Historias de los 30 años de Punta Peuco, la cárcel chilena de violadores de los derechos humanos que será un penal común

Chile llevaba apenas tres años de la transición a la democracia cuando el juez Adolfo Bañados dictó en 1993 las primeras condenas por violaciones a los derechos humanos por crímenes cometidos durante la dictadura en contra de dos exjerarcas de la DINA, la policía secreta de Augusto Pinochet (1973-1990), organismo responsable de asesinatos, torturas y desapariciones: el general Manuel Contreras, quien era el director del temido organismo de inteligencia, y el brigadier Pedro Espinoza, su segundo. Ambos, que ya estaban retirados del Ejército, fueron acusados del homicidio de Orlando Letelier, el excanciller de Salvador Allende que murió en un atentado en Washington en 1976 junto a su secretaria Ronni Moffitt, luego de que estallara una bomba que la DINA puso en el automóvil en que viajaban. En 1995, la Corte Suprema confirmó el fallo del magistrado, y en la víspera de la sentencia comenzó una carrera contra el tiempo del Gobierno del democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) para levantar Punta Peuco, una controvertida cárcel especial para que Contreras y Espinoza quedaran detenidos. A tres décadas de su creación, este domingo el presidente Gabriel Boric anunció, en la última Cuenta Pública de su gestión, una reforma al recinto para que se transforme en un penal común: “Era otro Chile y, desde mi punto de vista, no existe justificación para ese privilegio”, dijo.

La construcción de Punta Peuco, ubicado en la comuna de Til Til, a 44 kilómetros de Santiago, generó desde el comienzo grandes controversias en buena parte de la izquierda chilena, que consideraba que un centro detención especial para exuniformados violadores a los derechos humanos, era un privilegio. Muestra de ello fue que Ricardo Lagos, quien fue ministro de Obras Públicas de Frei —entre 2000 y 2006 fue electo el primer presidente socialista tras Salvador Allende— se rebeló y se negó a firmar el decreto de creación de la cárcel. Y, en 2018, cuando Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018) terminó su segundo Gobierno, ordenó el cierre del penal, pero Jaime Campos, quien era su ministro de Justicia, se negó a hacerlo: según él, se transgredía la Constitución.

Cómo se eligió el terreno

Si bien la cárcel terminó de construirse en 1995, poco antes del fallo del Caso Letelier, fue en el Gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), el primer presidente de la transición, que comenzaron las conversaciones que dieron origen al penal. Testigo y protagonista de esa época es el socialista Claudio Martínez, quien trabajó en Gendarmería, el servicio de prisiones, entre 1991 y 1996: primero como subdirector administrativo y luego como director nacional.

Martínez recuerda que la génesis de la cárcel se dio en momentos de alta tensión en las relaciones cívico-militares, pues “el comandante en jefe del Ejército era todavía el dictador Pinochet. Era todo muy complejo”. Y relata que a finales de la Administración de Aylwin lo llamó el ministro de Justicia, Francisco Cumplido, pues había preocupación respecto del lugar donde el jefe de la DINA iba a cumplir la condena. “Fui a su despacho y me dijo que el presidente Aylwin le pidió que me preguntara si era posible que Contreras entrara a una cárcel y yo le manifesté que sí”, cuenta el socialista a EL PAÍS.

Tras ello comenzaron a estudiar distintas alternativas para recluir al jefe de la DINA. Y, entre los varios sitios que se barajaron hubo uno, a lo menos, curioso: un jardín infantil de propiedad del Ejército ubicado en Peldehue, al norte de la Región Metropolitana.

“Al Ejército le preocupaba la seguridad de Contreras, y que tuviera un trato digno. Desconfiaban muchísimo, y también de mí, porque era socialista”, señala Martínez. “Pero también desconfiaban de que fuera a quebrarse estando preso y empezara a relatar hechos que comprometieran al propio Pinochet, algo que no ocurrió porque Contreras siempre negó su participación en los crímenes”, agrega.

Finalmente, desde Gendarmería se planteó que se podría levantar una cárcel en Til Til, cerca de un cerro llamado Punta Peuco. Era un terreno que había sido usado como una colonia penal del servicio de prisiones, que consistía en que presos comunes, con beneficios, hicieran labores de agrícolas pese a la sequía de la zona.

La huelga de hambre del brigadier

Tras la condena de la Corte Suprema, tanto Espinoza como Contreras se negaron a entrar a la cárcel. De hecho, el jefe de la DINA provocó una crisis política ante su rebeldía, pero finalmente ambos ingresaron: su prisión marcó un hito en la transición a la democracia chilena.

El primero en ser detenido fue el brigadier (R), en junio de 1995. Estuvo cuatro meses solo en el penal, periodo en el que, incluso, realizó una huelga de hambre, pues se distanció del Ejército al considerar que había sido entregado por su institución.

Martínez, por su alto cargo, tuvo que conversar con Espinoza: “Lo convencí que dejara la huelga de hambre”, dice. Y recuerda que ese episodio levantó una voz de alerta respecto de la relación que tendrían los exjefes de la DINA con los gendarmes, lo que derivó en que por un periodo la cárcel, por dentro, fuera custodiaba por miembros del Ejército que oficiaban como gendarmes. Por fuera, estuvo Gendarmería, institución que depende del ministerio de Justicia.

En octubre de 1995, tras un espectacular operativo, Contreras ingresó al penal. Por sus grandes discusiones con Espinoza, los mantuvieron separados. Ambos se llevaban muy mal y sus diferencias fueron hasta de convivencia. Por ejemplo, a Contreras le molestaba el ruido que provocaba el brigadier (R) al jugar tenis en una pared de la cárcel.

Con los años, y a medida que los tribunales chilenos reabrieron e investigaron las causas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura, Punta Peuco comenzó a sumar cada vez más exuniformados. Hoy tiene 139 presos, y la mayoría tiene entre 70 y 80 años. Entre ellos, el mayor (R) Álvaro Corvalán, quien fue jefe de la CNI, el organismo que reemplazó a la DINA, y condenado por decenas de crímenes.

Manuel Contreras murió en agosto de 2015 y Pedro Espinoza, el primer detenido de Punta Peuco, sigue en la misma prisión a la que ingresó en 1995, hace 30 años.