El Plan de Búsqueda de detenidos desparecidos impulsado por Boric, en la incertidumbre frente al Gobierno de Kast

Una de las interrogantes frente a la próxima Administración de José Antonio Kast que asume este 11 de marzo, es si continuará o no con el Plan Nacional de Búsqueda de las 1.469 personas que fueron desaparecidas por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La iniciativa fue impulsada en 2023 por el mandatario de izquierdas Gabriel Boric, en la víspera de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, con la idea de que sea una política pública que persista en el tiempo: la materializó a través de un decreto supremo, por lo que puede ser modificado, dejado sin efecto o seguir tal cual. En ese escenario 10 diputados, nueve de ellos del Frente Amplio, el partido de Boric, presentaron un proyecto de ley a fin de que tenga rango legal y transcienda a los cambios de gobiernos.

La propuesta fue aprobada el martes pasado en la Cámara de Diputados, por lo que pasó al Senado: tuvo 79 votos a favor y 41 en contra, de la bancada del Partido Republicano, la formación de Kast, y de parlamentarios de la derecha tradicional, de la UDI y Renovación Nacional (RN), aunque de ese sector ocho parlamentarios apoyaron el proyecto, entre ellos Ximena Ossandón y Diego Schalper. También hubo 16 abstenciones, la mayoría del Partido Nacional Libertario, más a la ultraderecha que Kast: consideran que en las identificaciones de las víctimas solo debe intervenir el Servicio Médico Legal.

En el Plan Nacional de Búsqueda un equipo multidisciplinario reconstruye el trayecto de las víctimas, desde su detención hasta su desaparición. Depende del ministerio de Justicia, a cargo de Jaime Gajardo, y está alojado en la subsecretaría de Derechos Humanos, que lidera la abogada Daniela Quintanilla (Santiago, 39 años). Funciona en paralelo al Programa de Derechos Humanos, creado por ley, y que presta asesoría jurídica, social y de salud a los familiares de las víctimas, además de tener un área de archivo y de memoria. A Quintanilla la reemplazará Pablo Mira (36), también abogado, militante de RN. Ambos se reunieron el 27 de febrero, cuatro días antes del inédito quiebre entre Boric y Kast que derivó en que el republicano pusiera fin a las citas bilaterales para el traspaso de información, tras las controversias con el Ejecutivo de izquierdas por el caso del cable chino.

Kast será el primer presidente de Chile, desde el retorno a la democracia, que apoyó a Pinochet . En su campaña 2025, sin embargo, nunca se pronunció al respecto, pero 2017, en el primero de sus tres intentos por llegar a La Moneda, visitó en la cárcel a los condenados por violaciones a los derechos humanos.

Pablo Mira, parte de una derecha más moderada, hará dupla con el subsecretario de Justicia, el republicano Luis Silva. Exconsejero constitucional, Silva en 2023 dijo sobre Pinochet que “hay un dejo de admiración por el hecho de que fue un estadista” y que “a 50 años del 73 debe hacerse una lectura un poco más ponderada de su Gobierno y no simplificar, con toda la gravedad que tiene, esos 17 años a las violaciones de los derechos humanos”. Sobre ambos estará Fernando Rabat, el ministro de Justicia de Kast, quien fue uno de los abogados de Pinochet cuando se le investigó por los crímenes la Caravana de la Muerte y la Operación Colombo. Rabat se reunió el 5 de febrero con Gajardo, militante comunista. Evitó pronunciarse por el Plan de Búsqueda y dijo que todas las medidas que implementarán serán solo a partir de 11 de marzo.

Luis Pino y Bernarda Vera

El trabajo del Plan es paralelo al de los jueces que indagan violaciones a los derechos humanos y persiguen responsabilidades penales, pero les suministra la información. La subsecretaria Quintanilla destaca, por ejemplo, que si el promedio de diligencias judiciales en terreno antes eran de entre ocho y 12 anuales, que tras la iniciativa en 2024 hubo 44 y en 2025, 130. “El salto cualitativo es muy relevante”, señala.

Hasta antes del Plan, dice Quintanilla, “la búsqueda había recaído sobre los propios familiares”. En cambio, hoy “por primera vez hay una política pública coordinada y con objetivos comunes y con distintas instituciones [entre ellas, la Universidad Católica], para que el mandato de Verdad se pueda cumplir de la manera más eficaz y con el mayor sentido de urgencia, pues han pasado 50 años y, evidentemente, que hay deudas que siguen muy abiertas”.

Precisamente, este 4 de marzo, el Centro para el Diálogo y la Paz de la Universidad Católica, que dirige el historiador Patricio Bernedo, parte del comité de seguimiento del Plan de Búsqueda, convocó a un seminario regional sobre el tema en Santiago, donde participó Luz Forero, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas de Colombia, una instancia creada en 2016 y que trasciende a los distintos gobiernos.

