Kast descabeza el Plan de Búsqueda de detenidos desaparecidos y despide a tres de sus jefas: “Es una decisión claramente política”

El Gobierno de José Antonio Kast, de la extrema derecha conservadora, ha anunciado este martes el despido de tres funcionarias, dos abogadas y una socióloga, que tenían jefaturas en áreas clave en la Unidad del Programa de Derechos Humanos y en el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia de las 1.469 personas que permanecen desaparecidas desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Se trata de un programa en el que trabajan 57 profesionales de distintas especialidades y que empujó en 2023 la Administración de izquierdas de Gabriel Boric (2022-2026), en la víspera de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, y que Kast continuará pero con otras jefaturas.

El Plan de Búsqueda fue planteado como una política pública permanente, en la que por primera vez el Estado mantiene una relación directa con los familiares de las víctimas y, al mismo tiempo, tiene una cordinación con los jueces que indagan las violaciones a los derechos humanos cometidas por los exagentes de la dictadura. Sus investigadores reconstruyen las trayectorias de las personas desaparecidas, es decir, desde que fueron detenidas hasta su destino final. Depende de la subsecretaría de Derechos Humanos, en este Gobierno a cargo del abogado Pablo Mira, una repartición que está bajo el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien en la década del 2000 fue parte del equipo de abogados que defendió a Pinochet. El dictador fue procesado y luego sobreseído por razones de salud después de una larga batalla judicial, tras ser indagado por su responsabilidad en los homicidios y secuestros perpetrados en su mandato de facto.

Las funcionarias que han sido despedidas por no contar con la “exclusiva confianza” de la nueva Administración, son Paulina Zamorano, jefa del Programa de Derechos Humanos, del que depende el Plan de Búsqueda y quien ingresó en 2012 al programa por concurso público, cuando era parte del ministerio del Interior en el primer Gobierno de Sebastián Piñera (2010- 2014, 2018-2022), de la derecha tradicional. Lo hizo como abogada litigante en causas de violaciones a los derechos humanos, en particular, de víctimas desaparecidas.

La segunda es Magdalena Garcés, abogada y doctora en Historia, quien lideraba el equipo de Búsqueda y trayectorias y coordinaba en terreno los vínculos con el Poder Judicial y los familiares de las víctimas, entre otras varias tareas. Con casi tres décadas de experiencia, previamente representó en los tribunales a víctimas de la dictadura, entre ellas a quienes estuvieron en el centro de detención Londres 38. Además, en 2014 fue querellante en el caso de desafuero del entonces diputado, entre 1994 y 2018, Rosauro Martínez, de Renovación Nacional, de la derecha tradicional. El también exacalde de Chillán (1989-1992), designado por Pinochet, fue investigado como autor de cuatro homicidios ocurridos en 1981 en Neltume, en el sur chileno, durante la dictadura. Garcés entró al Plan por concurso público.

La tercera funcionaria desvinculada es Tamara Lagos, socióloga y máster en metodología de la investigación y especializada en procesos de memoria: dirigía el Archivo documental y también ingresó al Plan vía concurso público. Este último es un departamento clave en el proyecto, pues sistematiza la información recabada en otros ministerios, como el de Defensa y de Relaciones Exteriores, al pesquisar documentación de la época de la dictadura, por ejemplo, las designaciones de los agentes de Pinochet y sus misiones en el exterior.

Recientemente, la mesa técnica de archivos que lideraba Lagos había identificado más de 40.000 documentos hallados en distintos organismos del Estado, los que estaban siendo digitalizados. Es el mismo trabajo que se realizó con los archivos de la exColonia Dignidad, un enclave alemán ubicado en la zona-centro sur de Chile que prestó sus dependencias para torturas y secuestros.

De acuerdo con un comunicado de la subsecretaría de Derechos humanos, las tres profesionales fueron desvinculadas por decisión de Mira. Se consideró que sus puestos eran de “exclusiva confianza” y se recalcó que el 10 de marzo, un día antes del cambio de mando de Gobierno, no presentaron sus renuncias “como sí lo hicieron otros funcionarios en esa calidad”. Y que “los ajustes responden a mejoras en la gestión y en el uso de recursos públicos (...) Los cambios se han realizado bajo estrictos criterios de capacidades personales, continuidad de las funciones, asertividad en los liderazgos y de la confianza debida”.

