Milei busca reformar el régimen electoral antes de ir por un nuevo mandato presidencial
El presidente de Argentina presenta en el Congreso un proyecto para eliminar las elecciones primarias y modificar el financiamiento de los partidos
A poco más de un año de los comicios en que se jugará su reelección, Javier Milei pretende reformular el sistema electoral de Argentina. El presidente envió al Congreso este miércoles un proyecto de reforma para eliminar las elecciones primarias obligatorias, modificar el financiamiento de los partidos políticos y establecer la votación mediante boleta única de papel, entre otras medidas. Si en el mediano plazo la reforma busca complicar la conformación de una alianza opositora, en el escenario más inmediato intenta devolverle la iniciativa a un Gobierno vapuleado en las últimas semanas por datos negativos de la economía, casos de corrupción y una marcada caída de los apoyos al presidente ultra, según advierten las principales consultoras de opinión pública.
El último día de su gira por Israel, el martes, Milei anunció a través de sus redes sociales que enviaría un proyecto de reforma electoral para su debate parlamentario. “Eliminamos las PASO [elecciones primarias]: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Cambiamos el financiamiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo”, señaló.
También incluyó en el proyecto la iniciativa conocida como ficha limpia, que hasta ahora se planteaba como una discusión aparte: su objetivo es prohibir la postulación para cargos electivos de personas condenadas en segunda instancia —sin necesidad de que haya sentencia firme— por delitos dolosos o violaciones a los derechos humanos. “Los corruptos afuera para siempre”, proclamó Milei. “Se acabó la impunidad. Se acabó la joda”.
El proyecto fue presentado por el Ejecutivo, al caer la tarde de este miércoles, en la Cámara de Senadores. El cambio más saliente que propone es la supresión de las PASO, que ya en los comicios del año pasado fueron suspendidas en forma transitoria. Desde su aprobación en 2009, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias funcionaron como un facilitador para dirimir disputas dentro de, o entre, partidos, al permitir que diferentes agrupaciones compitieran en un mismo espacio y, luego, en la primera vuelta electoral, el ganador liderara las candidaturas. A la vez, perdieron sentido cuando no había competencias internas y, de todos modos, debían realizarse. Pero aún en esos casos operaron como una suerte de depurador de la oferta, al dejar fuera de contienda a las fuerzas que no cosecharan el 1,5% de los votos.
El argumento utilizado por el Gobierno para defender la derogación de las primarias obligatorias es que son un gasto improductivo para el Estado y que, de ser necesarias, deben correr por cuenta de los partidos. Es decir, intentó enmarcar la reforma en una recuperación del discurso contra “la casta política” que encumbró a Milei. “Vamos a eliminar las PASO y ahorrar más de 200 millones de dólares para los argentinos”, planteó el ministro del Interior, Diego Santilli.
Las PASO fueron clave, por ejemplo, para el triunfo de la coalición que llevó a Mauricio Macri a la Casa Rosada en 2015, tras derrotar al kirchnerismo. De hecho, voceros de los partidos que integraron aquella alianza —centralmente, el PRO y la UCR—, que en el Congreso han oscilado entre el apoyo directo y el diálogo con la ultraderecha gobernante, han dejado trascender su malestar con una propuesta que atentaría contra sus posibilidades de conformar nuevas coaliciones. También han destacado su desacuerdo con incluir ficha limpia en el mismo proyecto.
Entre otros cambios, la reforma propone elevar los mínimos de afiliados y de votos necesarios para registrar un partido y para conservar su personería, “con el fin de terminar con el régimen de los sellos de goma que hacen de cada elección un negocio", sostuvo el Ejecutivo en un comunicado. También, según el Gobierno, busca “transparentar el financiamiento de los partidos”. Además, establece que la boleta única de papel será el instrumento electoral obligatorio para todos los cargos nacionales y elimina los espacios gratuitos de publicidad en medios masivos durante las campañas electorales. De aprobarse la ley, los partidos políticos tendrán hasta el 30 de junio de 2027 para adecuarse al nuevo régimen.
Tras conocerse el proyecto, los dirigentes de los partidos opositores se pronunciaron en contra de la reforma impulsada por Milei. Desde el peronismo, el senador Sergio Uñac advirtió: “Si el Gobierno intenta debilitar a los partidos políticos, nuestra respuesta debe ser más democracia”. Y pidió “construir una alternativa que incluya a todos”, a partir de “una interna amplia, abierta y participativa para el peronismo y aliados. No para discutir nombres, sino para debatir ideas y ordenar liderazgos”.
El diputado Nicolás Massot, del bloque de centro Encuentro Federal, estimó que la reforma impulsada por el Gobierno es “política y oportunista”, porque “cambia las reglas del juego en favor del que ya está en el poder”, “reduce la competencia visible, ordena al oficialismo sin exposición interna y le quita a la oposición una herramienta clave para dirimir liderazgos”. Desde la izquierda, el legislador Gabriel Solano definió a la iniciativa de Milei como “proscriptiva y privatista”: “Estoy en contra de que discutamos ahora una reforma electoral”, apuntó, “cuando la mayoría del pueblo no llega a fin de mes, caen el consumo y el salario, y solo crecen la inflación, la desocupación y el endeudamiento familiar. Ese debate es la agenda de la casta”.