Quintanilla dice que “el Plan ha dado muestras concretas de avances. Tenemos por primera vez una nómina única [de personas desaparecidas] y un mapa georreferenciado de las trayectorias de cada una de las víctimas de desaparición forzada". Además, se creó un registro nacional de agrupaciones de familiares, que tienen un papel protagónico, y otro de organizaciones de derechos humanos. También, un listado oficial de sitios de memoria y un Archivo Nacional de la Memoria.

Desde que funciona, se han recabado más de 38.000 documentos desde distintas instituciones del Estado del periodo 1973-1990. El ministerio de Defensa, por ejemplo, tiene entre sus papeles los Consejos de Guerra, que derivaron en ejecuciones, además de la orgánica con la que se crearon los organismos represivos y sus vínculos con las Fuerzas Armadas. En la Cancillería, en tanto, hay documentación diplomática de la época sobre la relación y las comunicaciones entre los países de la región que fueron parte de la Operación Cóndor.

Esa información, señala la subsecretaria, sirve para identificar patrones criminales que se entregan a los jueces, que es una de las dos aristas del Plan. La otra, la principal, es la indagación individual de la trayectoria a fin de “esclarecer las circunstancias de desaparición y muerte más allá de la determinación de los responsables”, que es tarea del Poder Judicial.

Fue precisamente en esas pesquisas que el 26 de febrero el Estado chileno, después de una serie de errores y omisiones, reconoció oficialmente como desaparecido en la dictadura a Luis Pino Soto, un adolescente de 15 años de Arica, una ciudad del extremo norte, a quien su familia perdió el rastro el 1 de julio de 1986, cuando salió de su casa en la antesala de una gran protesta nacional contra de Pinochet. En contraposición, el Plan también halló incongruencias en el caso de Bernarda Vera, una mujer que, a diferencia del estudiante secundario, sí estaba en el listado oficial de 1991 de detenidos desaparecidos del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, que impulsó Patricio Aylwin (1990-1994), el primer presidente democrático tras Pinochet. De acuerdo con las pesquisas, Vera podría estar viva en Argentina, por lo que sus antecedentes fueron remitidos por el Plan al juez Álvaro Mesa, quien en octubre abrió una causa reservada.

“Hay un riesgo de que se suspenda”

Frente a la llegada del Gobierno de Kast, Quintanilla dice que hay una obligación legal de seguir buscando a los detenidos desaparecidos. “Sobre cómo se cumple, es una definición de cada autoridad, pero no puede no buscar, porque el derecho a la verdad de los familiares y de la sociedad en su conjunto, está consagrado en la ley”. “Además, y ha sido reconocido incluso por Republicanos en la comisión de Derechos Humanos [en el Congreso], que todas las familias tienen derecho a saber qué les pasó a sus familiares”.

Y agrega: “Yo espero que el Plan se continúe como una tarea de Estado y que se valoren con sinceridad sus avances sustantivos, incluso en el uso de tecnología: el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) trabaja con los jueces con georradares para identificar lugares de posible excavación, y la Dirección de Viabilidad [del ministerio de Obras Públicas] participa en los despejes de terreno. Esto ha permitido que el aparato estatal, en una estrategia unificada y coordinada, asuma la búsqueda como una tarea de Estado”.

Durante el debate de este martes en el Congreso, el diputado Roberto Celedón, uno de los 10 que patrocinó la moción para que el Plan sea ley, argumentó que “hay un riesgo de que esta política se suspenda en su ejecución, la búsqueda de la verdad, porque hay un cambio de Gobierno y las nuevas autoridades confiesan su adhesión al periodo dictatorial. Y eso, en sí, es muy grave y delicado”.

Para el republicano Agustín Romero, en cambio, el Plan ya existe a través de un decreto supremo, por lo que no necesita rango legal. Por ello, votó en contra de un proyecto que considera que rigidiza por ley “una política pública que puede adaptarse, perfeccionarse o corregirse mediante actos administrativos”.

También fustigó el Plan al recordar que la Contraloría, tras un oficio enviado por tres diputados de derecha, señaló no está debidamente fundada la causal con la que el ministerio de Justicia contrató en 2024 vía trato directo a la empresa Unholster para una plataforma informática sobre personas desaparecidas, por la que pagó más de 600 millones de pesos chilenos (unos 660 mil dólares) y hay un sumario en curso.

“El derecho a la verdad no está en discusión; ya está reconocido en nuestra legislación y en los tratados internacionales que Chile ha ratificado”, dijo el republicano. “El deber de investigar y de buscar no nace de este proyecto, existe desde hace décadas y obliga al Estado, con independencia de que el Plan esté o no consagrado en una ley formal”, agregó.