El texto agrega que la “subsecretaría ratifica que seguirá adelante con su política de continuidad en materia de derechos humanos, particularmente con el Plan Nacional de Búsqueda y el Plan Nacional de Derechos Humanos”, asunto que “se ha explicado públicamente en más de una oportunidad”. Al respecto, Rabat hizo el anuncio de manera pública el 22 de marzo en una entrevista a El Mercurio, cuando dijo que “no existe ánimo” de eliminar el Plan, mientras que Mira publicó al día siguiente un video en su Instagram ratificando lo dicho por el ministro. También expuso sobre la continiudad ante la Comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados.

Este martes por la tarde, Rabat dijo que el Plan de Búsqueda “se va a mantener en el tiempo” y que las modificaciones han sido para tratar de mejorarlo y que llegarán nuevos profesionales. Y, consultado respecto de si hubo razones políticas en la decisión, respondió: “Para nada. Soy abogado”.

Según el diario La Tercera, Mira habría elegido a la abogada Constanza Garrido para liderar tanto el Programa de derechos humanos como el Plan de Búsqueda. Garrido trabajó dos veces, en 2019 y en 2024, en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH); asesoró a la Iglesia Católica en los casos de abuso sexual y hoy ejerce, en una plaza de reemplazo, como asesora jurídica en la Fiscalía de la zona centro-norte de Santiago.

“Nunca fue entregado un ‘feed back”

El Programa de derechos humanos tiene una área jurídica donde actualmente hay más de 400 causas judiciales abiertas que buscan las responsabilidades penales de los exagentes de la dictadura. Allí, antes de asumir la jefatura en el Programa en 2023, trabajó Paulina Zamorano, máster en derecho constitucional y procesos constitucionales. La abogada señala a EL PAÍS que entre las razones que se le esgrimieron en su despido fue que no cumplía con un perfil “que fuera parte de los lineamientos que tienen [en el Gobierno] para esta política pública”. Y agrega que el equipo envió los informes de gestión, proyección y planificación a las nuevas autoridades y que pidieron reunirse con ellas, pero que “nunca fue entregado ningún feed back. Nos enteramos de la mantención del Plan de Búsqueda por un medio de prensa, mientras que nosotros no éramos informados al respecto“.

La abogada afirma que, “claramente, estas son desvinculaciones políticas que no tienen relación con nuestras capacidades técnicas, porque dentro de la argumentación que da el exabogado de Pinochet [el ministro Rabat] es que yo tampoco tendría la capacidad técnica para poder desempeñar este cargo. No obstante, llevo más de 14 años trabajando en el Programa de derechos humanos y, por fuera, tengo más de 25 años de experiencia en materia investigativa”.

Y agrega: “Esta es una decisión política, claramente, porque el Plan Nacional de Búsqueda apunta no solamente a tener más verdad, sino que también justicia. Somos parte en más de 430 causas de víctimas desaparecidas y ejecutadas. Y tenemos una participación directa en la etapa de cumplimiento de la ejecución de las condenas”. Según la abogada, “en virtud de todas las opiniones que han aparecido en torno a posibles indultos y salidas anticipadas de los presos, si nosotros participamos de eso, es un atentado en contra de las políticas nuevas que quieren instalar dentro de este Gobierno".

Durante su campaña presidencial, a diferencia de sus otros dos intentos de llegar a La Moneda, Kast no se pronunció por su afinidad y apoyo a la dictadura de Pinochet. Incluso, en 2017 visitó en la cárcel de Punta Peuco a exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos. El fundador del Partido Republicano no es el primer mandatario de derechas que tiene Chile desde el retorno a la democracia en 1990, pero es el único que fue partidario de la dictadura. Sebastián Piñera, en cambio, fue opositor al régimen y en 2014, en su primer Gobierno, cerró el penal Cordillera, donde exuniformados cumplían condenas en un recinto con privilegios. “No era un penal, era un casino de oficiales y ahí estaban los más atroces violadores de derechos humanos en la historia de nuestro país”, recordó el expresidente en septiembre de 2023, en una entrevista en Canal 13 en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.