosa respecto a las rebajas fiscales generalizadas, como la reducción del IVA energético, y avisa de que algunas de estas medidas deben ser revisadas para mejorar “su eficacia y equidad”.