Kast anula la construcción de un sitio de memoria para las víctimas de la dictadura de Pinochet en Colonia Dignidad
El ministro de Vivienda Iván Poduje anuncia que anularán un decreto de Boric que pretendía expropiar 117 hectáreas del enclave alemán donde se cometieron violaciones a los derechos humanos


Desde que el 11 de marzo asumió la Administración de José Antonio Kast, de la extrema derecha conservadora, sus autoridades se han quejado de que el Gobierno del izquierdista Gabriel Boric (2022-2006) les dejó una caja fiscal deteriorada. Y, en ese contexto, es que el ministro de Vivienda, Iván Poduje, ha anunciado este domingo que se tomó la decisión de revocar el decreto que firmó Boric en julio de 2025 para expropiar 117 hectáreas de Colonia Dignidad, un enclave alemán ubicado en la zona centro-sur de Chile, donde se levantaría un sitio de memoria para recordar a las víctimas que estuvieron en el centro de detención y torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Poduje justificó la medida al señalar que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha pedido que cada uno de los ministerios recorte un 3% de sus presupuestos. “Vamos a reversar el tema de la expropiación de Colonia Dignidad y dictaremos un decreto que revoca al que dio origen al plan. Nos están pidiendo recursos para tasarlo. Nosotros no vamos a hacer eso, porque no tenemos los recursos y, además, porque implica básicamente expropiar una localidad completa que ya tiene casas, viviendas, una zona urbana. Eso no se ha hecho nunca”, ha dicho en una entrevista con La Tercera.
Según Poduje, al asumir su cargo se encontró con “un presupuesto comprometido en su 97% por deudas de arrastre” y que por ello, entre los cuatro proyectos que cancelarán, se encuentra el de Colonia Dignidad, un enclave que facilitó sus terrenos a la dictadura para mantener privados de libertad a los partidarios del socialista Salvador Allende (1970-1973). Pero que, además, carga con un historia de abusos sexuales a niños de la zona que eran cometidos por su fundador, el pederasta y nazi, Paul Schäfer.
Precisamente, en las 117 hectáreas que serían expropiadas, se encuentra la casa que habitó Schäfer, un lugar en el que se halló documentación clave, según informó el año pasado el ministerio de Justicia de Boric, que demostraba “la conexión del enclave con entidades represivas del régimen militar y lugares de inhumaciones y exhumaciones de personas víctimas de desaparición forzada”.
De acuerdo con información del Programa de Derechos Humanos, dada a conocer por la Administración de izquierdas en 2023, judicialmente se ha acreditado que al menos seis víctimas permanecieron secuestradas dentro de Colonia Dignidad, y siguen en calidad de desaparecidas: Álvaro Vallejos Villagrán, Pedro Merino Molina, Adrián Valdebenito Olavarría, Juan Bosco Maino Canales, Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea. Además, hay presunciones fundadas de que aproximadamente 20 víctimas, cuyo rastro se perdió en Parral, una ciudad ubicada a unos 340 kilómetros de Santiago, pasaron por el enclave alemán.
No es todo. Además, fueron secuestradas y torturadas decenas de personas, entre ellas 50 que fueron detenidas en Talca, entre abril y junio de 1975.
El exministro de Justicia de Boric, Jaime Gajardo, ha criticado la decisión de la Administración de derechas. Y ha señalado que en la exColonia Dignidad “se cometieron los crímenes más atroces que recuerda la historia de Chile en contra de nuestras y nuestros compatriotas”. Y recordó que para resignificar ese lugar y transformarlo en un sitio de memoria y reflexión, distintos gobiernos han avanzado en ese sentido, entre ellos el de la socialista Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018), quien en 2016 declaró el sector como Monumento Nacional. “Uno puede entender que por razones presupuestarias la decisión de seguir adelante con la expropiación se suspenda momentáneamente. Lo que es incomprensible es que se revierta. Eso es una bofetada directa a la memoria de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos”, agregó.
En noviembre de 2024, la jueza de derechos humanos, Paola Plaza, participó del hallazgo dentro de Colonia Dignidad de un nuevo bunker. Se trata de una edificación subterránea y una cámara de vigilancia de cerca de cinco metros de profundidad. Las pesquisas se enmarcaron dentro de los trabajos del Plan Nacional de Búsqueda de las 1.469 personas que permanecen desaparecidas desde la dictadura. Es una iniciativa impulsada por el Gobierno Boric y que la Administración de Kast ha resuelto continuar.
Según Poduje, el costo del plan, solo de la zona urbana de la exColonia Dignidad, tiene un valor de $47 mil millones de pesos (más de 50 millones de dólares). “No los tengo. Con esa plata puedo arreglar 1.500 viviendas que están en mal estado. Puedo mejorar 60, 70 canchas que hoy están abandonadas, donde los niños no pueden jugar. Entonces, gobernar es priorizar.”. Y agregó que, tras la decisión, hay “cero ideología. Es puro criterio de prioridad social”. “Estamos velando por los derechos humanos de nuestos vecinos. El ministerio de Vivienda y Urbanismo se dedica a hacer casas, a mejorar la ciudad y a hacer barrios. Ese es su foco. Y los derechos humanos que están siendo vulnerados hoy son los derechos humanos de los niños que viven hacinados y que por culpa de eso sufren violencia intrafamiliar”.
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