Petro amenaza con congelar la negociación más avanzada de la paz total

El presidente Gustavo Petro suele hacer grandes anuncios en X o en sus consejos de ministros. Este martes no fue la excepción. Como una afirmación más, durante la reunión y frente a las cámaras anunció que había ordenado a su comisionado de Paz suspender las negociaciones con el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF). Se trata del grupo de disidencias de las extintas FARC que encabeza y dirige alias Calarcá Córdoba, que suma dos años y medio de diálogos. La instrucción, de la que no dio más detalles, deja en suspenso la que llegó a ser la negociación de paz más exitosa para un Gobierno que, con la política de paz total, lanzó una docena de iniciativas en simultánea. Era su última carta para firmar un acuerdo de paz significativo antes del fin de la Administración Petro, el próximo 7 de agosto.

“Le he pedido a Otty Patiño, que no está aquí, que si el señor Calarcá incumplió los pactos para no quemar la selva y se dedicó a matar soldados o a sus rivales con crímenes de guerra, como el Estado Mayor Central, que es narco, pues no hay paz. ¿Qué vamos a hacer? A mí me gustaría hacer la paz, pero tiene que hacerse sobre bases serias, no sobre mentiras”, dijo el presidente. En su extensa intervención, se refirió a los crímenes que persisten en la selva amazónica y a las guerras locales que libra ese grupo en regiones como el Catatumbo y el norte antioqueño. Aunque no mencionó ningún caso específico, en lo que va de abril, el municipio antioqueño de Briceño ha sufrido unos 162 desplazamientos, tras varios ataques con drones y enfrentamientos entre disidencias y el Ejército.

Bajo la paz total, las negociaciones, sus treguas y ceses han transcurrido de forma paralela a los ataques y la modernización del conflicto. El mismo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ya había sugerido en una entrevista que debía levantarse la orden de captura contra Calarcá Córdoba, quien tiene inmunidad judicial por integrar la mesa de paz. Pero el tiempo en el reloj del Gobierno se agota y el proceso parece entrar en una fase de no retorno. Hay unos acuerdos humanitarios mínimos, pero el grupo armado ilegal ha seguido delinquiendo y ampliando su poder militar. En respuesta al anuncio, la disidencia emitió un comunicado en el que asegura que ha ordenado a sus tropas “actuar en legítima defensa” frente al Ejército.

Incluso antes del anuncio de Petro, los diálogos ya estaban suspendidos. Su continuidad pendía de un hilo, además, por la presión de la Fiscalía, que ha respaldado la idea de retomar las órdenes de captura contra sus cabecillas, entre ellos Alexander Díaz, el mismo Calarcá.

La incidencia de este grupo armado no ha sido menor, pero su visibilidad creció en 2023, luego de la Fuerza Pública detuviera a varios de sus integrantes en un retén en Antioquia. Allí les incautó varios dispositivos electrónicos que, según un informe periodístico de Noticias Caracol, vinculaba a Wilmar Mejía, exdirector de Inteligencia del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), y al general Juan Miguel Huertas, director de personal del Ejército, con ese grupo ilegal. Desde entonces, el caso ha tenido varios giros, pero no ha cambiado que deja en entredicho la voluntad de paz de este grupo armado.

A mediados del 2025, el Gobierno firmó una resolución que autorizó la creación de varias Zonas de Ubicación Temporal en las que se concentrarían miembros del Frente 33, que es parte de este grupo. Sin embargo, el acuerdo va a cumplir un año sin haberse concretado. En Tibú, el municipio en el que estaban previstas las zonas, nunca se instaló ningún mecanismo para verificar el proceso. En diciembre, el Ejecutivo renovó los plazos para ejecutar las zonas, pero no se ha puesto el primer ladrillo para adecuar el espacio según estaba acordado.

Calarcá Córdoba es un antiguo guerrillero que ingresó a las FARC en la década de los noventa y, pese al acuerdo de paz de 2016, se mantuvo en armas. Su trayectoria refleja, en buena medida, la mutación del conflicto armado tras la firma: algunos combatientes se apartaron del proceso, otros nunca lo firmaron, y muchos de ellos reconfiguraron estructuras ilegales para retomar o mantener el control de territorios estratégicos para las economías ilícitas. Su principal enemigo militar es la disidencia que lidera Iván Mordisco, conocida como Estado Mayor Central, uno de los grupos más grandes de Colombia, y con la que el Gobierno también tiene rota la comunicación.

Calarcá volvió al centro de la conversación a finales de marzo, en plena Semana Santa, cuando el gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, denunció que cinco hermanos, de entre 3 y 16 años, tuvieron que esconderse en la selva amazónica para evitr ser reclutados por ese grupo ilegal. Los hechos eran un incumplimiento directo de los acuerdos firmados en noviembre pasado, cuando la disidencia se comprometió a desescalar el conflicto, impedir el reclutamiento de menores, preservar la Amazonia en las zonas donde tienen injerencia, y respetar las elecciones de este año.

Ese pacto ocurrió en el séptimo ciclo de negociaciones, que produjo una hoja de ruta concreta con compromisos verificables y el Gobierno veía como la antesala de un acuerdo parcial. El Ejecutivo no descartaba que el proceso marcara un éxito de la política de paz total, pero la distancia entre lo pactado y lo ocurrido en terreno terminó erosionando la confianza.

Mientras en la mesa se hablaba de desescalar la violencia, el Catatumbo, Caquetá, Guaviare o el norte de Antioquia, persistían las confrontaciones armadas, las denuncias por reclutamiento y el control del grupo sobre economías ilegales. Aunque la última palabra la tiene el comisionado Patiño, un hombre hermético y esquivo a los focos mediáticos, la orden de frenar el proceso deja en el aire los compromisos alcanzados.